Desafían reformas que aumentan penas a quienes obstruyan calles

Marchan más de 10 mil en Chilpancingo contra el plan de austeridad en educación

JESUS SAAVEDRA LEZAMA CORRESPONSAL

Chilpancingo, Gro., 16 de octubre. Más de 10 mil personas salieron a las calles de esta capital para rechazar el plan de austeridad puesto en marcha por la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y contra las reformas al Código Penal del estado, aprobadas por el Congreso local, en las que se establecen sanciones severas a quienes obstruyan calles.

Contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), de los sindicatos de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero y Mexicano de Electricistas, además de egresados de escuelas normales e integrantes de organizaciones sociales recorrieron varias calles de esta capital.

La marcha avanzó por las laterales de la autopista del Sol y concluyó en la Plaza Cívica, donde se realizó un mitin en el cual se dijo que el plan de austeridad ha afectado los derechos de miles de trabajadores de la educación.

Víctor Echeverría Valenzuela, dirigente de la CETEG, sostuvo que el argumento de las autoridades de que hay un déficit de mil 790 millones de pesos es político y busca "minar la defensa laboral".

Los maestros dijeron que este jueves empezarán foros de consulta a las bases trabajadoras para consensuar el inicio de un paro de labores en el estado que ponga fin al plan de austeridad.

Afirmaron que al menos 5 mil profesores han sido afectados en sus horarios de trabajo y la asignación de horas, y que sólo está siendo aplicado a los trabajadores, mientras que a la burocracia de la SEG se le permiten excesos financieros.

Echeverría Valenzuela consideró ilógica la medida de congelar plazas para egresados de las escuelas normales; "se necesitan maestros para alfabetizar a la gente y dar educación a los niños, no escuelas cerradas sin profesores por el pretexto de un déficit que no es claro y hasta la fecha no ha sido explicado en su totalidad".

El líder del magisterio disidente cuestionó la afirmación de la SEG de que ha concedido más de 6 mil 500 plazas sin tener recursos para solventar esa carga financiera. "Eso tendría que analizarse en el Congreso, y ojalá se ponga en su lugar al titular de la SEG, Daniel Pano Cruz, durante su comparecencia ante los diputados".

En voz del dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia, Amador Cortés Robledo, las organizaciones sociales manifestaron su rechazo a las reformas penales, mismas que fueron aprobadas a propuesta del diputado perredista Mariano Dimayuga Terrazas.

"La ley Dimayuga trata de inhibir las expresiones sociales de descontento y exigencia de justicia, beneficios sociales y recursos para las personas olvidadas del gobierno. Intentan amedrentarnos para que no salgamos a las calles, pero están equivocados, y eso lo demostramos en esta marcha", dijo el dirigente indígena.

Las reformas aprobadas elevan de tres a 10 años de prisión las penas a quienes realicen bloqueos en las calles.