Advierten que los funcionarios involucrados en el proceso podrían ir a la cárcel

Ilegal, la adjudicación de contrato de Pemex a Repsol: senadores priístas

Muñoz Leos pasó por encima del órgano legislativo, afirman Bartlett y Garza Galindo

ANDREA BECERRIL

La adjudicación del primer contrato de servicios múltiples (CSM) a la empresa española Repsol, para realizar trabajos de exploración y producción de gas natural en la cuenca de Burgos, suscitó una respuesta inmediata de senadores de la República, quienes calificaron de ilegal la concesión otorgada, y adelantaron que los funcionarios involucrados "podrían ir a la cárcel por atentar contra el patrimonio nacional."

Empresas trasnacionales y funcionarios coludidos, precisaron, no deben olvidar que esos contratos están en entredicho y "tarde o temprano" enfrentarán responsabilidades hasta de tipo penal.

Si el gobierno federal insiste en entregar el petróleo y la electricidad a consorcios extranjeros, tanto los directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como los demás funcionarios implicados, serán llevados a juicio, advirtieron los senadores del PRI Manuel Bartlett y Laura Alicia Garza Galindo.

Hicieron notar que la entrega de la primera concesión "ilegal" para explotar gas natural a la trasnacional española Repsol -empresa involucrada en el estallido social en Bolivia- evidencia que el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, pasó por encima del Senado y del compromiso de no licitar contratos de servicios múltiples sin el aval de ese órgano legislativo.

"Es un acto ilegal que lamentamos profundamente, porque el Presidente de la República y todo su gabinete juraron respetar y hacer respetar la Constitución, pero en realidad la están violando. Creo que lo que está en disputa es el proyecto de nación, porque frente a la determinación de la mayoría de los priístas de defender la rectoría del Estado sobre los recursos energéticos, hay un frenesí del actual gobierno por privatizar las dos empresas más importantes del país, Pemex y la CFE", señaló Garza Galindo.

Resaltó que con la concesión a Repsol continúa la "privatización silenciosa" de Pemex, que mucho ha avanzado en el sector eléctrico, y que el Congreso denunció ya ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Que no se olviden ni los funcionarios ni las trasnacionales que "están actuando de manera ilegal, que los contratos que les han otorgado están en entredicho y deberán "tarde o temprano" enfrentar responsabilidades incluso de tipo penal, ya que los priístas presentarán otra denuncia ante la ASF por esta concesión a la trasnacional española.

En entrevista aparte, el senador Bartlett señaló que si Pemex lleva hasta el final su decisión de entregar los campos petroleros mexicanos a trasnacionales, serán llevados a juicio por violar la Constitución. "Vamos a pedir que se les finquen responsabilidades porque los contratos de servicios múltiples son ilegales. Se lo dijimos ya a Muñoz Leos por lo menos en 20 ocasiones y no quiere oír. Entonces los vamos a llevar a los tribunales, si eso es lo que quieren".

-ƑRecurrirán a la controversia constitucional? -se le inquirió.

-No. Ahí no hay controversia entre poderes, se trata de irregularidades graves a cargo de funcionarios públicos, a quienes se les debe aplicar la ley en la materia. Que recuerden que hay una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

-ƑSe puede pensar en llevar a la cárcel al director de Pemex?

-šPero claro! Todo mundo cree que el funcionario delinque cuando se roba el dinero de las arcas públicas, y que cuando atenta contra el patrimonio nacional, no. Están violando la Constitución, entregando a trasnacionales el patrimonio de los mexicanos. Tres años hemos discutido con ellos y Ƒqué han hecho?, šengañarnos! Muñoz Leos vino aquí al Senado y se comprometió a trabajar con nosotros, pero lo único que hizo fue mentir; ganar tiempo para licitar.

Bartlett no duda en que el funcionario "será enjuiciado por violar la Constitución y las leyes. El camino que seguiremos será el adecuado, cruzados de brazos no nos vamos a quedar"

En igual sentido, Garza Galindo dijo que los priístas tienen ya un proyecto de dictamen para rechazar las modificaciones a la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, donde se pretendía legitimar los contratos de servicios múltiples.