Jaime Martínez Veloz

Privatización aeropuertaria o la cueva de Ali Baba

En estos días que se debate la reforma energética sería instructivo re-pasar la experiencia mexicana en el sector aeroportuario, caracterizada por el abuso de concesionarios ante la indolencia del Estado, cómplice de los manejos irregulares. El trago amargo de la privatización aeroportuaria es una llamada de atención ahora que se discute el futuro del sector eléctrico nacional.

Aunque la Federación en los casos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y del Centro Norte, posee 85 por ciento del valor accionario en las empresas concesionadas, y los capitalistas extranjeros sólo 15 por ciento, estas últimas obstaculizan el derecho de auditar y supervisar las operaciones.

La concesión original al GAP -otorgada con vigencia de 50 años, prorrogable por otros 50- es en realidad una concesión a 100 años. Primero se otorgaron las concesiones y después el gobierno federal modificó los términos originales en beneficio de los corporativos privados. Las modificaciones significan negocios adicionales y menores responsabilidades a los concesionarios. El resultado del negocio es cero inversiones y todas las ventajas posibles para las empresas extranjeras.

En la conformación del GAP, el gobierno federal aceptó que el Grupo Holdinmex, socio mayoritario de Jugos del Valle -el favorito de Diego Fernández de Cevallos-, sin experiencia en el negocio aeroportuario, fuera admitido como el socio mexicano estratégico. Hay sospechas fundadas de que empresas filiales de Unión Fenosa, Aena, y Dragados de España fueron quienes otorgaron los recursos para la compra a cambio de que Holdinmex, socio "emergente", endosara en blanco los poderes de sus acciones a Fenosa.

Aunque en los Grupos Centro Norte y Pacífico, el gobierno aún tiene 85 por ciento de las acciones, los "socios estratégicos" vetan cualquier decisión de los consejos que no les beneficie, así que el gobierno federal no tiene ningún margen de maniobra para controlarlos; tan es así que dos obligaciones contractuales incumplidas, motivo suficiente para revertir la concesión -incumplimiento de "inasistencia técnica y transferencia de tecnología" y "los compromisos de inversión anual"-, se tratan como asuntos "de mero trámite" que nadie sanciona.

El gran negocio de los socios extranjeros fue cobrar al gobierno cantidades estratosféricas por una supuesta asistencia técnica no estipulada en las bases de licitación. Cada año cobran al erario mexicano más de 17 millones de dólares por hacernos el favor de "administrar" nuestros aeropuertos, igual o peor que antes.

El caso ASUR es el colmo de esta política privatizadora. En la licitación gana Tribasa-Copenhagen-Vinci-Cintra; paga 50 por ciento más que el segundo lugar, 120 millones de dólares por 15 por ciento de las acciones con lo cual el valor de la empresa llega a 800 millones de dólares. Con dinero de la propia caja de ASUR adquieren el FOB y la terminal charter de Cancún a precio exorbitante: casi 40 millones de dólares; colocan en "firme" 74 por ciento de las acciones porque ya estaban precompradas en la bolsa de Nueva York. Tribasa entra en quiebra fraudulenta y entonces los socios extranjeros del grupo le quitan sus derechos dentro de la sociedad y empiezan a darse dividendos de 46 millones de dólares en 2002 y de 15 millones de dólares en 2003.

Esta truculencia financiera se agrava porque originalmente ASUR valía 800 millones de dólares y ahora, según la bolsa de valores, no llega a los 300. ƑQuién perdió 500 millones de dólares?: los contribuyentes mexicanos. Y Ƒquién los ganó? Sería bueno conocer a los afortunados compradores de la bolsa neoyorquina.

El negocio ha sido redondo: se autopagan los socios extranjeros que cobran por administrar, se autopagan sueldos estratosféricos, se autopagan por su asistencia técnica, compran los bienes y contratan las obras y servicios con ellos mismos, manejan buena parte del flujo de dinero del aeropuerto en el exterior y, además, se pagan dividendos sin haber cumplido las inversiones pactadas.

Dado que se trata de un asunto de la mayor importancia, el Estado no puede renunciar a su obligación constitucional ni a la defensa de nuestra soberanía. La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública deben verificar los términos de las concesiones otorgadas y obligar al puntual cumplimiento de los compromisos contraídos.