Cuauhtémoc Cárdenas/ II y última

La eficacia del gobierno como imperativo de la legitimidad

No basta con el señalamiento y la exigencia de soluciones a los problemas que se hacen a un gobierno que quiere seguir paralizado y que da señales que así seguirá por los tres años que restan a su sexenio. Desde la oposición y desde las diferentes trincheras de la sociedad debe haber, por una parte, convocatorias a ésta para el análisis de los problemas, el planteamiento de soluciones y, en su momento, la convergencia en las acciones que la propia sociedad pueda realizar para cambiar las situaciones existentes.

Para no quedar sólo en el señalamiento o la denuncia y ser propositivo en la búsqueda de superar la apremiante situación de deterioro social y estancamiento económico en la que se encuentra el país, habrá que empezar por plantearse como objetivos centrales, terminar con el hambre que hoy golpea en innumerables hogares de nuestro país y garantizar trabajo para todos los mexicanos, y en torno a estos objetivos prioritarios diseñar y desarrollar las nuevas políticas públicas.

Se requiere, en primer lugar, mayor inversión pública en el desarrollo del país, lo que a su vez reclama de una mayor recaudación de ingresos, que sólo puede obtenerse de una reforma hacendaria real y de fondo, distinta a la que insistentemente ha venido proponiendo la administración, que se centra en gravar con el IVA alimentos y medicinas. La reforma necesaria debe orientarse a obtener mayores recursos del impuesto sobre la renta, sobre todo de aquellos contribuyentes que obtienen ingresos muy elevados, de terminar con los regímenes especiales, de incrementar el número de causantes, principalmente.

Para reactivar la economía, condición indispensable para generar la creación de empleos formales, es necesario llevar a cabo, como medida de urgencia, un intenso programa de obras públicas, preferentemente en aquellos renglones que demanden una mayor utilización de mano de obra.. Es así como se han reactivado las economías de diferentes países en diversas partes del mundo.

Atención especial requieren el campo, donde reside la tercera parte de la población del país, y la empresa mediana y pequeña, que es la que más ocupación genera entre las distintas ramas de la economía. Al campo deben derivarse inversiones en infraestructura -obras de riego, caminos, electrificación, etcétera-, asistencia técnica, abrirse posibilidades de crédito, organizar a los productores rurales e integrar con racionalidad las cadenas productivas.

La economía rural se ha visto severamente afectada por la apertura comercial irrestricta que se ha dado desde que se empezó a negociar el TLCAN e incluso con el acuerdo de libre comercio que se firmó con la Unión Europea, por lo que es necesaria la revisión de estos instrumentos, particularmente de sus capítulos agropecuarios, pero al mismo tiempo deben crearse condiciones para que los productores nacionales puedan competir en condiciones de equidad con los productores del exterior, reduciendo o subsidiando intereses, costos de combustibles, electricidad, fertilizantes, maquinaria, etcétera.

La empresa mediana y pequeña requiere que se le apoye para su modernización, para hacerla competitiva frente a los productores del exterior tanto en los mercados internos como en los internacionales. Requiere servicios de apoyo, ser parte de los procesos de integración de las cadenas productivas, de la capacitación de su personal.

A la propuesta de dominación hegemónica que representa el ALCA, en los términos en los que pretende llevar a cabo este proyecto el gobierno estadunidense, debe hacerse la contrapropuesta de la integración política y económica de América Latina y el Caribe, empezando por fortalecer, para avanzar en este propósito, proyectos de integración autónoma que estén teniendo lugar en la región, como el Mercosur, y organismos regionales como el Parlamento Latinoamericano.

En materia energética, las reformas constitucionales que pretende el gobierno tienen como finalidad entregar a capital privado, que en las condiciones actuales sólo puede ser predominantemente extranjero, áreas estratégicas de las industrias eléctrica y del petróleo.

Para aumentar la capacidad de generación eléctrica, de acuerdo con los incrementos previsibles en la demanda, se requiere, en primer lugar, modernizar y aumentar la capacidad, de acuerdo a las condiciones particulares de cada una, de las plantas generadoras actuales, así como aprovechar las amplias posibilidades de cogeneración que ofrecen las instalaciones de Petróleos Mexicanos; haciéndose indispensable, por otro lado, otorgar autonomía de gestión y administrativa a la Comisión Federal de Electricidad, liberando así recursos que el gobierno le impide hoy utilizar para estas finalidades y abriendo la posibilidad de que el organismo respalde con sus activos -entre los que se cuenta el ingreso cotidiano que obtiene por los cobros que realiza por los servicios que presta- los créditos que precise.

La política petrolera requiere de un cambio radical. México debe dejar de ser, gradualmente, pero en el plazo más breve posible, exportador de petróleo crudo y convertirse en exportador de productos refinados y petroquímicos. Por otro lado, Petróleos Mexicanos debe poner en práctica una política agresiva de inversiones también en el exterior, por si y en asociaciones, para transformar y agregar valor, así como para ampliar y diversificar los mercados de sus productos en el país y en el exterior.

Los contratos de servicios múltiples fueron declarados anticonstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La exploración y explotación de gas natural que la administración pretende entregar a firmas extranjeras mediante esos contratos, debe ser realizada por Petróleos Mexicanos, que tiene la capacidad técnica y puede contar con recursos financieros para ello, si el gobierno le autoriza financiamientos que puede garantizar con sus activos disponibles.

Es indispensable, por otra parte, que se modifique el régimen fiscal al que se tiene sujeto a Pemex, mediante el cual se le ha venido quitando, en promedio durante los últimos años, más de 90 por ciento de sus utilidades y con ello su capacidad de capitalización e inversión, y que se le conceda autonomía para su gestión.

Un régimen que se precie de legítimo o que con este origen pretendiera recuperar la legitimidad perdida, debe tener como un objetivo central de su gestión preservar o recuperar la vigencia de un pleno estado de derecho.

Esta administración, si quisiera recuperar su legitimidad, tendría que empezar por poner fin a la impunidad con la que protege a los Amigos de Fox, los delitos que se cometieron con las operaciones que hoy ampara el Fobaproa-IPAB, todo lo que oculta el Pemexgate, hacer caer el peso de la ley sobre los grupos paramilitares que han desatado la violencia en vastas regiones de Chiapas, así como sobre los responsables intelectuales y materiales de los crímenes de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque.

Un nuevo esfuerzo debe emprenderse para dar solución definitiva al problema de rompimiento de la paz en el país que se produjo a raíz del levantamiento del EZLN en Chiapas. Esta solución pasa necesariamente por la aprobación de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, en los términos de la iniciativa de la Cocopa, por lo que nuevos esfuerzos deberán realizarse para que ese proyecto llegue una vez más al Congreso. Este sería el paso indispensable para llegar a la distensión y a que se atiendan de fondo los diferentes problemas de marginación, caciquismo, necesidades sociales, conflictos agrarios, etcétera, que están en el origen del conflicto, y se logre una paz definitiva y digna para todos.

Un régimen que se precie de democrático y con responsabilidad social, no puede dejar de enfrentar los problemas de marginación, que se agudizan en las diferentes regiones y entre los distintos pueblos indígenas del país. Respetando sus derechos, tradiciones, costumbres y peculiaridades, deben abrírseles todo tipo de oportunidades para su mejoramiento y progreso económico, cultural, social y político.

Hasta aquí he hecho consideraciones en torno a la pérdida de legitimidad del gobierno actual, a partir del incumplimiento de los compromisos que contrajo desde la campaña electoral, que derivó en un voto mayoritario en su favor, y de los magros resultados de su gestión, así apreciados, además, por vastos sectores de la opinión pública.

Quiero terminar haciendo algunas consideraciones en relación al origen de este régimen, en función de resoluciones recientes de la autoridad electoral:

Hace unos días conocimos la decisión del Tribunal Electoral imponiendo una elevada multa a los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México por haberse excedido, de acuerdo a lo que establece la ley, en el gasto para apoyar y promover la campaña de su candidato a Presidente de la República en el proceso que culminó con la elección del 2 de julio de 2000, así como por haber aceptado, para el mismo fin, recursos de procedencia extranjera.

Conocimos también, por otro lado, otra resolución del Tribunal Electoral, revirtiendo la del Consejo Electoral del Distrito Federal, que había votado por la sanción al Partido Acción Nacional y a su candidato a jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, impidiendo a éste ocupar el cargo al que había sido electo, también por haberse excedido en los gastos de campaña permitidos por la ley. La resolución en este caso resulta, entre otras cosas, además de violatoria de la ley, ofensiva a la inteligencia: el Tribunal resolvió que como no era ese el único caso, en esa elección, de un exceso en los gastos de campaña, había que reconocer como válida la elección y permitir que el electo, a partir de haber cometido un delito electoral, ocupe el cargo.

No puedo dejar de relacionar un caso con el otro. El Tribunal temió sentar precedente con una resolución de anulación de la elección y de sancionar al candidato impidiéndole ocupar el cargo en la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal, porque no hubiera sido suficiente aplicar una sanción en dinero a los partidos que se excedieron en gastos en la campaña presidencial. Tendría que haber resuelto también la anulación de la elección y hubiera tenido que resolver en forma similar sobre el caso de los Amigos de Fox.

Una violación a la ley de esa dimensión, con esa trascendencia, que tiene que ver con el hecho que el resultado de una elección sea resultado de delitos electorales y que quien gobierne o se impida que gobierne sea alguien que ha cometido delitos electorales, no puede sólo recibir una pena monetaria. La moral, la rectitud, la decencia, la ética no tienen un precio que pueda valuarse en dinero. Una colectividad, un pueblo, no pueden conformarse y ver satisfechas sus demandas de justicia porque una multa se aplique y se pague para que los gobierne un delincuente electoral.

Resulta así, que Vicente Fox ocupa un cargo al que llegó después de haber realizado un gasto excesivo y de haber utilizado fondos de procedencia extranjera, en contravención a lo que establece la ley -y esto sin tomar en cuenta el cuantioso gasto de su precampaña, que contó también con financiamiento del extranjero, según pruebas que fueron aportadas, entre otros, por el PRD-, y resulta que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo después de haber cometido delitos electorales, claramente tipificados como tales en nuestra legislación vigente, aunque la autoridad se ha negado hasta ahora a reconocer los vínculos existentes entre los Amigos de Fox y el beneficiario de sus colectas: Vicente Fox, pues en esas condiciones, su gobierno y su presidencia resultarían ilegítimos en función de su origen.

He querido hacer un repaso, lo más resumido posible, aunque quizá no resultó tanto, de la situación del país, abordando, por otro lado, las cuestiones de la legitimidad de origen y de la eficacia y la eficiencia de una gestión de gobierno, que es mi convicción, constituyen también condiciones ineludibles para que con base en el cumplimiento de un compromiso político se preserve la legitimidad política de un régimen y de los hombres que recibieron mandato constitucional para representarlo y conducirlo.