Aprobaron un complejo turístico en la Riviera Maya pese a su impacto ambiental

Sanciona Función Pública a 12 funcionarios de Semarnat

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a 12 funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por autorizar proyectos que atentaron contra los criterios establecidos en el Plan de Ordenamiento Ecológico de Quintana Roo.

La dependencia que encabeza Eduardo Romero Ramos informó ayer que los servidores públicos sancionados están relacionados con la autorización indebida para la construcción del desarrollo turístico denominado Mayan Palace Cancún, ubicado en la carretera federal Cancún-Tulum, debido a que realizaron inspecciones irregulares y una vigilancia ''ineficaz e ineficiente'' para salvaguardar el entorno ecológico.

Las sanciones administrativas impuestas a los ex funcionarios se constataron después de un dictamen técnico de fotografía satelital, en el que se comprobó que dicho desarrollo turístico se edificó en un lugar distinto al autorizado, que obligaba a mayores restricciones para la protección ecológica.

Sin embargo, la SFP puntualizó que sólo se mencionan los cargos de los servidores públicos y las sanciones que les fueron impuestas, pues tienen el derecho de impugnarlas, por tanto los nombres de los involucrados no pueden hacerse públicos porque las sanciones aún no han causado estado.

Las investigaciones se iniciaron a partir de una denuncia presentada por grupos ambientalistas, en la que se daba a conocer de la afectación de varios territorios protegidos y la devastación del terreno por la construcción del inmueble.

A partir de esto, se conoció que el 15 de junio de 2000 la delegación federal de la Semarnat en Quintana Roo autorizó la construcción inmobiliaria en 10.98 hectáreas de la sección denominada Bonampak, y condicionó la continuación de trabajos en 58.92 hectáreas correspondientes a las secciones Tikal, Uxmal y Tulum, hasta la presentación de estudios de impacto ambiental, puntualizó la SFP.

De acuerdo con la denuncia, en esa zona se eliminó la cubierta vegetal, así como numerosos árboles, además el dragado y desecado del manglar; en consecuencia se dio origen a la devastación del terreno.

En primera instancia, con la autorización correspondiente para la sección Bonampak se contravino el programa de ordenamiento ecológico de la región Corredor Cancún-Tulum, pues se avaló la construcción de más habitaciones de las permitidas.

De acuerdo con esta norma se establece un límite de 164.7 habitaciones por hectárea; sin embargo, se autorizó la edificación de 792 habitaciones, con lo que se excedieron los límites de construcción establecidos.

A pesar de ello, la delegación de la secretaría en la entidad trató de simular que la autorización se adecuaba a la norma, pues la suma de las dos secciones no rebasa las 3 mil 164.2 habitaciones permitidas y sólo refería un total de 2 mil 800.

La simulación se dio en las secciones Tikal, Uxmal y Tulum, donde se autorizó la construcción de mil ocho habitaciones, en lugar de las 2 mil 999.5 permitidas; sin embargo, en la sección Bonampak se rebasó con 628 lo establecido por la norma.

Por esta razón, el 30 de septiembre de este año el órgano interno de control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impuso las sanciones correspondientes de acuerdo con los resultados de los procedimientos administrativos de responsabilidades.

Por parte de la Semarnat fueron sancionados un ex delegado federal y su ex subdelegado con un apercibimiento público y la suspensión por 120 días sin goce de sueldo, así como otro ex delegado federal en Quintana Roo, quien fue destituido e inhabilitado por tres años, al igual que su subdelegado, a quien le correspondió un año de sanción.

En tanto, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fueron sancionados el delegado de esa dependencia en la entidad -que de hecho fue destituido y suspendido por un año seis meses para desempeñarse en un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal-, el subdelegado de investigación y vigilancia de la Profepa -cesado 45 días, sin goce de sueldo- y seis inspectores.