En caso de aprobarse México estará obligado a enjuiciar a criminales extranjeros

Propondrá el Ejecutivo establecer la extraterritorialidad de las leyes

GUSTAVO CASTILLO Y GEORGINA SALDIERNA

Para cumplir con los compromisos internacionales, México deberá modificar distintos ordenamientos del Código Penal y, por ello, en próximas fechas el Ejecutivo federal enviará una propuesta de reformas legislativas al Congreso, con las que se pretende agilizar la tramitación de las extradiciones, y establecer la extraterritorialidad en la aplicación de la ley, lo que significa que México estará obligado a juzgar a presuntos integrantes de organizaciones delictivas internacionales, cuando no sea posible su remisión al país que lo reclama.

Lo anterior fue dado a conocer por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos, en la clausura de la primera Reunión Interamericana sobre Mecanismos de Cooperación contra la Delincuencia Organizada.

El subprocurador explicó que la Convención de Palermo obliga a las naciones firmantes, como México, a perfeccionar las leyes contra la delincuencia organizada, y en el caso específico de nuestro país se deberá legislar en torno a la figura del testigo protegido, entregas vigiladas, infiltración de agentes en organizaciones criminales y la realización de operaciones coordinadas con otros países para atacar a integrantes de una misma banda que operen en distintas naciones. Confió en que "pronto el Ejecutivo envíe al Congreso" las propuestas de reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Aseguró que las modificaciones que se plantean buscan dar mayor certeza jurídica a aquellos presuntos implicados en delincuencia organizada, pero, al mismo tiempo, fortalecer las instituciones encargadas de combatir a los criminales. Dijo que con las propuestas también se buscará evitar excesos en contra de quienes son investigados y negó que se considere la posibilidad de establecer la pena de muerte para quienes participan en la delincuencia organizada.

En materia de extradiciones, el subprocurador mencionó que la Procuraduría General de la República (PGR) trabaja para "perfeccionar el marco jurídico para que las extradiciones tengan una agilidad en su tramitación".

Agregó que la Convención de Palermo establece que los países firmantes están obligados a aprehender a aquellos presuntos criminales que habiendo cometido un delito en un país distinto al que se encuentran, y sean llevados a los tribunales para ser juzgados.

En el caso de México, la propuesta de reformas legislativas impactaría en el artículo cuarto del Código Penal, ya que en la actualidad sólo contempla que se juzgue en México a connacionales que cometieron delitos en el extranjero, por lo que en caso de que se realicen las modificaciones planteadas por la PGR, ahora nuestro país podrá desarrollar una aplicación extraterritorial de las leyes de otra nación, esto es, como lo que ocurre en España, donde un juez puede procesar a un ciudadano de otra nación cuando cometió delitos considerados como de lesa humanidad, por sólo señalar un ejemplo.

El subprocurador Ramos dijo que México ha reconocido la Convención de Palermo y, por lo tanto, "debe poder ejercitar acción penal y juzgar en México" a quienes no puedan ser extraditados al país que los reclama, y entre los casos en los que esto se podría hacer están contemplados en convenciones como la de Palermo, en la que sanciona los atentados terroristas con bomba y la financiación al terrorismo.

Por otra parte, el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (IEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, reconoció, al clausurar la Reunión Interamericana sobre Mecanismos de Cooperación contra la Delincuencia Organizada, que "existen nuevas tendencias que amenazan a los pueblos y naciones del hemisferio respecto al tráfico ilícito de drogas", y señaló que las naciones del continente americano requieren leyes eficaces, intercambio de información, enlaces, capacitación y el desarrollo de instituciones sólidas y confiables para luchar contra la delincuencia organizada, y así poder, de manera conjunta, materializar la Convención de Palermo.

Entre las conclusiones de este encuentro destaca que en la próxima asamblea general de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) se presentará una propuesta de indicadores en materia de delincuencia organizada y narcotráfico que permitirá evaluar los resultados y efectividad de cada país contra este flagelo.