Emilio Pradilla Cobos

Reforma política siempre inconclusa

La reforma política del Distrito Federal, cuyo proceso, siempre inconcluso, lleva década y media, es una necesidad para otorgarle plena soberanía e igualdad en el pacto federal con las demás entidades de la República, homologar los derechos políticos de sus habitantes con los del resto del país y dar respuestas a los nuevos problemas de gobernabilidad y gestión pública de la capital, en el contexto de la ciudad real: la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), conformada como totalidad compleja por las 16 delegaciones, 58 municipios del estado de México y uno de Hidalgo. Ahora, como hace dos años, vuelve el tema al tapete de la política local y nacional.

Hace dos años el proyecto se acordó en las cúpulas políticas del Gobierno del Distrito Federal, sin debate interno, y los partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sin participación de la ciudadanía capitalina. Aprobada por unanimidad en la ALDF, y por mayoría en la Cámara de Diputados, fue bloqueada en el Senado por la fracción del PRI, siempre opuesto a una reforma política global y completa para el Distrito Federal. El actual proceso parece repetir las limitaciones del anterior, y puede llevar al mismo fracaso o, en el mejor de los casos, a otra reforma parcial e incompleta que dejaría sin resolver problemas fundamentales.

Hace dos años se aceptó mantener el estatuto de excepción para la capital como Distrito Federal, sin tomar el único camino que resolvería sin ambigüedades las cuestiones fundamentales de la reforma: soberanía plena, igualdad en el pacto federal, derechos políticos plenos para los capitalinos y gobierno metropolitano en igualdad de condiciones con el estado de México, mediante su conversión en el estado 32 de la Federación. En la versión anterior el Distrito Federal tendría un estatuto constitucional limitado y no una Constitución; una Asamblea Legislativa restringida y no un Congreso estatal con todas sus funciones, dejando temas locales en manos del Congreso federal, y el Ejecutivo seguía presidido por un jefe de Gobierno, figura sui generis, y no por un gobernador al igual que las demás entidades. Las actuales delegaciones tendrían "funciones similares" a las de los municipios, pero no serían municipios libres ni tendrían un cabildo políticamente plural resultante de la decisión ciudadana en las urnas, como todos los municipios. El Presidente de la República mantenía funciones administrativas, compartidas con el jefe de Gobierno, al menos en lo relativo a seguridad pública.

Ese proyecto no incluía la reducción del territorio de asiento de los poderes federales a su ámbito y dimensión reales, lo que crea la ficción de la necesidad de mantener el estatuto de excepción como Distrito Federal para las 16 delegaciones y sus áreas rurales. Además no abordaba uno de los problemas estratégicos fundamentales para la ZMVM: la creación de un gobierno metropolitano electo -Ejecutivo y Legislativo- que resuelva unitaria y racionalmente los problemas de gestión de la metrópoli como totalidad, hoy abordados por una coordinación metropolitana inoperante y sin funciones reales, en una situación de desinterés total de los dos gobernantes de las partes para llegar a acuerdos políticos, y sin que el mecanismo democrático de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, con inclusión de alcaldes y delegados, acordada por el gobierno Cárdenas-Robles, haya vuelto a operar desde hace tres años.

En esta ocasión, como en la pasada, no se ha hablado de un proceso amplio de participación ciudadana, a pesar de que el tema ha estado fuera del debate y el interés ciudadano durante cerca de seis años, y las circunstancias nacionales y locales han cambiado notoriamente. La movilización ciudadana, precedida de información completa sobre el tema, sería una de las condiciones que permitirían romper la oposición del PRI a la reforma; la otra salida sería la negociación y acuerdos en lo oscurito, en la cúpula, que reproduciría los viejos métodos del régimen autoritario del pasado, y que no haría avanzar a la democracia en la capital y a la cultura política de sus habitantes. Sería iluso confiar en el apoyo verbal de Fox, que ha mostrado su ineficiencia para impulsar sus propias y erradas reformas.

Todo indica, por las declaraciones de los legisladores perredistas y los funcionarios locales, que se mantendrá el mismo proyecto, lo cual llevaría, de aprobarse, a dejar pendientes temas cruciales para la ciudad, y a que en el futuro se vuelva a requerir de otra reforma política más o, lo que es lo mismo, a dejar problemas de hoy para resolver en un futuro sin fecha. Parece que en los actores de la cúpula no existe la voluntad política para llevar a cabo una verdadera reforma política democrática completa para la ciudad de México de hoy y mañana; sólo se trataría de resolver los problemas que les interesan en la coyuntura actual. Cambiar un poquito para que todo siga casi igual.