REPORTAJE /CRISIS POLITICA

Enfrentados, los tres poderes constitucionales en Yucatán

El Senado y la Suprema Corte han intervenido para resolver los diferendos

Mientras le aseaban el calzado a Patricio Patrón Laviada, el diputado Ricardo Gutiérrez López le solicitó la construcción de un nuevo recinto para el Legislativo. "Demuéstrame que hay tres poderes en Yucatán y te construyo un edificio", replicó el gobernador, según testigos

LUIS A. BOFFIL CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 8 de octubre. El 28 de enero de 2002, el entonces presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, el panista Ricardo Gutiérrez López, y el gobernador Patricio Patrón Laviada se encontraron en la plaza principal de Mérida, donde sostuvieron un áspero diálogo, presagio del conflicto entre poderes constitucionales que detonó este año.

Mientras le aseaban el calzado a Patrón Laviada en la llamada "plaza grande", el diputado le solicitó la construcción de un nuevo recinto del Poder Legislativo, con el argumento de que el actual presentaba carencias. El mandatario replicó: "demuéstrame que hay tres poderes en Yucatán y te construyo un edificio. ƑDesde cuándo hay tres poderes en Yucatán? Aquí sólo hay uno: el Ejecutivo".

Reporteros de medios locales fueron testigos de la discusión, la cual reprodujeron al día siguiente. Ricardo Gutiérrez, según sus amigos, quedó profundamente dolido por la respuesta y desde entonces se deslindó del mandatario. Aseguraron que en realidad quiso transformar el Congreso, sometido por años a gobernadores emanados del PRI, y darle autonomía.

Para el veterano militante del PAN, la anterior 55 Legislatura fue ejemplo de lo que no se debía hacer. Dominada por el gobernador Víctor Cervera Pacheco, incurrió en desacato constitucional previo a las elecciones de 2001, cuando se negó a reconocer un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que designó a los consejeros electorales por insaculación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino y puso fin al conflicto. La mayoría legislativa del PRI y Cervera acataron el veredicto a regañadientes.

Gutiérrez López vio en Patrón Laviada la misma ambición de su antecesor priísta: tener control pleno de los poderes constitucionales. De esto sería prueba que la Tesorería de la 56 Legislatura detectó que la nómina del anterior Congreso se elaboraba en el palacio de gobierno, con la presunta orden de Cervera Pacheco, mientras los seis magistrados del Poder Judicial obedecían la línea gubernamental emanada del tricolor.

La situación política estalló el 21 de agosto de 2003 cuando, de forma sorpresiva, Ricardo Gutiérrez renunció a la presidencia de la Gran Comisión y ocasionó una crisis sin precedente en el Congreso local, que puso al estado al borde de la ingobernabilidad.

Dos días antes, la SCJN emitió un laudo en favor de los magistrados locales, en disputa con Patrón Laviada y la bancada panista, resultado de que el mandatario se entrometió en la soberanía del Poder Legislativo y calificó de "vergüenza" la aplicación de la justicia en la entidad.

Las fases de este problema pueden dividirse en varios tiempos: en julio de 2001, antes de que Patrón Laviada tomara posesión de la gubernatura, criticó a los magistrados del TSJY. El 20 de septiembre de ese año fue cuando el ya mandatario constitucional reiteró que la aplicación de la justicia en la entidad era una "vergüenza".

El 10 de diciembre de 2002, los magistrados turnaron un expediente al Senado demandando que cesaran las agresiones de Patrón Laviada. El 12 de enero de 2003, los diputados locales del PAN defendieron al gobernador, y por votación mayoritaria acordaron que el Congreso interpusiera una controversia en la SCJN, al argumentar que la demanda de los jurisconsultos yucatecos debió ventilarse, en primera instancia, en la legislatura y no ante la Cámara de Senadores. El 19 de agosto, la SCJN emitió su veredicto y el 21 de ese mes Ricardo Gutiérrez entregó su renuncia por escrito a la Oficialía Mayor y dejó el Congreso "para siempre".

El martes 7 de octubre, el Senado de la República emitió una recomendación al gobernador Patrón Laviada, en la cual le solicitó no entrometerse en la autonomía del Poder Judicial. El mandatario, en rueda de prensa, se comprometió a cumplir el exhorto.

Corrupción en el TSJY

El 10 de julio de 2001, un mes antes de que asumiera la gubernatura, Patricio Patrón Laviada afirmó que limpiaría el Poder Judicial de la corrupción que según él ahí imperaba. El mandatario se refería a un caso muy sonado en Yucatán: el asesinato que Armando Medina Millet perpetró en agravio de su esposa, Flora Ileana Abraham Mafud, en 1995, ambos integrantes de poderosos clanes familiares y empresariales.

Medina Millet recibió el 13 de octubre de 2000 una sentencia de 20 años de prisión que confirmaron los magistrados del TSJY, entre ellos Amira Hernández Guerra, esposa del gobernador Cervera Pacheco, a quien se consideró importante pieza para controlar a la magistratura estatal, no obstante que la funcionaria siempre aseguró que mantenía distancia laboral de su marido.

El asunto de Medina Millet parece ahora un pretexto. El enfrentamiento tendría su origen en la ambición de Patrón Laviada por controlar a las tres instancias constitucionales, según el diputado Gutiérrez López.

Pero siendo gobernador electo, el TSJY

le puso su primer obstáculo: constituidos en Tribunal Superior Electoral del Estado (TSEE), los magistrados Ricardo Avila Heredia y Ligia Cortés Ortega, así como la juez Mercedes Gamboa García, calificaron una controversia que interpuso Acción Nacional y resolvieron quitarle una diputación al blanquiazul que cedieron al PRI. Así, cada una de las fracciones de esos partidos quedó con 12 diputados, y el único perredista fue Jorge Vallejo Buenfil.

Como el dictamen se dio horas antes de que el TEPJF pudiera sesionar, el PAN no tuvo oportunidad de intentar revertir el fallo local. Patrón Laviada afirmó que se trataba de una venganza del aún mandatario Víctor Cervera, y prometió imponer orden entre los magistrados.

Angel Prieto Méndez, presidente del TSJY, sostuvo en entrevista que al menos cuatro de los seis magistrados están plenamente identificados con el PRI, "pero no hay influencia partidista en sus decisiones". Consideró además que el fallo de la SCJN estuvo apegado a derecho ante la intromisión del gobernador y del Congreso -vía los diputados panistas- en la autonomía del Poder Judicial.

Sobre la relación entre el tribunal local y Cervera Pacheco, Prieto Méndez aseguró que hubo respeto y "sana distancia". Negó que él y sus compañeros fueran beneficiados por obedecer línea del ex secretario de la Reforma Agraria en el sexenio salinista.

Sin embargo, diputados del PAN, entre ellos Fernando Castellanos Pacheco, afirmaron que los magistrados se coludieron con el poder priísta y así anularon la mayoría panista que se configuraba en la 56 Legislatura. Expusieron que Prieto Méndez, Ligia Cortés, Ricardo Avila, Mercedes Pérez, Mygdalia Rodríguez y Jorge Luis Rodríguez recibieron beneficios de los gobiernos emanados del tricolor.

Dos meses antes de que Patrón Laviada tomara posesión de la gubernatura, Amira Hernández y su compañero magistrado Gonzalo Gutiérrez García solicitaron sus jubilaciones, que les concedió la 55 Legislatura. Los suplentes de esos funcionarios son Prieto Méndez y Avila Heredia, encargado este último del despacho cuando la gobernadora interina Dulce María Sauri Riancho renunció en 1993.

Patrón vs TSJY

La controversia entre el actual gobernador panista y el TSJY se agudizó el 20 de septiembre de 2002, con las reiteradas críticas a los magistrados acerca de la corrupción que, según Patrón Laviada, prevalecía en esa instancia.

En respuesta, cinco de los seis jurisconsultos -con excepción de Jorge Luis Rodríguez Losa- elaboraron un expediente que turnaron al Senado de la República para pedirle intervenir y frenar los ataques del Ejecutivo estatal.

El 12 de enero de 2003, luego de que las partes en conflicto mantuvieron ásperas polémicas, la bancada del PAN envió una controversia a la SCJN, en la cual sostuvo que para dirimir el conflicto los magistrados debieron recurrir al Congreso estatal antes que al Senado.

Pero el 19 de agosto la SCJN falló contra los panistas. Un día después, Mariano Azuela Güitrón, presidente de la SCJN, refirió que el gobierno estatal incurrió en una "relación funesta de poderes", al violar el orden constitucional de la instancia judicial de Yucatán. Entrevistado sobre el dictamen, Patrón Laviada minimizó el hecho y destacó que era "boleto del Congreso".

Renuncia sorpresiva

El problema mayor se presentó el jueves 21 de agosto, cuando Ricardo Gutiérrez renunció a la presidencia de la Gran Comisión. Por más de una semana, las bancadas de PRI, PAN y PRD sostuvieron largas discusiones y la oposición -los 11 diputados del tricolor y el perredista Jorge Vallejo- abortó cuatro sesiones legislativas al impedir que se reuniera el quórum requerido, por no presentarse a sesionar.

Entonces, la disputa era por la presidencia de la Gran Comisión. El 31 de agosto, horas antes de caer en ingobernabilidad, el pleno del Legislativo sesionó y evitó que fuera necesaria la intervención del Senado de la República. El panorama extremo preveía desaparición de poderes en la entidad.

Finalmente se nombró a la mesa directiva en turno, cuya presidencia recayó en el panista Miguel Pat Xuluc. El 13 de septiembre, después de 10 días de incertidumbre, el panista Luis Ríos Díaz quedó al frente de la Gran Comisión por decisión unánime; como secretario de esa instancia se designó al perredista Vallejo Buenfil, y como vocal al priísta Cleominio Zoreda Novelo.

Los demonios...

El 26 de agosto Ricardo Gutiérrez López ofreció una conferencia de prensa en la cual advirtió que su caso no estaba todavía cerrado. "Una amplia legión de demonios tratará de hacerme la vida imposible para cobrar venganza", advirtió.

Además, culpó de su renuncia al gobernador Patricio Patrón y a los diputados Beatriz Zavala Peniche (hoy legisladora federal), Alberto del Río Leal y Fernando Castellanos Pacheco. Del mandatario dijo que le ganó la ambición, no quiso que en el Congreso prevaleciera la unidad e intentó someter a sus órdenes a los poderes Legislativo y Judicial, como hizo su antecesor priísta. "El asunto Medina Millet es una de tantas excusas, el fondo es que quiso someter a los magistrados y éstos no se dejaron; en el caso del Congreso, los diputados Zavala, Del Río y Castellanos maniobraron para dejarme fuera y obedecer exclusivamente a Patricio Patrón Laviada", aseguró Gutiérrez López.

En respuesta, Patrón Laviada anunció que al terminar el problema del Legislativo llamaría a cuentas al ex diputado para que respondiera por sus acusaciones.

Pero hubo más. Ricardo Gutiérrez dijo a sus colaboradores que la "gota que derramó el vaso" fue que el gobernador le ordenó no dar curso a la iniciativa de Ley de Acceso y Transparencia a la Información que presentó el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, con el argumento de que los integrantes del organismo patronal se identificaban con el PRI. Cuando Acción Nacional documentó su iniciativa de ley en esa materia, el todavía legislador se negó a firmarla. "Soy congruente. ƑQué quiere ocultar Patricio a la opinión pública?", dijo entonces Gutiérrez López.

Actualmente, Gutiérrez López está de viaje, al tiempo que sus correligionarios preparan denuncias en su contra. Castellanos Pacheco le imputó coludirse con legisladores del PRI para no fincar responsabilidades a los ex legisladores que incurrieron en el desacato constitucional de 2001; ocultar el presunto desvío de casi 5 millones de pesos para costear el conflicto entre la 55 Legislatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y negar su respaldo a Patrón Laviada en el conflicto con los magistrados. "Es un traidor", dijo.