El rechazo a la extradición de Lorenzo Llona Olalde, anunciado ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y la inmediata liberación de este ciudadano mexicano de origen vasco que permaneció injustamente encarcelado a lo largo de casi cinco meses, es una medida que enaltece al Estado mexicano y restaura la dignidad y buen sentido de las instituciones nacionales, atributos que fueron violentados por la aberrante decisión del juez federal Ranulfo Castillo Mendoza, con sede en el Reclusorio Sur, quien el pasado 28 de agosto falló en favor del pedido de extradición de Llona Olalde presentado a México por el gobierno español en octubre de 2000.

Cabe recordar que en la demanda de extradición se acusaba al mexicano de origen vasco de pertenecer a ETA y de haber participado, el 24 junio de 1981, en un atentado que costó la vida a tres civiles en la localidad guipuzcoana de Tolosa, en el País Vasco. Tras la detención del imputado, su abogada, Bárbara Zamora, presentó al juez Castillo Mendoza documentos oficiales mexicanos que establecían sin lugar a dudas que Llona Olalde se encontraba en nuestro país el día en que ocurrieron los asesinatos de Tolosa, con lo que se ponía de manifiesto la completa improcedencia del pedido de extradición. Pero el magistrado en cuestión hizo caso omiso de esas pruebas, torció el más elemental sentido de justicia y emitió una vergonzosa opinión jurídica en contra de Llona, quien, en su internamiento en el Reclusorio Sur de esta capital, inició de inmediato una huelga de hambre.

La decisión de la SRE de denegar la extradición restituyó, pues, su rectitud a la justicia, a Llona su libertad, y a México el decoro. Cabe felicitarse por esa triple restitución y esperar que el caso del vasco radicado en Zacatecas marque el inicio de una nueva actitud de las autoridades mexicanas y se ponga fin a la deplorable complacencia que ha ido desarrollándose en nuestras instituciones para con las políticas represivas, persecutorias y totalitarias adoptadas por el Estado español contra todos los individuos que simpaticen o hayan simpatizado con la causa del independentismo vasco; a quienes, con motivos o sin ellos, se acusa en automático de terrorismo y de pertenencia a la ETA. Es deseable, por fin, que el mismo sentido de dignidad, legalidad y respeto a los derechos humanos mostrado ayer por la cancillería mexicana se aplique en el caso de los seis vascos detenidos desde julio pasado por otros tantos pedidos de extradición de las autoridades de Madrid.