"Es una vieja deuda", dice Robert E. White, embajador estadunidense en los años 80

Acusan en EU a ex aviador salvadoreño por el asesinato del arzobispo Romero

Alvaro Rafael Saravia tuvo un papel clave en la eliminación del religioso, afirma el Post

DPA

Washington, 17 de septiembre. Un oficial retirado de la fuerza aérea salvadoreña, Alvaro Rafael Saravia, quien presuntamente reside en Estados Unidos, fue acusado ante la justicia estadunidense de haber estado involucrado en el asesinato del arzobispo de El Salvador, Os-car Arnulfo Romero, en 1980, informó hoy el diario The Washington Post.

El caso iniciado esta semana en los tribunales del estado de California acusa a Saravia, de 57 años y retirado de la fuerza aérea de El Salvador, de haber tenido un papel clave en el asesinato de Romero.

Según documentos del caso, Saravia ob-tuvo las armas, los vehículos y otros materiales utilizados en el asesinato, y pagó al sicario para llevar adelante la operación.

La acusación dice que fue el chofer de Saravia quien llevó al asesino hasta la iglesia a perpetrar el atentado.

Saravia era mano derecha del entonces ex oficial de inteligencia de la Guardia Nacional, Roberto D'Aubuisson, posterior líder ultraderechista creador de los escuadrones de la muerte en la nación centroamericana.

Romero, quien se había convertido en un abierto crítico de los vejámenes perpetrados por los escuadrones de la muerte de la derecha salvadoreña, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 con un tiro que le atravesó el corazón mientras oficiaba una misa.

Su asesinato indignó al mundo y se transformó en la cara visible y símbolo de las 75 mil personas que fueron asesinadas por los escuadrones de la muerte en el contexto de la guerra en el país centroamericano.

El caso fue iniciado en nombre de un pariente de Romero que reside en Estados Unidos por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad, grupo de derechos humanos con sede en San Francisco.

La organización indicó que la identidad del denunciante será mantenida en secreto por razones de seguridad.

La acusación contra Saravia se realizó ante los tribunales de California porque el último domicilio conocido del oficial es en la ciudad de Modesto, en ese estado.

Saravia llegó Estados Unidos a mediados de la década de los 80 e instaló un negocio de venta de repuestos de automóvil.

En 1987 fue arrestado por funcionarios de inmigración de Estados Unidos y se inició un proceso de extradición a pedido de fiscales de El Salvador, pero el esfuerzo fue abandonado y Saravia fue liberado después de 14 meses en la cárcel bajo cargos de violación de las leyes de inmigración.

Llamados de teléfono a su domicilio de entonces en Modesto no fueron respondidos. Se desconoce su paradero actual.

Activistas de derechos humanos de El Salvador residentes en Estados Unidos y organizaciones humanitarias de este país celebraron la iniciativa.

Entre ellos se encuentra Juan Romagoza Arce, médico salvadoreño que fue víctima de torturas durante los años de represión.

Romagoza Arce fue uno de los tres de-nunciantes que ganó un juicio contra dos generales torturadores de El Salvador, en el cual se les concedió a las víctimas una reparación de 54.6 millones de dólares.

Con ese dinero, Romagoza Arce fundó la Clínica del Pueblo en Washington, donde atiende en forma gratuita a inmigrantes latinoamericanos sin recursos económicos o cobertura de salud privada.

"Cuando escuché las noticias, quería llorar, quería bailar", dijo Romagoza Arce. Romero "representa a las 75 mil personas asesinadas en El Salvador, y ahora su muerte será investigada por primera vez", agregó.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, en la época en que Romero fue asesinado, Robert E. White, quien actualmente dirige la organización progresista Centro de Política Internacional, en Washington, también celebró la noticia. El juicio contra Saravia "es una vieja deuda", indicó.

La noticia de la apertura del proceso judicial causó "júbilo" entre promotores de derechos humanos, dijo hoy en San Salvador uno de sus líderes, Benjamín Cuéllar.

El director del Instituto de Derechos Hu-manos de la Universidad Centroamericana agregó que en El Salvador "la justicia no ha sido posible porque se decretó una amnistía que cubre a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad".