La Ley del IPAB hace obligatoria la entrega de información, plantean en San Lázaro

Cuestionan concesión de amparo a 4 bancos

Mancera Arrigunaga, directivo de Hacienda, intentó confundir al Poder Judicial: asesor del PRD

ROBERTO GARDUÑO

El artículo vigésimo transitorio de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) obliga a ese organismo a requerir la información necesaria a Bancomer, Banamex, Banorte y Bital, y una vez analizada, aceptar o rechazar los pagarés contenidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera del Fobaproa.

De esta forma, manifestaron fuentes del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la decisión del juez Alvaro Tovilla, quien otorgó un amparo a esas instituciones bancarias a fin de no proporcionar los datos necesarios para realizar las auditorías de gestión, existencia y legalidad (GEL), no se apega a la legislación, porque el instituto tiene derecho a revisar los pasivos aunque el auditor Michael Mackey los haya conocido.

La negativa de los bancos en cuestión a entregar información al IPAB contraviene el artículo vigésimo transitorio, porque ese ordenamiento establece que las instituciones participantes en los programas de saneamiento financiero establecidos por el gobierno federal, que hubiesen generado fideicomisos para la administración de los recursos procedentes de la recuperación y cobranza de créditos en los que hubiera designado fideicomisario al fondo, "estarán obligados a proporcionar la información que el instituto le requiera para el cumplimiento de su objetivo".

Lo anterior es un mandato con el objetivo de que los bancos entreguen al IPAB toda la información que éste requiera para llevar a cabo sus obligaciones. No obstante, hasta el momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no han emplazado a los bancos referidos para que acaten el contenido del artículo vigésimo transitorio.

"Respecto a la decisión del juez Alvaro Tovilla, quien otorgó el amparo a los cuatro bancos, resulta totalmente absurdo que las autoridades hacendarias, por medio del director general de Banca y Ahorro de la SHCP, Luis Mancera Arrigunaga, haya tratado de confundir al Poder Judicial, al sostener que las revisiones GEL, ordenadas por la Junta de Gobierno del IPAB, son las mismas que realizó el auditor canadiense Michael Mackey", sostuvo Mario di Constanzo, asesor económico de la fracción del PRD en San Lázaro.

Por su parte, en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados se dijo que la decisión tomada por el juez es un error, porque las auditorías GEL se fundamentan en la legislación mercantil vigente, bajo el principio jurídico de que toda persona que adquiere algo tiene derecho a revisarlo: "En este caso, el IPAB es quien adquirió los pasivos originados por el programa de capitalización y compra de cartera, por lo que tiene todo el derecho legal a revisarlos, independientemente de que Michael Mackey los hubiera visto o no".

En tanto, este jueves será presentado un punto de acuerdo en la tribuna de la cámara para exigir a la Junta de Gobierno del IPAB que no exista conflicto de interés entre los integrantes del organismo.