Podrían haberse violado sus derechos básicos, explica

Niega la SRE a España la extradición de Llona

Pruebas desechadas por el juez 15, base para esa decisión

ROSA ELVIRA VARGAS Y GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó ayer la extradición a España de Lorenzo Llona Olalde, por considerar que con su entrega podrían violarse garantías fundamentales que la Constitución otorga al ciudadano naturalizado mexicano.

En un comunicado de prensa, la dependencia informó que la decisión del canciller Luis Ernesto Derbez fue producto ''de un profundo y detallado análisis'' tanto de documentos que presentaron las autoridades españolas como de ''elementos supervenientes'' a los que la SRE tuvo acceso ''en fecha muy reciente''.

Sin embargo, fuentes oficiales revelaron que la base para negar la extradición se sustentó en el análisis de las pruebas que no quiso valorar el juez 15 de distrito, Ranulfo Castillo Mendoza, con las cuales se demostraría que Llona estaba en México el día de los hechos que se le imputan.

Según las fuentes consultadas, la cancillería consideró que ''había dudas razonables que favorecen a Llona sobre su presencia en España en la fecha en que se realizó el atentado, ya que se exhibieron documentos que acreditan su presencia en México el día de los hechos, y la SRE los consideró lo suficientemente válidos para negar la extradición''.

En tanto, en su comunicado de prensa, Relaciones Exteriores estableció un deslinde con la que denominó una ''acertada opinión'' del juez 15 de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, quien el pasado 27 de agosto emitió una declaración favorable a la extradición.

La secretaría ''consideró y valoró detenidamente'' la opinión del juzgador, la cual -en su opinión- se apegó estricta y fundadamente en los términos del tratado bilateral entre México y España, pero negó la extradición luego de analizar disposiciones constitucionales, legales y de los acuerdos en cuestión.

Asimismo remarca que atendió -para negar el pedido de la justicia española- ''los criterios jurisprudenciales aplicables y los elementos que potencialmente pudieran interferir con las garantías consagradas en nuestra Constitución''. De manera específica, precisa, se atendió el principio de ''jerarquía de las normas'' que, aunque no lo menciona, era uno de los elementos fundamentales a los que apeló la defensa de Lorenzo Llona.

Así, mientras Relaciones Exteriores insiste en que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decretado la constitucionalidad del tratado bilateral entre México y España, y que la solicitud de extradición en los términos acordados entre ambos países es válida, algunas ''garantías constitucionales fundamentales del reclamado podrían haberse violado con su entrega'' a las autoridades españolas.

Llona Olalde fue notificado ayer a las 13 horas de esta determinación.

Por último, la cancillería apunta en el último párrafo de su comunicado que este proceso no guarda vinculación con la petición que también ha formulado el gobierno de España en contra de seis presuntos miembros ''del grupo denominado ETA'', apenas en junio pasado, el cual se analiza en un juzgado de distrito de esta capital.

Un vasco en México

Llona Olalde llegó a México en diciembre de 1980, con un grupo de vascos. El, como sus compañeros de viaje, fueron asilados por el gobierno de José López Portillo. El se nacionalizó mexicano en 1993; sin embargo, los problemas comenzaron en febrero de este año, cuando policías españoles llegaron a su domicilio en la ciudad de Zacatecas para presionarlo y exigirle, a cambio de no extraditarlo, que les proporcionara datos de otros vascos residentes en territorio mexicano. Durante la visita fue advertido de no avisar a nadie o en caso contrario él y su familia sufrirían las consecuencias.

Dos meses transcurrieron y a las 11 de la mañana del 3 de abril, el mexicano de origen vasco fue detenido por ocho elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) cuando salía de su casa. Su esposa, Guadalupe Orozco, nada pudo hacer para impedir la aprehensión y el cumplimiento de la orden de detención provisional con fines de extradición, que giró el juzgado 15 de distrito, con sede en la ciudad de México.

Inclusive, según los testimonios recabados en aquellos días, Asier Llona, de 19 años, hijo de Lorenzo, fue encañonado para impedir que a bordo de su vehículo siguiera la camioneta Suburban en la que su padre fue conducido hasta el aeropuerto de Zacatecas.

Para lograr su extradición, sin considerar si era mexicano o no, y sin las pruebas suficientes sobre su estadía en España en la fecha que se asegura estuvo allá, el gobierno ibérico lo acusó de haber participado en un atentado cometido por la organización vasca ETA, que se cometió el 24 de julio de 1981, en el poblado de Tolosa, en Guipúzcoa.

Desde el principio de su encarcelamiento, Llona Olalde, su familia y su abogada, Bárbara Zamora, aseguraron que en la fecha en la que se habría cometido el atentado el vasco nacionalizado mexicano estaba en México, y tenía pruebas documentales que demostraban que había realizado trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde el inicio del proceso judicial en el cual el juez 15 de distrito emitiría una opinión técnico jurídica en torno a si era válido o no otorgar la extradición de Llona Olalde, el caso estuvo plagado de irregularidades, pues a pesar de que su defensa solicitó al INM el expediente migratorio y se acordó que éste sería entregado en un plazo de tres días, los documentos fueron proporcionados por lo menos cuatro días después.

Asimismo, en el juzgado se aceptó la petición de extradición a pesar de que carecía de los requisitos mínimos para solicitarla, ya que contenía ''copias simples'', y ni siquiera adjuntaba fotografías del reclamado, indicó en mayo la defensa de Llona. Sin embargo, Guadalupe Orozco entregó a Bárbara Zamora no sólo los documentos del INM que muestran a Llona Olalde en México en las fechas que se le imputaba haber participado en el atentado, sino también recibos de pago del primero de junio de 1981, que demuestran que su marido estaba laborando en la empresa maderera El Bajío, así como documentos de los trámites que en esas fechas realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El 5 de junio de este año, el juez 15 de distrito, Ranulfo Castillo, notificó a Llona la solicitud formal para extraditarlo. Según la abogada Zamora, la acusación se sustentaba en ''la declaración de una persona que en ningún momento nombra a Lorenzo en esos hechos''.

Fue hasta el 6 de agosto cuando el juez Ranulfo Castillo Mendoza recibió de la Procuraduría General de la República (PGR) las fotografías originales en las que supuestamente aparece Llona Olalde, como prueba para conseguir la extradición. La defensa alegó que éstas fueron aceptadas fuera de tiempo. Su queja en nada cambió la decisión del juez.

Tampoco valieron las protestas que la defensa realizó, porque las pruebas a favor de Llona no fueron analizadas por el juez Castillo Mendoza.

El 27 de agosto, Ranulfo Castillo notificó a Llona que procedía su extradición. Un día después, el mexicano de origen vasco inició una huelga de hambre que duró 21 días.

Hasta ayer por la mañana, Llona continuaba con su protesta; su defensa había entregado a la cancillería las pruebas que el juez Castillo no había valorado, y estaba a la espera de la resolución.

Hoy, Lorenzo Llona Olalde está libre y de regreso en su negocio, dedicado a la comercialización de queso menonita en Zacatecas.