La presente polémica entre el Gobierno del Distrito Federal y las instituciones financieras que operan en México -la mayor parte en manos extranjeras-, en torno a quién le corresponde brindar seguridad a sucursales y a cuentahabientes en la capital del país, va mucho más allá del costo de tales servicios de protección. En ese diferendo se expresan, por un lado, las graves distorsiones y abusos que caracterizan a la banca y, por el otro, la convicción de que las autoridades están obligadas a proteger a los ciudadanos en el espacio de la vía pública, pero no dentro de recintos privados, como las instalaciones bancarias.

El hecho de que los bancos -alimentados con recursos fiscales provenientes del ilegal rescate del Fobaproa/IPAB- no estén dispuestos a proteger a sus propios clientes constituye una actitud irresponsable y cínica, pues a la par que deja entrever que a los banqueros no les preocupa el patrimonio ni la integridad física de sus cuentahabientes, también pone de manifiesto su improcedente pretensión de que el gobierno capitalino asuma el costo de la protección de sus sucursales, lo que equivale a poner a las instituciones de seguridad pública de la ciudad al servicio gratuito de entidades privadas y a privilegiar a los bancos por encima de otros establecimientos comerciales que sí pagan el costo de su personal de custodia y protección.

El absurdo de tal reclamo se refleja en el dato de que, siguiendo la lógica esgrimida por los banqueros, las autoridades tendrían que vigilar sin costo el interior de todas y cada una de las propiedades privadas de la ciudad, situación inviable técnica y jurídicamente.

Si a estas reprochables circunstancias se añade que los bancos no contribuyen significativamente al desarrollo económico del país -los créditos que otorgan siguen estancados en niveles ínfimos-, que cobran desmesurados intereses y comisiones por sus servicios, y que desempeñan su labor de forma poco eficiente y con escasa calidad, las exigencias de las instituciones financieras del país se revelan abusivas y perniciosas.

¿Cuántos policías serían necesarios para custodiar todas las sucursales bancarias de la ciudad de México? ¿Por qué la ciudadanía debe pagar por tal protección y tolerar que los banqueros se deslinden arbitraria e injustamente de sus obligaciones? ¿Para qué sirve la banca si no otorga créditos suficientes para el crecimiento nacional, si se enriquece del presupuesto público y ni siquiera muestra compromiso real con la seguridad de sus clientes?

El fenómeno de la delincuencia que azota al país tiene múltiples causas, pero en el caso del robo a bancos y el asalto a cuentahabientes debe reconocerse que tiene en la displicencia de los banqueros un fuerte incentivo. Por ello, es hora que la banca asuma su responsabilidad y pague, como todo establecimiento comercial, por la protección de sus instalaciones y, sobre todo, por la seguridad de la clientela que acude a ella para realizar sus transacciones.