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México D.F. Sábado 13 de septiembre de 2003

Rechazaron los mecanismos propuestos por la PGR para coartar a reporteros

Inaceptable, cualquier maniobra oficial para limitar la libre expresión: ONG

Es cada vez más frecuente que el gobierno federal aproveche lagunas legales para realizar acciones que atentan contra la dignidad del hombre, denunció la Limedh

ANGELES CRUZ

Cualquier mecanismo que pretenda limitar la libertad de expresión o violar el secreto profesional de los periodistas es inaceptable. Los reporteros podrían ser citados a declarar por la autoridad judicial en su calidad de testigos de algún acto delictivo, pero nunca para abordar aspectos relacionados con su trabajo profesional, afirmaron organismos de defensores de los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció como criterio para que los comunicadores revelen sus fuentes de información que el asunto en cuestión sea considerado una emergencia o de seguridad nacional, y aun así los periodistas tienen la potestad de decidir si comparten o no con las autoridades la información que poseen, explicó Carolina Pimentel, abogada de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH).

La Procuraduría General de la República (PGR) envió a la CIDH una propuesta en la que supuestamente se establecen los criterios que deberán seguir los agentes del Ministerio Público cuando en alguna investigación judicial requieran la comparecencia de periodistas. A decir de la dependencia, el proyecto respeta su libertad de expresión y secreto profesional, y cumple con los criterios que para casos de este tipo ha establecido la CIDH.

Carolina Pimentel mencionó que al exigir a los reporteros que revelen sus fuentes de información, la PGR atenta contra el código de ética de los periodistas, viola la libertad de expresión y de prensa, a menos que la asistencia ante el Ministerio Público fuera un acto voluntario.

Por su parte, Olga Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), opinó que en México el sistema de justicia "está muy viciado" y a pesar de que se sigan los procedimientos legales, por lo regular "se cae en excesos".

Resaltó la necesidad de que ante la insistencia de la PGR de contar con el aval de la CIDH, el tema debiera someterse a una discusión de fondo en lugar de elaborar proyectos de manera precipitada.

En entrevista por separado, la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limedh), en voz de su presidente, Adrián Ramírez, consideró que exigir la revelación de las fuentes de información de los comunicadores es igual que pedirle a un sacerdote difunda lo que sus feligreses le contaron en secreto de confesión.

Bajo ninguna circunstancia, afirmó Ramírez, es aceptable un proyecto como el que propone la PGR. Lo preocupante es que cada vez con mayor frecuencia observamos que el gobierno se vale de las instituciones -como la PGR- y de los vacíos legales existentes, para llevar a cabo acciones en contra de los derechos humanos, apuntó.

Los citatorios girados por el Ministerio Público a los reporteros y los intentos de facto para lograr que den a conocer el origen de la información que publican en los medios de comunicación, no sólo violan la libertad de expresión, sino que inhiben la actividad periodística, la cual ha sido en varias ocasiones la única manera para que la opinión pública tenga conocimiento de casos como el de los Amigos de Fox, dijo.

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