11-S: SEGUNDO ANIVERSARIO

Los atentados, fuente de capital político que usa el presidente para hacer reformas

Se dedica Bush a privatizar parte del gobierno y anular programas sociales

La agenda económica del mandatario, estancada en los primeros meses de administración

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York. El presidente George W. Bush ha utilizado el amplio apoyo popular generado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 para implantar una agenda económica radical que no busca menos que acabar de desmantelar el estado de bienestar social y privatizar hasta 50 por ciento del gobierno federal.

Mientras gran parte de la atención de los medios se ha centrado en los esfuerzos de la Casa Blanca para reformular la política exterior y de seguridad nacional, algunos economistas advierten que tal vez la parte más radical de la agenda gubernamental es la que gira en torno de la economía nacional y el papel del Estado.

Bush ha conseguido reducir las regulaciones federales y el gasto sobre programas sociales y crear las condiciones para lo que se llama choque de trenes fiscal, con lo que lograría privatizar o eliminar partes del gobierno estadunidense y sus funciones sociales.

Este enfoque neoliberal no es nuevo. Fue la agenda promovida por los conservadores en los años 80, durante la presidencia de Ronald Reagan. Ese intento fracasó en gran medida por una amplia oposición pública. Cuando Bush llegó a la presidencia, en enero de 2001, tenía el compromiso de resucitar esta agenda que incluye reducir el tamaño y las funciones de los gobiernos federal y estatales, eliminar regulaciones (tanto laborales como ambientales) sobre las empresas y privatizar hasta 50 por ciento de la fuerza laboral del gobierno del país.

Sin embargo esta ambiciosa agenda quedó estancada en los primeros meses de este gobierno, nuevamente por una amplia oposición popular, así como por una carencia de apoyo político para Bush tras las controversiales elecciones de 2000 que lo llevaron al poder.

Pero esta dinámica cambió drásticamente tras el 11 de septiembre. Desde entonces el gobierno de Bush ha utilizado su nuevo capital político generado por los atentados para promover una serie de medidas económicas -en particular un enorme traslado explícito de riqueza a los ricos mediante las reducciones impositivas- que varios analistas reconocidos advierten que podrían llevar a cambios en el gobierno federal más fundamentales que los intentados a lo largo de los pasados 100 años.

Prevén crisis fiscal provocada

Un aspecto central de esta agenda radical es la intención de eliminar vastas partes del gasto y programas sociales gubernamentales tanto a escala estatal como federal y lograrlo de manera casi encubierta, creando una crisis fiscal a propósito.

"Proponer reducir el gasto federal, particularmente en programas sociales, es una iniciativa electoral delicada, pero una crisis fiscal ofrece la tentadora posibilidad de forzar estos recortes por la puerta trasera", explicó el diario Financial Times recientemente.

Esta combinación de amplios recortes en impuestos a los ricos -que se calcula costarán al gobierno federal hasta 1.1 billones de dólares durante los próximos 10 años- y los crecientes costos de la ocupación militar de Irak y otros aspectos de la llamada "guerra contra el terrorismo" podrían llevar a este gobierno a un tipo de bancarrota.

El influyente y conservador rotativo británico explicó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que el déficit federal -o sea la deuda- podría inflarse hasta llegar a 40 billones de dólares en los próximos años. En algún punto en esta trayectoria, dice el Financial Times, los bancos se negarán a prestar más dinero al gobierno federal a una tasa de interés razonable y, con ello, éste tendrá que reducir más su gasto.

En medio de la "guerra contra el terrorismo" es poco probable que habrá recortes en el presupuesto del Pentágono. En su lugar, las reducciones en el gasto federal serán en los rubros de programas de apoyo a los jubilados, educación, salud y otros aspectos sociales.

Mientras algunos se asombran y alarman por las consecuencias económicas de las políticas de Bush, otros señalan que son parte del juego para poner en práctica la agenda radical de la Casa Blanca, o sea, se generan las condiciones de una crisis fiscal para que el presidente anuncie que existe este problema y obligue al Congreso a "portarse fiscalmente responsable" y recortar los programas.

Parte de esta estrategia ya está funcionando. Los gobiernos estatales enfrentan ahora su peor crisis fiscal en 40 años, y 31 estados se han visto obligados a recortar sus gastos. Con ello, programas de apoyo para las artes en las escuelas, de asistencia alimentaria para los niños pobres, de apoyo educativo y de salud se han recortado y/o eliminado.

Al escala federal, explica el economista Paul Krugman, la administración Bush ha reducido los impuestos a su nivel más bajo en 50 años, con la mayoría de los beneficios destinados al sector más rico del país. Con estos recortes, el gobierno literalmente no cuenta con fondos para financiar programas de apoyo para los jubilados y programas de salud, entre otras funciones sociales.

"El gobierno puede obtener crédito para cubrir la diferencia mientras los inversionistas continúan negando la realidad, sin poder creer que el único superpoder mundial se está convirtiendo en una república bananera", escribió Krugman en su columna del New York Times.

"Pero en algún momento los mercados de rentas se detendrán: no prestarán dinero a un gobierno, aunque sea el de Estados Unidos, cuya deuda está creciendo más rápidamente que sus ingresos."

Krugman advierte: "en ese momento, o se incrementan los impuestos de nuevo
o los programas que se han convertido en fundamentales en la forma de vida estadunidense tendrán que ser destripados".

El profesor de la Universidad de Princeton argumenta que mientras gran parte del debate público ha girado sobre quién se beneficia más con los recortes de los impuestos, el problema más grave es que el resultado de estas reducciones será que los mercados crediticios finalmente obligarán a que el gobierno lleve a cabo una disminución drástica de su gasto, y por tanto de sus funciones sociales.

"Lo están haciendo a propósito", subraya el analista Noam Chomsky. "Desean lo que se llama choque de trenes fiscal, o sea, una enorme e impagable deuda pública". En entrevista con La Jornada, Chomsky agregó: "La razón por la cual lo están haciendo es que es un método para matar a los programas sociales".

Esta agenda a largo plazo se combina con iniciativas económicas a corto plazo que han dejado amplias sonrisas en los líderes del sector privado. Tal vez lo más dramático, que dejó pasmado al sector sindical, fue la presentación del gobierno de Bush de nuevas regulaciones federales requiriendo que por lo menos 50 por ciento de los empleos federales le sean ofrecidos a contratistas privados dentro de los próximos cinco años.

Estos esfuerzos de privatización han sido acompañados por lo que líderes del mundo de negocios han caracterizado como intento sin precedente de reducir o eliminar regulaciones públicas a las empresas. La bancarrota de Enron, el apagón de la costa este y otros escándalos empresariales aparentemente no han hecho nada para disuadir al gobierno de eliminar aún más la supervisión que ejerce sobre las actividades y el comportamiento de las empresas privadas.

Un representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos declaró recientemente a la cadena periodística Knight-Ridder que la comunidad empresarial ha gozado de más triunfos este verano para cambiar las leyes ambientales que todo lo que logró durante los ocho años el gobierno de Bill Clinton.

Cuando Bush llegó a su puesto, en enero de 2001, la comunidad empresarial le presentó una lista de prioridades, explicó Bill Kovacs, vicepresidente de la Cámara de Comercio, y ha obtenido cada uno de los cambios que deseaba.

Los ambientalistas dicen que los cambios carecen de precedente. "Están intentando desmantelar algunas de las leyes originales de aire y agua pura promovidas por (el presidente Richard) Nixon", advirtió Lester Brown, presidente del Earth Policy Institute. "Van por todo", agregó.

Para el sector laboral, esta agenda no sólo implica un nulo apoyo a los intereses de los sindicatos, sino una ofensiva para defender sus derechos laborales fundamentales. Además, desde que Bush asumió la presidencia se han perdido casi 3 millones de empleos en este país, la mayor parte en el sector manufacturero.

Mientras Bush y su equipo insisten en que sus políticas económicas llevarán a la prosperidad, sus fracasos inmediatos son justificados como consecuencia del 11 de septiembre. Así, esa fecha otorga suficiente capital político como para que un presidente promueva una agenda que objetivamente amenaza los intereses de una mayoría de trabajadores, niños, ancianos y comunidades en este país, y otorga beneficios inmediatos a los más ricos.

A la vez, esa fecha sirve de excusa en relación con todo lo que no funciona para los demás. Así avanza un intento radical de reformular la economía estadunidense y el papel del Estado en ella.