Función Pública niega participación en el arreglo; los procesos legales se mantendrán, afirma

Negocia el STPRM pagar a Pemex fondos desviados, confirma la SFP

Romero Deschamps y Aldana podrían enfrentar juicio en libertad Indiciados como Montemayor no lograrán ese derecho, señala la PGR La devolución llevaría hasta 30 años

GUSTAVO CASTILLO Y JOSE GALAN

La Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló ayer que sí hay negociaciones para que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) devuelva a Petróleos Mexicanos (Pemex) los casi mil 100 millones de pesos desviados de la paraestatal en 2000; rechazó cualquier participación en tal arreglo, pese a que forma parte del consejo de administración de la petrolera en calidad de comisario "con voz pero sin voto", y subrayó que el combate a la impunidad no es, "bajo ninguna circunstancia", negociable.

Por su parte, fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) explicaron que la devolución del dinero garantizará a Carlos Romero Deschamps y al senador Ricardo Aldana Prieto enfrentar su proceso penal en libertad con una fianza de poca monta, mientras que al ex director de Pemex Rogelio Montemayor Seguy y otros ex funcionarios de la paraestatal se les seguirá un juicio sin derecho a libertad caucional, pues las acusaciones en su contra ya fueron calificadas como graves por el juzgado 13 de distrito en materia penal, que conoce íntegramente el caso.

Aun cuando instancias como la SFP niegan que se haya llegado a un acuerdo entre Pemex y la dirigencia del sindicato petrolero para la devolución de los mil 100 millones de pesos, fuentes cercanas a los indiciados ratificaron a este diario la firma de un convenio que incluso permitirá a Carlos Romero Deschamps, Ricardo Aldana y a los también implicados en el caso Pemexgate, Pablo Pavón Viñales, Ramón Hernández Toledo y Fernando Pacheco, cubrir los montos hasta en un plazo de 30 años. En la negociación habría intervenido, de acuerdo con las fuentes, el abogado Juan Velázquez.

Negociaciones entre empresa y sindicato

En un comunicado, la SFP sostuvo que en la última reunión del consejo de administración de la paraestatal -cuya fecha no fue confirmada-, el subsecretario Roberto Anaya fue informado sobre las negociaciones entre empresa y sindicato, y que constituyen "un claro indicativo" de que se procura la devolución de los recursos "que la SFP estimó que fueron entregados indebidamente al sindicato petrolero".

La dependencia se deslindó de tal acuerdo al aclarar que "en ningún momento" ha firmado ni participado en negociación alguna relativa a la devolución de los fondos; que asiste a las reuniones del consejo en calidad de comisario con voz pero sin voto, y que la reparación del daño por los dirigentes petroleros "no afectaría las acciones legales ya emprendidas, las que siguen su curso en las instancias correspondientes y con estricto apego a los tiempos y procedimientos que marca la ley".

Y para terminar de aclarar su posición ante tal negociación, subrayó que "el combate a la impunidad no es, bajo ninguna circunstancia, negociable. La Secretaría de la Función Pública no negocia la ley. Su compromiso es con México, y su lucha contra la corrupción y contra la impunidad no tiene tregua".

Procesos penales instaurados

En tanto, fuentes de la PGR revelaron que, a pesar de los acuerdos a los que llegó la dirigencia del sindicato petrolero con Petróleos Mexicanos, seguirán su curso los procesos penales ya instaurados en el juzgado 13 de distrito, y en los cuales se libraron órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la paraestatal, como Rogelio Montemayor, Carlos Juaristi, Juan José Domene, Julio Pindter y Alberto Gheno, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

La persecución y captura sin derecho a fianza también alcanza a los priístas Jorge Cárdenas Elizondo, Alonso Bretón y Carlos Almada, quienes fueron acusados por su presunta responsabilidad en delitos electorales, ya que de los mil 100 millones de pesos desviados de Pemex, 500 millones fueron transferidos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

Pero, para el caso de Romero Deschamps, Ricardo Aldana, Pablo Pavón Viñales, Fernando Pacheco y Ramón Hernández, la situación cambia radicalmente, ya que aun cuando se les libraran órdenes de aprehensión, los delitos que se les imputan no están, hasta el momento, tipificados como graves, lo cual les permite obtener su libertad bajo fianza; que el juez Luis Moya Flores no les obligue a garantizar la reparación del daño económico a Pemex, sino sólo el pago de una multa por la comisión del delito y una cantidad como garantía de que cumplirán sus obligaciones procesales, es decir, que el día de la semana que les fije el juzgado se presentarán a firmar el libro de procesados.

Lo anterior ocurrirá, según las fuentes consultadas, debido a que las acusaciones y procesos contra los implicados en el caso Pemexgate se dan en distintas esferas.

Esto es, que los ex funcionarios de la empresa petrolera incurrieron en el delito de desvío de recursos y, aunque se devuelva el dinero, el ilícito se cometió. En cuanto a los priístas, se han aportado pruebas de su involucramiento en delitos electorales al no haber reportado al Instituto Federal Electoral los recursos entregados por el sindicato petrolero y el uso de ese dinero en las actividades proselitistas.

Artículo 413 del Código Penal Federal

Por lo que hace a los petroleros, como pactaron regresar los mil 100 millones de pesos, repararán el daño a las finanzas de la paraestatal, aunque -de acuerdo con el artículo 413 del Código Penal Federal- deberían ser sancionados de la misma forma que los ex funcionarios de Pemex y no tener derecho a la libertad bajo fianza por haber participado en la organización del delito.

El 19 de enero de 2002 La Jornada informó en exclusiva que la hoy extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam, ahora Secretaría de la Función Pública), había presentado una denuncia penal ante la PGR contra el ex director general de Pemex; que el Ministerio Público Federal mantenía bajo arraigo a tres ex empleados del Partido Revolucionario Institucional, y que éstos ya analizaban convertirse en testigos protegidos, y habían puesto al descubierto la utilización de recursos provenientes de Pemex en la campaña de Labastida Ochoa.

La denuncia, que interpuso la Secodam el 10 de diciembre de 2001, es la causa por la cual la PGR debe continuar con los procesos penales y las averiguaciones previas contra dirigentes petroleros, priístas y ex funcionarios de la paraestatal; de lo contrario, ni siquiera la averiguación previa se habría iniciado.