El procurador Rafael Macedo de la Concha, según el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), se habría comprometido a impedir que durante su gestión se repitan "actos de posible hostigamiento" contra la prensa, como el intento de hacer declarar a un reportero de La Jornada cuál era su fuente de información. La PGR, al mismo tiempo, ante la reacción de nuestro periódico, de nuestros colegas nacionales e internacionales, de diversas ONG, dirigentes políticos y de la opinión pública, realiza una investigación interna que involucra a dos funcionarios de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y un Ministerio Público y que, según la procuraduría, concluirá en los próximos días.

Este desenlace plantea varios interrogantes. En primer lugar, sigue en pie el hecho de que anteriormente a seis reporteros de La Jornada la PGR les giró un citatorio para que revelasen sus fuentes sobre el llamado Pemexgate, lo cual provocó una queja contra Rafael Macedo de la Concha y otros dos altos funcionarios de la procuraduría que desde noviembre pasado está siendo ventilada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En segundo lugar, puesto que se ha intentado cometer un delito, es insuficiente una mera investigación interna contra funcionarios subalternos, que de ningún modo habrían podido asumir una iniciativa de ese tipo si no hubiesen contado con órdenes de sus superiores. Por el contrario, dado el antecedente ya citado en el caso de la delictiva presión contra nuestros compañeros, sería injusto hacer recaer sobre los ejecutores la responsabilidad de la creación de un ambiente favorable al hostigamiento reiterado y efectivo (y no sólo "posible") contra la prensa o, en el caso peor, de las órdenes que ellos podrían haber recibido. Eso es materia de una investigación profunda e independiente.

En tercer lugar, si en este caso la violación de las declaraciones oficiales en defensa de la libertad de prensa se debiese sólo al exceso de celo y de iniciativa de algunos funcionarios indisciplinados, habría que preguntarse por qué eso es posible nada menos que en la PGR y afectando nada menos que a la prensa y en particular a La Jornada. Alguien debería tener clara conciencia de que situaciones de este tipo atentan claramente contra la transparencia de los actos de gobierno, sin la cual no hay vida democrática, y contra la libertad de información y de crítica.

Lo más preocupante es lo que dice con claridad la CNDH: "No pasa desapercibido para este organismo nacional que las declaraciones realizadas por el titular de la PGR y el subprocurador encargado de permear en los servidores públicos de esa institución el respeto de los derechos humanos durante el desarrollo de las investigaciones ministeriales relacionadas con la protección y preservación de las fuentes de información de los reporteros no se ha reflejado en un compromiso real, toda vez que también han sostenido que esa dependencia solicitará a los periodistas la revelación de sus fuentes en casos excepcionales, con lo que se deja claro que esa dependencia no tiene la intención de asumir la postura de respeto a esta prerrogativa de los medios y sí, por el contrario, demuestra que seguirá actuando con criterios de discrecionalidad, mismos que son contrarios al espíritu del principio de certeza jurídica y constituyen una amenaza al respeto de los derechos humanos de los periodistas".

No arregla nada las cosas decir, como lo hace el procurador, que "durante su gestión" el "posible hostigamiento" no se repetirá. Según la lógica tal frase supone que la repetición del atentado contra los derechos de los reporteros de La Jornada es siempre posible y, además, que no se tomarán medidas de fondo y definitivas para que, de una vez y para siempre, se respeten la libertad de prensa y los derechos humanos de los periodistas.

Por el contrario, el funcionario encargado de hacer respetar la ley y los derechos de los ciudadanos debería emprender una intensa cruzada de alcance nacional para erradicar el arbitrio del poder frente a los medios de comunicación y los delitos de todo tipo que se cometen contra los periodistas.

Estamos satisfechos por haber rechazado con éxito el intento de impedirnos cumplir con nuestro deber de informar, pero creemos que la reacción oficial es insuficiente, como lo demuestran las propias palabras del secretario de Gobernación para quien "no entra en su competencia" el intento de la procuraduría de avasallar "la libertad de expresión de los medios de comunicación" que en la misma declaración dice respetar. Defender los derechos de los periodistas y la independencia de La Jornada (y de todos los demás medios) no sólo es "competencia" sino que también es deber de todo funcionario estatal, de todo político realmente democrático y de todo ciudadano.