Emilio Pradilla Cobos

Política fiscal simplista

Metido en la carrera por la candidatura a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, está incursionando cada vez más en la política nacional, en sus conferencias matutinas y en su epistolario al gobierno federal. Estas semanas las ha dedicado a su propuesta de política de austeridad de Estado, extrapolación nacional de su política local.

Al tiempo que se opone a cualquier reforma fiscal que aumente impuestos -sin matiz ni diferenciación-, su propuesta se resume en recortar el gasto público en poco más de 20 mil millones de pesos, reduciendo salarios a los altos funcionarios públicos y sus viajes al exterior, dejando de comprar autos nuevos, disminuyendo el gasto corriente de las dependencias y bajando el financiamiento a los procesos electorales. En otros momentos, ha insistido en la limpieza del Fobaproa-IPAB, en lo que se refiere a los montos pagados a los banqueros a raíz de sus actos fraudulentos o irregulares, o de los rescates a los empresarios carreteros y azucareros.

Todo ello parece correcto y quizás muy popular, pero tiene dos aristas cuestionables. En primer lugar, puede confundirse, como hace López Obrador en el Distrito Federal, con el desmantelamiento del aparato de Estado y sus instituciones, incluidas aquellas que ha creado la sociedad para protegerse política y socialmente, o la reducción de sus costos operativos y de personal hasta impedirles que lleven a cabo con calidad y eficiencia la labor para la que fueron creadas. Esta austeridad se acerca peligrosamente a la aplicada por los neoliberales de todo el mundo para adelgazar el Estado, y transferir sus funciones, por acción u omisión, al capital privado.

En segundo lugar, es una política de ingreso-gasto insuficiente y simplista para enfrentar las necesidades del desarrollo. En México el ingreso público -y el gasto, por tanto- es sólo de 15.4 por ciento del producto interno bruto (año 2000), por debajo de Nicaragua (22.7), Brasil (21.2), Argentina (18.1), Chile (17.9), Uruguay (16.7), Bolivia (16.2), en América Latina, y muy lejos del promedio de 29.5 por ciento de los 23 países más desarrollados, miembros de la OCDE. El resultado es que el Estado mexicano, en sus tres niveles, carece de recursos suficientes para financiar la inversión y el gasto corriente en infraestructura, servicios públicos, asistencia social, promoción del desarrollo económico y social, ordenamiento regional y urbano, garantía de derechos humanos y sociales, sustento de los procesos democráticos, etcétera. En esta situación, el desarrollo económico y social, el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría y la eliminación de la pobreza son imposibles, salvo si se cree ilusoria o demagógicamente que el capital privado lo hará.

El sistema fiscal mexicano grava básicamente las rentas del trabajo y el consumo de la población y da privilegios a las ganancias del capital y su patrimonio, y la evasión ilegal -empresas informales o subterráneas, entre ellas- o permitida por la ley, llega a 800 mil millones de pesos. Se requiere elevar los ingresos fiscales -impuestos y tarifas- en 10 por ciento del PIB para lograr que un Estado sólido, con instituciones eficaces y eficientes y recursos suficientes, pueda garantizar, en cantidad y calidad, los derechos humanos y sociales esenciales a todos los mexicanos, las infraestructuras, servicios públicos y programas de promoción y acción necesarios para el desarrollo económico y social durable y sustentable, para que el Estado sea socialmente responsable.

Para eso se requiere con urgencia una reforma fiscal y tarifaria socialmente justa y equitativa, que cobre progresivamente más a quien más tiene, gana o consume; que grave más al patrimonio y la ganancia del capital -sobre todo la obtenida por transacciones financieras especulativas-, que a las rentas fijas de trabajo o al consumo, que tome una parte de las rentas generadas por la inversión estatal, que distinga entre el patrimonio y el consumo que se orienta a la acumulación de riqueza y aquél dirigido a la reproducción social de los trabajadores; que elimine la evasión empresarial, sobre todo de las empresas informales y especulativas. En lo que concierne a lo local, esta necesidad de reforma fiscal y de tarifas es válida para el Distrito Federal, ahogado por la deuda y por las políticas erráticas de gasto del jefe de Gobierno.

Estamos convencidos de que estos temas deben debatirse democráticamente en los gobiernos, las legislaturas, los partidos y en la sociedad, pero no se trata de que la "opinión pública apoye la propuesta" individual de un político que se siente "democrático", sino de que la sociedad debata abiertamente y participe en la elaboración, aprobación, aplicación y evaluación de las grandes políticas estatales, como la reforma fiscal. Pensamos que el uso de los "ahorros" propuesto por López Obrador también es simplista, sólo calca de su política local. Volveremos sobre el tema.