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México D.F. Sábado 6 de septiembre de 2003

"Parcial", el juez Eduardo Paniza, denuncian en Panamá los abogados de anticastristas

Artimañas, para evitar que Posada Carriles y secuaces sean juzgados

La audiencia preliminar decidió la procedencia del juicio por intento de asesinato de Fidel Castro

Novo Sompol, ex agente de la CIA, participó en el asesinato del canciller chileno Orlando Letelier

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Panama, 5 de septiembre. Los abogados del grupo de cubanos anticastristas presos aquí desde hace tres años por presunto intento de asesinato del presidente Fidel Castro, sustentaron durante su alegato la vieja premisa de que la mejor de-fensa es el ataque, para evitar que sus clientes vayan a juicio.

Por tanto, el jurista Rogelio Cruz acusó al mandatario cubano de haber acudido en noviembre de 2000 a Panamá no a participar en la décima Cumbre Iberoamericana, sino a atrapar a su archienemigo Luis Posada Carriles.

Señaló de "parcial" al juez de la causa, Eduardo Paniza, antes que éste dictara una resolución, y calificó como "pura basura" el expediente de 43 tomos acumulados durante tres años.

Culminaba así la audiencia preliminar que decidió la procedencia del juicio de Posada Carriles y varios coacusados más.

Serán llamados a juicio Luis Po-sada Carriles, Pedro Remón, Gaspar Jiménez y Guillermo Novo Sompol, para responder por los cuatro delitos originales.

El chofer, José Manuel Hurtado, y César Matamoros, el empresario cubano-estadunidense que brindó al grupo la infraestructura para el atentado, tendrán que responder por dos de los otros delitos, y fueron sobreseídos el sobrino del chofer, Francisco Arrocha, y Concepción Figueroa, quienes se vieron accidentalmente involucrados en los planes terroristas.

Cuatro son cubano-estadunidenses -Novo Sompol, Remón, Jiménez y Matamoros, éste en arresto domiciliario- y tres panameños, involucrados accidentalmente en el hallazgo de una carga explosiva: Hurtado y dos parientes suyos.

Durante la jornada de hoy, los abogados de la parte acusadora so-licitaron que se ampliaran los cargos contra el grupo anticastrista.

Posibles, seis años de cárcel

El grupo está acusado de posesión ilícita de explosivos, delitos contra la seguridad colectiva que im-plica peligro común y asociación ilícita para delinquir.

De ser juzgados y declarados culpables, los acusados podrían ser sentenciados a un máximo de seis años de cárcel.

Los abogados de los acusadores -las centrales obreras, las federaciones estudiantiles y la nación Kuna- pidieron al juez incluir en los cargos el de apología del delito (por el borrador inconcluso de proclama que llamaba a la "solución definitiva del problema cu-bano" encontrado en el maletín de uno de los detenidos, Gaspar Re-món) y atentado contra la seguridad del Estado (por pretender atentar contra el presidente de Cu-ba, país con el cual Panamá sostiene relaciones diplomáticas).

Por su parte, el abogado de los anticastristas deslizó un dato que podría estar pesando de manera determinante en el proceso, cuando recordó que el embajador de Estados Unidos en Panamá advirtió que su gobierno no podría firmar con el país canalero un tratado de libre comercio (en cuya ne-gociación está actualmente empeñada la presidenta Mireya Moscoso) si esta nación no demuestra que su justicia "es efectiva".

En la última sesión de la audiencia de hoy, el discurso anticastrista recalcitrante ocupó en varias ocasiones la tribuna, lo que provocó gritos e improperios, salpicados por numerosas recriminaciones del juez Paniza, quien con cierto fastidio intentaba mantener la solemnidad en el recinto judicial.

Así sucedió, por ejemplo, cuando Rafael Rodríguez, abogado de los sindicatos y reconocido jurista panameño, leía, como parte de los antecedentes que vinculan a los detenidos con una intención ho-micida, las fichas que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos envió a petición de la autoridad judicial panameña sobre los expedientes de antecedentes delictivos de los cubano-estadunidenses.

Fue ahí donde apareció el dato de la participación de Novo Sompol en el atentado dinamitero que en 1976 en Washington costó la vida del diplomático chileno Or-lando Letelier, entrañable amigo de Salvador Allende, cuando este agente de la estadunidense Agencia Central de Inteligencia colaboraba con la policía política de la dictadura de Augusto Pinochet.

Esta información, según Rodríguez, ofrece una inequívoca prueba del perfil criminal del imputado.

Fue entonces cuando se rompió la aparente tranquilidad del más imperturbable de los acusados, Guillermo Novo Sompol, quien des-de su asiento gritó: "¡Aquí el de-lincuente criminal es usted!"

En instantes la sala se convirtió en una ruidosa sesión de gritos y no pocas carcajadas. Llevó varios golpes al micrófono, por parte del juez, para restablecer la calma.

Otro momento de desorden se vivió cuando el abogado defensor Rogelio Cruz calificó como "pura basura" el expediente de 43 tomos que se ha acumulado durante los tres años de proceso, en parte -se-gún su argumento- por la cantidad de pruebas y papeles inútiles proporcionados a los querellantes por la embajada cubana.

Silvio Guerra, penalista acusador, saltó con voz estentórea para afirmar que Cruz intentaba desvirtuar el proceso. A esa hora, la defensa ya daba muestras de anticipar su derrota.

Y Cruz, ex procurador destituido durante la pasada administración panameña, sostuvo: "Falle en favor del juicio, señor juez. Ni a mis defendidos ni a mí nos importa. Yo me sentiré muy orgulloso de acusar a los tribunales de Panamá de violar los derechos humanos de mis clientes".

Alegato y proceso kafkiano

Culminaba así un alegato kafkiano en un proceso que él mismo calificó así. En él aseguraba que si hubiera sido cierta la trama del atentado dinamitero descubierto por los servicios de inteligencia de Cuba, el mandatario isleño no hubiera viajado a Panamá, para no correr ese riesgo.

Su viaje a la reunión, añadió, es la mejor prueba de que no corría peligro alguno. Tenía, dijo, dos propósitos: provocar el arresto de Luis Posada Carriles, su enemigo de toda la vida, y crear un escándalo que opacara su decisión de no suscribir la declaración de los presidentes iberoamericanos, quie-nes en esa reunión cumbre firmaron un pronunciamiento en contra de la organización vasca ETA.

El abogado omitió mencionar que en esa cumbre fue rechazada la propuesta del líder cubano, de que la declaración antiterrorista fuera amplia e incluyera también otras expresiones, como, precisamente, los anticastristas.

Eso ocurrió un año antes de la destrucción de las Torres Gemelas, en Nueva York, y del ataque al Pentágono, en Washington.

El y su colaboradora en el caso, Rosa Mancilla, repitieron una y otra vez que el argumento de que Posada Carriles tiene como antecedente el caso del avión en Barbados, es "cosa del pasado", y que esas acusaciones "pueden valer en Cuba, pero no en Panamá".

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