Macedo de la Concha no ha demostrado un compromiso real con la libre expresión, dice la comisión

Deplora la CNDH acoso de la PGR a reporteros; intimidar, la intención

Exhorta a legisladores a concretar la reforma planteada para garantizar el derecho de comunicadores a mantener en secreto sus fuentes de información ante embates de autoridades

DE LA REDACCION

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deploró que la Procuraduría General de la República (PGR) persista en su intención de violentar el derecho de los periodistas a mantener en secreto sus fuentes informativas, e indicó que la pretensión de dos enviados de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que el pasado jueves acudieron a La Jornada para interrogar al reportero Gustavo Castillo García, "pudiera tener como objetivo la velada intención de inhibir la labor de los comunicadores, así como vulnerar los derechos de libre expresión y a la información".

Mediante un comunicado, el organismo que encabeza José Luis Soberanes sostuvo que las declaraciones realizadas en días pasados por el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, y por el encargado de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Mario Alvarez Ledesma, respecto a que esa dependencia está comprometida con el respeto a la libertad de expresión, y que el citar a periodistas ante el Ministerio Público para obtener información vulnera sus garantías básicas, "no se han reflejado en un compromiso real, toda vez que también han sostenido que la PGR no tiene la intención de asumir la postura por el respeto de esta prerrogativa en los medios de comunicación, y sí, por el contrario, demuestra que la dependencia seguirá actuando con criterios de discrecionalidad, mismos que son contrarios al espíritu del principio de certeza jurídica, y constituyen una amenaza al respeto de los derechos humanos de los periodistas".

El documento agrega que con la finalidad de evitar abusos y excesos durante la investigación y persecución de delitos, "la CNDH insiste en la necesidad de que la PGR adopte un compromiso real y formal de respeto a la libre expresión y de la reserva de las fuentes de información de los comunicadores".

Asimismo, señala que "para contar con un marco legal que brinde a los informadores plena protección ante conductas prepotentes, intimidantes y abusivas como las desplegadas por servidores públicos de la PGR, es necesario que el Poder Legislativo retome y concrete la reforma que planteó este organismo nacional, en el sentido de garantizar el secreto profesional, entre otros, el de los periodistas, con el propósito de garantizar así el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información".

En el comunicado, el organismo refirió que la CNDH integró el expediente de queja 2002/2959-4, relacionado con las quejas que seis reporteros de La Jornada -Gustavo Castillo, Enrique Méndez, Roberto Garduño, Ciro Pérez, Andrea Becerril y Rubén Villalpando- presentaron en noviembre pasado contra el procurador Macedo de la Concha; el visitador general de la PGR, Angel Buendía Buendía, y el fiscal de la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, por el citatorio que se les giró para que revelaran sus fuentes respecto al Pemexgate.

En ese sentido, la CNDH indicó que en diversas ocasiones el organismo se ha pronunciado "sobre el respeto irrestricto que tienen los periodistas a la reserva de sus fuentes de información conforme lo consagran los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, así como lo previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en específico la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión".

Asimismo, el organismo nacional agregó que con motivo de la queja presentada por los reporteros de La Jornada, "la entonces Dirección General de Protección a los Derechos Humanos de la PGR inició la averiguación previa 25/DGPDH/02, con el objetivo de determinar la responsabilidad penal en que incurrió el personal ministerial que citó e interrogó a los periodistas. Además, el pasado 20 de febrero, el órgano de control interno de esa dependencia determinó sancionar con suspensión de 30 días a uno de los agentes del Ministerio Público de la Federación involucrados".

Agregó que como resultado de las gestiones realizadas por la CNDH ante la PGR para la solución de la denuncia presentada por los seis reporteros, "el 16 de diciembre de 2002 dicha dependencia emitió un memorándum en el que establecía lineamientos a considerar cuando fuera necesario citar a un periodista, mismo que aun cuando la CNDH no comparte su contenido, eran los mismos requisitos que debían observarse en el tratamiento de las diligencias ministeriales en estos casos".

No obstante, agrega el documento, "alejándose de la normatividad interna y de procedimiento, el 4 de septiembre de 2003 elementos de la AFI de manera extraoficial, carentes de motivación y fundamento, pretendieron obtener información reservada del reportero de La Jornada Gustavo Castillo, conducta que permite evidenciar que la PGR persiste en su intención de violentar principios de legalidad, así como de derechos humanos en agravio de la labor periodística.

"Es innegable que la conducta desplegada por los elementos de la AFI es un claro ejemplo de una de las formas más comunes de intimidación hacia la labor de los reporteros", indicó el documento.