Debe reformar estatutos

Ordenan al PVEM reponer elección de todas sus directivas

ALONSO URRUTIA Y RENATO DAVALOS

En forma unánime, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que reforme sus estatutos porque son antidemocráticos, violan distintas disposiciones y cancelan derechos de la militancia, al impedir su participación en decisiones partidistas, para lo que le fijó un plazo de 60 días.

El grupo Ideología Verde, una corriente interna partidista conformada por legisladores de al menos siete entidades, externaron en una misiva que al PVEM le falta mucha democracia, por lo que la decisión del tribunal es fundamental para recobrar esos cauces, tras una impugnación que se presentó desde hace varios años con la queja esencial de mayores niveles de participación internos.

El PVEM, a su vez, calificó el fallo de "golpe político del gobierno" para tratar de frenar el crecimiento electoral que se logró el 6 de julio, y recordó que el 2 de septiembre se realizó una asamblea nacional en la que "se ratificó el compromiso para defender la declaración de principios del partido".

En una decisión que pone en riesgo el control que la familia González Torres ejerce sobre los cargos directivos desde la fundación partidista, en febrero de 1991, el tribunal aprobó también que una vez modificados los estatutos, el PVEM está obligado a convocar a una nueva integración de la directiva nacional y presidencias estatales en un periodo no mayor a los seis meses.

"Mecanismos antidemocráticos"

Según el fallo, los documentos que regulan la vida interna del PVEM carecen de mecanismos democráticos, pues no prevén el periodo específico que durará el cargo de dirigente. "Esta situación es contraria al funcionamiento democrático y se corre el riesgo de que se monopolice la toma de decisiones y se anule el derecho de militantes a ocupar cargos directivos."

La resolución da respuesta al recurso interpuesto por José Luis Amador, uno de los dirigentes de la disidencia, en el que demandó al TEPJF declarara la inconstitucionalidad de los estatutos por carecer del más elemental sentido democrático y concentrar todo el poder en el presidente del partido y la Comisión Ejecutiva Nacional.

También reclamó que el tribunal declarara la inconstitucionalidad de la asamblea nacional de noviembre de 2002 y, por tanto, revocara el registro de Jorge Emilio González Torres como dirigente nacional del partido. Todo ello porque, según la denuncia, se acreditaba que el entonces presidente, padre de su sucesor, sólo había convocado a los 32 dirigentes estatales y seis miembros de la Comisión Política a la asamblea nacional.

José Luis Amador entregó documentos en los que acreditó que las asambleas para la elección de dirigencias estatales se hicieron de forma irregular, pues se mostró que el promedio de asistencia fue de 15 personas.

En una ocasión, la representante del Comité Ejecutivo Nacional, Sara Castellanos, asistió a la sesión del Senado y al mismo tiempo se le había registrado como representante del órgano directivo del Verde en la asamblea de Baja California Sur.