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México D.F. Martes 2 de septiembre de 2003
CONTRADICCIONES Y OBSTACULOS
El
mensaje político leído ayer por el presidente Vicente Fox
ante el Congreso de la Unión, como parte de su tercer Informe de
Gobierno, resultó un ejercicio un tanto extraño, cuya primera
parte, autocomplaciente en extremo, resultó anulada y desmentida
por la segunda, autocrítica, lúcida y valerosa.
En su recuento de logros, Fox se refirió a cuatro
hechos innegables que deben ser saludados: el fortalecimiento de las prácticas
democráticas, la consolidación de la libertad de expresión,
la ausencia de actitudes represivas y la creación de un comisionado
especial para investigar -y resolver, esperemos- los crímenes de
Ciudad Juárez. Aparte de esas cuatro referencias positivas y concretas,
la primera parte de la alocución presidencial resultó evocación
descorazonadora de las fórmulas retóricas tradicionales de
las presidencias priístas: cifras fantásticas, logros portentosos
que superaban en 12 meses lo conseguido en las décadas previas al
de la voz, infinidad de metas superadas y quiebres épicos que, cada
primero de septiembre, colocaban al país en una nueva etapa histórica:
"la inflación menor en 34 años", "el programa de vivienda
más amplio de la historia", "en dos años superamos lo alcanzado
en los 10 anteriores".
Si el presente gobierno pretende seguir presentándose
como "del cambio", su principal exponente tendría que empezar por
prescindir de semejantes usos oratorios que lo posicionan, ante la opinión
pública, como "más de lo mismo". Vaya un simple ejemplo,
el Presidente afirmó: "Estamos en pie de guerra contra el narcotráfico
(y) los resultados no tienen precedente. Hemos minado la fuerza de todos
los cárteles. (...) Hemos capturado a más de 22 mil
personas vinculadas con delitos contra la salud, entre financieros, líderes
y distribuidores al menudeo. Ello ha sido posible gracias a la coordinación
de esfuerzos". Posiblemente los datos presentados sean reales, pero el
párrafo habría podido ser tomado de cualquier informe presidencial
de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas o Ernesto Zedillo, y eso le resta
credibilidad.
Más allá de ese estilo proverbial de informar,
en los ámbitos de educación, salud, profesionalización
de los cuerpos policiales y lucha contra el crimen organizado, combate
a la pobreza, defensa de la soberanía nacional, observancia de la
Constitución y reactivación del campo, entre otros, es difícil
encontrar las correspondencias entre los éxitos enumerados por el
mandatario y la percepción que el país tiene de sí
mismo.
En cambio, cuando el Presidente asume un tono autocrítico
y realista -"reconozco que el crecimiento económico y la generación
de empleos han sido hasta hoy insuficientes"-, coloca ante el Congreso
de la Unión los problemas que deben orientar el debate nacional
y la búsqueda de soluciones. El realismo con que Fox admitió
la existencia de "un reclamo social generalizado en favor de un cambio
más profundo y dinámico", y su honestidad para reconocer
las debilidades -inexperiencia, ineficacia, pleitos internos- de su equipo
de trabajo son puntos en su favor. Es digno de subrayarse, también,
su reconocimiento de que "la estabilidad macroeconómica (...) no
se ha traducido aún en crecimiento sostenido y en generación
suficiente de empleos (...) Las finanzas familiares no reciben todavía
sus beneficios".
Ese señalamiento constituye, asimismo, un primer
punto de partida para pensar que el actual gobierno tiene capacidad para
enfrentar, en alguna medida, en la segunda mitad de su mandato, la pavorosa
desigualdad, la carestía y la miseria que han sobrevivido intactas
en la era de la alternancia. Si existe voluntad política para ello,
el jefe del Ejecutivo federal tendría que plantearse, como puntos
centrales para su segundo trienio, el combate a la exasperante y peligrosa
deuda social, la persistente corrupción y los ofensivos rezagos
e ineficiencias en materia de procuración de justicia.
El obstáculo central para acometer tales tareas
fue mencionado, aunque tangencialmente, por el propio Fox. "El ambiente
político está congestionado", dijo, y agregó: "Existe
desconfianza y recelo social hacia la política". La verdad es que
hay una profunda descomposición de la clase política, de
los partidos y, por extensión, de las instituciones republicanas.
Una vertiente de esa crisis es el desacomodo ideológico que viven
las formaciones políticas desde las pasadas presidencias priístas,
que puede ilustrarse con el hecho de que Fox no cuenta con pleno respaldo
del PAN, el PRI no cuenta con el apoyo de sí mismo y el PRD ha renunciado
a favorecer a los sectores sociales a los que dice representar.
La política como ejercicio de negociación
republicana ha sido remplazada por intereses pecuniarios, enjuagues
clientelares, mangoneos para la ocupación personal de posiciones
de poder y demás prácticas ajenas al debate, así como
la disputa por proyectos de nación. Los permanentes jaloneos entre
las tribus perredistas; el control del PRI por sus estamentos más
canallas y mafiosos, la proliferación en el PAN de coyotes legislativos,
o el patético manejo del Partido Verde como empresa familiar, son
expresiones evidentes de la descomposición de la clase política,
fenómeno que se presenta como el principal obstáculo para
aterrizar la transición y convertirla en cambio, valga decir, para
establecer la agenda de las reformas nacionales y llevarlas a cabo. Si
el entorno político presente no es capaz de sanearse a sí
mismo, parece poco probable que el actual jefe del Ejecutivo federal pueda
concretar cambios significativos y logros reales en la segunda mitad de
su mandato.
La ceremonia del Informe mostró ayer la imperiosa
necesidad de cambiar radicalmente su formato. De alguna manera, la paradoja
de un Presidente que alaba y critica al mismo tiempo el desempeño
de su administración es indicativa de la necesidad de abrir esos
encuentros -los únicos formales entre el Ejecutivo y el Legislativo,
salvo la toma de posesión y la entrega del cargo- al debate, la
interpelación reglamentada y la participación de los legisladores.
Otorgar a diputados y senadores el derecho a cuestionar las expresiones
presidenciales daría al mandatario, en contrapartida, el derecho
de defenderlas. Esa simple modificación sería en lo inmediato
una inyección de aire fresco en la descompuesta vida republicana
del país.
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