Un ex dictador aseguró que la tortura tuvo la aprobación de la Iglesia católica

Liberan a ex represores argentinos, pero abren más causas en su contra

Imposible dejarlos detenidos, ante la decisión española de desistir de pedidos de extradición, dice el juez

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 1o. de septiembre. Los crímenes de la pasada dictadura militar argentina (1976-83) y su saga judicial coparon hoy la atención: mientras el juez federal Rodolfo Canicoba Corral decidió la libertad de los 39 militares y un civil detenidos al recibir este mediodía el documento oficial del gobierno español desistiéndose de pedir las extradiciones solicitadas por el juez Baltasar Garzón, la justicia reabrió dos causas contra militares acusados de terrorismo de Estado bajo aquel régimen.

Adicionalmente, uno de los jefes de las juntas militares, Reynaldo Bignone, admitió las desapariciones, que justificó, y aseguró que la tortura había sido aprobada por la Iglesia católica.

Aunque esta mañana cientos de familiares de las víctimas de la dictadura, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y organismos humanitarios se manifestaron para pedir a Canicoba Corral que mantuviera a los represores detenidos, el magistrado señaló que desde el punto de vista legal era imposible.

Sin embargo, el juez señaló que varios ex jefes militares continuarán detenidos por su relación en otras causas, como el robo de bebés de las detenidas-desaparecidas o la apropiación de bienes de víctimas de la dictadura.

Algunos seguirán detenidos

Entre lo que seguirán detenidos están los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, así como Guillermo Suárez Mason y Jorge Tigre Acosta. Pero personajes tan temibles como el ex capitán Alfredo Astiz, a quien solicitó la justicia francesa por el asesinato de dos monjas de esa nacionalidad, así como los ex generales Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, estarán nuevamente libres. Precisamente mañana serán velados aquí los restos de Horacio Pietragala, encontrados en la tumba de San Vicente, Córdoba, provincia donde se están recuperando lo restos de casi un centenar de víctimas de Menéndez.

Pero casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de Canicoba Corral, la Cámara Federal de Buenos Aires tomó la decisión de reabrir dos grandes causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que fueron frenadas por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (1986-1987), recientemente anuladas por el Congreso, aunque la última palabra al respecto corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

Estas causas son la 761 y 450, que investigaban los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención en que se transformó a la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), y a la vinculada al accionar del primer cuerpo de ejército bajo el mando del general Guillermo Suárez Mason, un hombre de la Liga Anticomunista Mundial y de la CIA estadunidense.

La causa de la Esma -interrumpida por aquellas leyes de impunidad cuando ya estaban pedidos los procesamientos de los responsables- quedó en manos de la juez federal María Servini de Cubría, y la del ejército, en el juzgado del magistrado federal Sergio Torres.

Para reabrir las causas, lo que podría derivar en nuevas detenciones, la Cámara Federal citó, entre otros puntos, la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas.

Asimismo, el fiscal Miguel Angel Osorio realizó esta tarde un nuevo pedido de detención de ex represores, en el contexto de la causa contra los responsables de la Operación Cóndor, la coordinadora represiva de las dictaduras del Cono Sur.

Osorio solicitó al juez federal Jorge Urso las detenciones de los militares Jorge Olivera Rovera, José Montes, César Aníbal Ferrero, Adolfo Sigwald, Carlos Suárez Mason, Julio Antonio Torti, Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros y Luciano Benjamín Menéndez, además de Videla y Bussi.

Esta causa estuvo anteriormente en manos de Canicoba Corral, y esto muestra las idas y venidas en el tema judicial, y según bajo qué juez vayan quedando las causas, éstas avanzan o pierden fuerza.

Si algo faltaba en este panorama, el ministro de Defensa, José Pampuro, se reunió con los jefes de las fuerzas armadas para analizar la posibilidad de sancionar a los ex militares que defienden los delitos cometidos durante la dictadura, en las declaraciones divulgadas ahora y grabadas con una cámara oculta por la periodista francesa Marie Monique Robin.

Pampuro habría hecho referencia a que podrían ser castigados el ex presidente de facto Bignone y el ex titular del segundo cuerpo del ejército Ramón Díaz Bessone, quienes reinvindicaron -según las declaraciones conocidas hoy y la víspera, respectivamente- los crímenes, torturas y desapariciones.

"Yo les pido a los generales que han hecho este tipo de referencias que si conocen las implicaciones de obispos, políticos, empresarios o dirigentes de cualquier extracción que hayan participado en esto, en su momento lo hagan ante la justicia, que es la que queremos que defina todos estos temas en Argentina", dijo Pampuro.

Bignone, según las declaraciones reproducidas hoy por el diario Página 12, no sólo reconoció los métodos ilegales de la represión -y 8 mil de las 30 mil desapariciones- sino que también dejó entender que la Iglesia lo sabía e inclusive lo aprobó.

Según el ex dictador, en una reunión que mantuvo en 1977 con tres obispos -que no identificó- para hablar "sobre esos temas", uno de ellos dejó entender su acuerdo "con buscar la manera de que (el detenido) me diga dónde está" una hipotética persona que hubiera que salvar.

Declaraciones "inaceptables"

"Es absolutamente falso e inaceptable" relacionar a la Iglesia católica con la tortura, respondió el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Sergio Fenoy.

Bignone, bajo arresto domiciliario en la causa por el robo de niños nacidos en cautiverio de las detenidas-desaparecidas, se extendió largamente sobre el tema de los asesores franceses, y justificó la tortura, recordando que en Israel es admitida públicamente.

Lo que se hizo en Argentina fue "una copia de inteligencia (de lo realizado por los franceses en Argelia)... la diferencia es que Argelia era una colonia y lo nuestro fue dentro del país. Era una diferencia de fondo pero no de forma en la aplicación de la doctrina. Los (instructores) franceses dictaban conferencias y evacuaban consultas. Para algo estaban acá. No cobraban el sueldo de gusto", dijo.

Sostuvo que fue el coronel y luego general Carlos Jorge Rosas quien introdujo la doctrina francesa, después de estudiar en la Escuela de Guerra de Francia en los años 50. "El trajo la inquietud de que toda la preparación de la guerra clásica no servía, porque la guerra moderna, la guerra revolucionaria, era totalmente diferente", explicó.

Al referirse a las desapariciones, consideró "una exageración lo que dicen acá. Es un tema muy difícil de explicar. La esencia es que los primeros que optan por desaparecer son ellos. No es como en el caso de Argelia. En el caso nuestro, ellos pasan a la clandestinidad, desaparecen. Se ponen nombres de guerra, tienen documentos falsos y obran en la clandestinidad. O sea, para la sociedad no existen. ƑNos vamos a preocupar después nosotros por identificarlos?"

Lo extraño de estas declaraciones es que ninguno de los dos militares citados ha mencionado nada sobre la teoría de seguridad estadunidense ni han hablado sobre las enseñanzas de los asesores de Estados Unidos. Las dictaduras de la región fueron instaladas dentro del esquema de la seguridad nacional y la guerra fría de Estados Unidos, y la aplicación de las feroces técnicas francesas se formó dentro de ese esquema.