Magdalena Gómez

Vacío presidencial a la paz y a la autonomía indígena

n julio de 2000 señalamos que uno de los indicadores de la llamada transición democrática sería el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la reanudación del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y, con ello, la firma de la paz. A tres años encontramos al presidente Vicente Fox Quesada comprometido con una visión reduccionista, que ofrece a los pueblos indios "igualdad de oportunidades" y políticas asistencialistas en vez de derechos y autonomía. De la paz y del EZLN ya ni se acuerda, obsesionado como está en dialogar y acordar con la clase política las llamadas por él "reformas postergadas: del Estado, hacendaria, energética, de telecomunicaciones y laboral", apresurándose a aclarar que la primera no implica la refundación del Estado, sino la calidad y modernización de las instituciones.

La decisión presidencial de enviar al Senado de la República la llamada ley Cocopa, en diciembre de 2000, contribuyó a alimentar la esperanza de que ese escenario sería posible. El EZLN se movilizó en torno a ese objetivo, fijó condiciones, realizó la marcha por la dignidad, acudió al Congreso a exponer sus profundas razones para el reconocimiento como pueblos. El resultado es conocido: el llamado Constituyente permanente dictaminó una contrarreforma indígena que fue rechazada por el movimiento indígena y por el EZLN.

Ante esta situación, el presidente Fox se sumó a la traición de la clase política y en su primer Informe de gobierno afirmó:

"El gobierno federal ha dado muestras de voluntad política para continuar el diálogo con el EZLN. Los presos de origen zapatista han sido puestos en libertad. El Ejército se ha replegado de las posiciones demandadas. Finalmente, el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas (...) Están pendientes numerosas reformas a leyes secundarias y a las constituciones de las entidades de la República. Estos distintos cuerpos normativos podrán integrar jurídicamente las demandas y propuestas que aún deben ser atendidas. En nombre del pluralismo, debemos reconocer que existen voces que es necesario escuchar. Mientras tanto, toca a todos y a todas aceptar lo que el Constituyente permanente ha decidido como reforma constitucional."

En congruencia con la postura de abandonar no sólo el compromiso por la paz, sino el discurso mismo, el Presidente afirmó ayer que "con los pueblos indígenas mantenemos una relación de respeto, dignidad y justicia. Con el apoyo del Congreso, este año creamos la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con ello se fortalece la capacidad de respuesta. En los dos últimos años el presupuesto ha crecido 55 por ciento, el cual supera ya los 17 mil 400 millones de pesos". Antes había mencionado la apertura de las dos primeras universidades interculturales indígenas. Con estas políticas se pretende "saldar la deuda histórica". De ese tamaño es la visión que tiene respecto a la demanda indígena.

La precariedad de la oferta oficial a los pueblos indios coincide con la del sector social en su conjunto. En su tercer Informe de gobierno, el presidente Fox enunció una serie de conceptos de Estado con contenidos de mera gestión pública que no los refleja, y que confirman que el gobierno camina por una vía y la realidad social por otra. La enumeración de cifras y porcentajes, junto con la reiteración del supuesto abatimiento de la pobreza, no concuerda con las altas cifras de desempleo, desnutrición y el incremento de la migración hacia el vecino país del norte, aun a riesgo de la vida, entre otros espejos que reflejan a 50 millones de pobres. Pleno de contradicciones, escuchamos un discurso en el que reiteró la persistencia de la estabilidad macroeconómica y reconoció que las finanzas familiares no tienen reflejos de tal situación "favorable". También se escuchó el compromiso de hacer del Acuerdo Nacional para el Campo un documento con visión de largo plazo, cuando su contenido es estrictamente apegado a los diversos programas operativos anuales de las dependencias.

Mientras la clase política se toma la foto de familia, el movimiento indígena avanza por caminos conocidos: la resistencia histórica, a contrapelo del Estado y del derecho que los ha negado. Ahí están los Caracoles zapatistas, con sus juntas de buen gobierno, ejerciendo la autonomía negada.