Se inconforman por un proyecto de Sagarpa en Oaxaca

Señora directora: Solicitamos la publicación de la siguiente carta:

CP Javier Usabiaga Arroyo, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, presente.

Estimado contador: Por medio de la presente, los abajo firmantes queremos manifestar a usted nuestra inconformidad por el proyecto que la secretaría a su cargo ha tenido de promover plantaciones de café robusta a pleno sol.

De seguir con este proyecto, los resultados traerían graves consecuencias ecológicas, ya que como usted lo sabe, Oaxaca es el estado que tiene la mayor biodiversidad de todo el país y en él han prevalecido las plantaciones de café de sombra, las cuales han ayudado a preservar los recursos naturales de la franja cafetalera y, por consiguiente, provee de servicios ambientales al país.

Francisco Toledo, Iván Restrepo, José Luis Bustamante, Claudio López, Luis Mario Cortés, Alejandra G. Rodríguez, Alberto Pérez Mariscal, Homero Blas Bustamante y Fabiola García Herrera

Señora directora: Con relación a la nota publicada el 29 de agosto en ese diario, intitulada "Exige la SRE prueba antisida a aspirantes a trabajar en Canadá", en la cual se asegura que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) apoya la prueba obligatoria de detección de anticuerpos al VIH a los migrantes que buscan empleo en ese país, me permito precisar lo siguiente:

1. La Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993 para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, es muy clara en cuanto a las condiciones en que deben practicarse las pruebas serológicas antes mencionadas, subrayando que debe contarse con el consentimiento del interesado para poder practicarlas.

2. La Secretaría de Salud, incluyendo el Censida, opera bajo un absoluto respeto a los derechos humanos y no aprueba que la detección del VIH se utilice como instrumento para limitar los derechos de las personas afectadas, incluido el que se requiera para entrar o salir del país, y así se ha expresado en múltiples foros.

3. El supuesto sustento al que alude la nota es la derivación de una solicitud hecha al Censida, en el sentido de que las personas interesadas en trabajar en otro país (principalmente trabajadores agrícolas) a las que se les pide como requisito para ello presentar la prueba, contaran, para el caso de que por propia voluntad decidieran practicársela, con ese servicio gratuito en los diferentes centros que realizan ese tipo de pruebas diagnóstica en el país.

4. En ningún momento de la reunión a la que se refiere la nota las organizaciones de la sociedad civil u otras instituciones participantes calificaron como "pasiva" la actitud del Censida en cuanto a la defensa de los derechos humanos de quienes viven afectados por el VIH/sida.

5. La Secretaría de Salud lamenta que el apoyo que se brinda a quienes deciden practicarse las pruebas para poder laborar en otro país se hubiera distorsionado en su sentido inicial, y reitera su compromiso de vigilar que la detección de anticuerpos al VIH se apegue a la normatividad aplicable y se realice voluntariamente, en condiciones de confidencialidad y con una adecuada consejería.

Gustavo Lomelín Cornejo, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Salud

Señora directora: En relación a la carta de Gustavo Lomelín, director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, me permito puntualizar que la nota informativa sobre la reunión que sostuvieron organizaciones civiles con la comisión contratada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, dejó constancia que la directora del Censida, Patricia Uribe, resaltó que existen leyes, reglamentos y normas que prohíben la discriminación de los infectados.

Sin embargo, al permitir que la prueba de detección -que debiera ser voluntaria y sus resultados confidenciales- se realice para cumplir con un requisito (necesariamente obligatorio) de otro país, es una manera de violar los derechos humanos de los enfermos. Eso fue lo que denunciaron las ONG en el caso de los campesinos que desean laborar en Canadá.

Además, este hecho contraviene los compromisos que los países miembros de Naciones Unidas -incluido México- adquirieron en la Asamblea General de ese organismo internacional, que con carácter de urgencia se realizó en junio de 2001 para examinar y hacer frente al problema del sida en todos sus aspectos.

Ahí quedó establecido que deberían eliminarse todas las formas de discriminación contra los enfermos y asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos y libertades fundamentales.

El numeral 4 de la carta de Lomelín carece de fundamento porque la nota publicada el viernes 29 de agosto en ningún momento dice que el Censida tenga una actitud pasiva.

Por lo demás, lamento que en su misiva, el director de Comunicación Social omita referirse al resto de las denuncias que hicieron las organizaciones civiles con trabajo en la lucha contra el sida, las cuales dan cuenta de la constante violación de los derechos de los enfermos.

Angeles Cruz, reportera

Señora directora: Me dirijo a usted solicitando su ayuda para localizar a mis dos hijos, Ina Cecilia del Carmen y Santiago Alexander, quienes el pasado jueves 14 de agosto me fueron robados por su papá, el señor Donald Alphonso Marshall Tomlin, de nacionalidad jamaiquina, a bordo de un taxi ecológico.

Los hechos se dieron en la esquina de Angel Urraza y Pestalozzi, afuera del módulo 30 para obtener la CURP. En tan sólo 3 minutos en que realicé dichos trámites, el señor Marshall Tomlin, de 43 años, tomó a mis hijos, ambos de apellido Marshall Lezama, y se los llevó, sin avisarme; es decir, sin mi consentimiento.

Acudí al Ministerio Público correspondiente en la delegación Benito Juárez, donde se abrió una averiguación previa; fui al Capea y también me dirigí al Instituto Nacional de Migración, así como a la Procuraduría General de la República, sin tener noticia alguna del señor Marshall hasta este momento.

El señor Marshall y la de la voz vivimos durante tres años en unión libre, pero desde septiembre del año 2000 dejé su domicilio porque las condiciones de vida eran indignas, ya que prevalecía la violencia intra-familiar. A partir del momento en que me separé de él, yo me hice cargo de los niños, dándoles todo lo necesario para crecer sanos y felices. Después de un año de no saber nada del señor Marshall, él comenzó a frecuentarlos pero sin aportar dinero para su manutención y visitándolos únicamente en mi domicilio.

Abusando de la confianza que se le había brindado, aprovechó un descuido para llevarse a los niños, sin decirme dónde están, y con el peligro de que les suceda algo. Mi hija Ina Cecilia del Carmen sufre de asma, por lo que debe tener su medicamento a tiempo; Santiago es muy depresivo, por lo que puede estar sufriendo mucho lejos de su casa y su familia.

Agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes en los teléfonos 56 04 99 65 /56 01 46 71, y en el correo electrónico [email protected].

Rosa Cecilia Lezama Parra

El Correo Ilustrado