Orlando Delgado Selley

El tercer Informe de gobierno

La diferencia entre los propósitos planteados en campaña, reiterados durante los primeros meses de gobierno, y la realidad de estancamiento en la que hemos vivido desde el inicio de esta administración es cada vez más notable, por lo que, abatido, el grupo gobernante tendrá que presentar el próximo primero de septiembre su visión y perspectiva para los años siguientes. Tiene pocos elementos para ser optimista: la economía no ha crecido los dos años anteriores y en 2003 logrará, cuando mucho, 1.5 por ciento, lo que significará que el producto por habitante en pesos y dólares habrá decrecido, mostrando el fracaso central de un gobierno que se propuso crecer aceleradamente.

Será, además, la confirmación de un fracaso de largo aliento: la tasa de crecimiento promedio anual de la economía en las últimos dos décadas, es decir, en los años de implantación de la propuesta de liberalismo económico vigente hasta ahora, ha sido de 1.9 por ciento, prácticamente equivalente al crecimiento de la población. El dato ilustra que el modelo que resolvería el problema de la dinámica económica no lo ha hecho así, a pesar de que las reformas que propuso el Consenso de Washington fueron cumplidas cabalmente. Así, por ejemplo, muchas de las empresas públicas privatizadas han desaparecido, muy pocas se mantienen vivas mientras sólo algunas han sido proyectos exitosos.

El principal efecto de 20 años de estancamiento es que el empleo no ha crecido. Mientras la población pasaba de 66.8 millones a 99.9 millones en dos décadas, los ocupados pasaron de 20.3 millones a 24.8. La diferencia es enorme: la población creció casi 50 por ciento, en tanto que los ocupados en la economía formal sólo aumentaron 22 por ciento. Lo más preocupante es que sólo 15.1 millones de los casi 25 millones ocupados tienen protección social, lo que da cuenta de un problema gigantesco para los sistemas de seguridad social de los gobiernos estatales, que aumentará año con año a ritmos crecientes. Con este nivel de ocupación el mercado interno no ha podido, ni podrá, ser un factor que dinamice la economía.

Sin crecimiento y sin nuevos empleos, lo poco que se podrá presumir será la disciplina fiscal, la apertura de la economía y la reducción de la inflación. Indudablemente pasar de un déficit de las finanzas públicas de 16.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 1982 a 1.2 por ciento de 2002 es importante. De igual manera, pasar de una apertura de la economía de 22.3 por ciento del PIB a otra de 71.7 resulta extraordinario. También lo es haber reducido la inflación de 98.8 a 5.7 por ciento en los mismos años.

Pero el objetivo fundamental de cualquier gobierno es mejorar las condiciones de vida de la población, lo que no ha ocurrido. Mantener la disciplina fiscal, exportar más de la tercera parte de lo que se produce en el país y controlar la inflación son requisitos necesarios, pero definitivamente insuficientes para lograr que los mexicanos vivamos mejor.

Podrá presumir, y así lo ha hecho, que somos la economía número 10 del mundo. Es cierto, pero lo importante no es si el tamaño de nuestro producto interno bruto medido en dólares es mayor que el de Brasil y menor que el de España (550.2, 529.9 y 588 miles de millones de dólares, respectivamente), sino cómo están distribuidos los ingresos y si los mexicanos tienen mejores condiciones de vida.

Así las cosas, insistir en que estamos preparados para crecer con orden cuando la locomotora estadunidense lo haga es simplemente demagogia. Y más aún proponer reforzar la changarrización de la economía como solución al problema del desempleo. Aceptar que se fracasó porque le pusieron freno al cambio es irresponsable, pero es más grave que siguen al frente del país sin ideas, repitiendo lo que ya casi nadie sostiene, e incapaces de asimilar los datos nuevos para replantear las estrategias. Todo indica que en esta nueva oportunidad no habrá nada relevante. Será, otra vez, un ejercicio no de rendición de cuentas, sino de resistencia a lo insulso.

No puede argumentarse que el Partido Revolucionario Institucional lo hubiera hecho mejor.

Ernesto Zedillo reiteró hasta el cansancio la misma receta ortodoxa. Labastida hubiera hecho lo mismo, orquestado por el mismo secretario de Hacienda y el mismo gobernador del Banco de México. Los descaros en el tráfico de influencias se habrían conservado. Quizá la única diferencia hubiera sido que los senadores litigantes tendrían menos negocios. Salvo eso, todo cambió para que todo se mantuviera igual.

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