Opuso resistencia a las agresiones sexuales de policías

Piden a la SCJN que intervenga para liberar a joven injustamente detenida

VICTOR BALLINAS

Organizaciones defensoras de los derechos humanos demandaron ayer en una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, "acceso a la justicia imparcial" en el caso de Nadia Ernestina Zepeda Molina, joven de 18 años, que fue detenida el 23 de enero de este año en Iztacalco por policías capitalinos del grupo operativo Sagitario, "quienes la manosearon y trataron de violarla, pero como ella se defendió, la golpearon y la acusaron injustamente de vender droga".

Nadia, sostuvieron las organizaciones, está detenida "por ser mujer, por defender su integridad. Sus derechos humanos y la presunción de inocencia fueron violados. Los policías preventivos que la detuvieron la golpearon y no le permitieron hacer ninguna llamada telefónica. Se fabricaron delitos y ella puede ser sentenciada a 50 años de cárcel".

Adriana Carmona, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Julia Pérez, del grupo Vereda Themis, y Laura Martínez, de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, señalaron que en este caso "hubo discriminación, abuso de autoridad y violencia de género", por lo que exigieron al gobierno que cumpla con lo establecido en la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra Las Mujeres y con la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

Treinta y dos organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que la joven fue intimidada, al igual que su familia; que "un certificado médico de la policía acredita las lesiones sufridas -a manos de los uniformados-; los preventivos mienten, pues dicen que fue detenida en una patrulla por tres elementos, cuando en realidad era un operativo en el que participaban 25 agentes. En sus declaraciones, los policías caen en contradicciones". Dijeron que esto no ha sido tomado en cuenta por la juez Olga Sánchez Contreras, quien valora las pruebas del caso.

La joven, quien se encuentra detenida desde hace seis meses en el Centro de Readaptación Social Femenil Oriente, se comunicó telefónicamente para participar en la conferencia de prensa ofrecida por las organizaciones que demandan su liberación

Narró su detención: "el 23 de enero de este año, como a las 18 horas, estaba en compañía de mi novio, Marco Antonio Vitela, y de unos amigos en la calle Retorno 3 Sur-12-C, colonia Agrícola Oriental. Nos dirigíamos a un café Internet que esta cerca. Esperábamos en la esquina a una amiga que se metió a una tienda a comprar cigarros.

"De pronto vimos llegar a un grupo de policías. Eran como 25, empezaron a disparar y se metieron a unas casas. Nosotros vimos eso, y como se dieron cuenta de que los observamos, nos persiguieron y detuvieron. Los policías iban vestidos de negro y encapuchados. Me gritaron que me detuviera y empezaron a tocarme el cuerpo por todas partes. Me subieron a una camioneta blanca donde ya tenían a mi novio y a un amigo. Nos golpeaban, había gritos. Me dijeron que me tirara al piso y que me dejara desnudar; si no accedía, me iban a enviar a la cárcel.

"Me resistí, me defendí y me amenazaron. Querían violarme, por eso me golpearon. Me quitaron mi teléfono celular y no me dejaron hacer ninguna llamada. Ya no volví a ver a mi novio ni a su amigo. Cuando me dijeron que iba a ser trasladada al reclusorio, me di cuenta de que él ya había salido junto con su amigo, Armando García García."

La madre de Nadia, Carmen Molina, expuso: "su novio fue dejado en libertad y no quiso saber nada más de ella. Lo que sabemos es que en el expediente -actas ministeriales- dijo que no la conocía, que no era nada de ella. Incluso para que testificara, la Policía Judicial tuvo que ir por él a su casa".

Las abogadas de las organizaciones de derechos humanos señalaron que "en este caso pudo haber presión para que el joven no la defendiera. Son muchas las situaciones como ésta en las que la policía los presiona. Es un caso de abuso de autoridad, de discriminación y sobre todo de violencia de género".

Por ello demandaron que la SCJN investigue el caso y esté pendiente de la resolución de la juez Olga Sánchez Contreras, pues "con base en el expediente y tomando en cuenta cómo ocurrieron los hechos, Nadia puede ser liberada, reconocida su inocencia y los policías deben ser castigados".