Perviven 17 de las 71 que creó el presidente Cárdenas, dicen líderes de la sección 7 del SNTE

Cerrar las normales rurales, fondo del conflicto en Mactumactzá

Sin esa sede, miles de campesinos ya no tendrán siquiera posibilidad de ser maestros profesionales, señala Fortino Vázquez Denuncian acelerada privatización de la educación en Chiapas con Salazar

BLANCHE PETRICH

En el fondo del conflicto entre el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, y la Normal Rural de Mactumactzá está el propósito del gobierno federal de reducir los espacios de la educación superior pública, denuncian los dirigentes de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Fortino Vázquez, secretario general, y Manuel Aguilar Mérida, secretario suplente.

En esa estrategia nacional destaca la intención de cerrar o dejar morir de inanición el sistema de normales rurales que hace 71 años creó el presidente Lázaro Cárdenas. Actualmente sólo persisten 17 -la mitad de las que originalmente se fundaron en 1931- y, a decir de los líderes del magisterio chiapaneco, siguen siendo semillero de donde egresan los maestros que van a atender las escuelas de las zonas campesinas más remotas y abandonadas.

"Esa es la realidad que Salazar trató de sofocar al imponer el examen para la asignación de plazas de maestros de la SEP, rompiendo una tradición histórica que reservaba determinado número de asignaciones para los licenciados de Mactumactzá", explica Fortino Vázquez.

Un barril de pólvora en cifras

Las cifras de esta disputa -que ya cobró una vida, la del maestro normalista Joel David Martínez, de la escuela rural del estado de México, baleado en circunstancias no aclaradas- hablan de lo explosivo del asunto.

En Chiapas hay 49 escuelas normales, entre estatales, federales y particulares. La mayoría son urbanas, pese a que el estado es mayoritariamente rural. Este año se graduaron como docentes cerca de 4 mil estudiantes, pero la Secretaría de Educación Pública ofreció sólo 900 plazas para atender a los 990 mil niños de primaria que estudian en el sistema público de educación básica.

Según cifras del gobernador, divulgadas en un duro documento conocido como "Mactumactzá, pedagogía de la violencia", con los 59 mil maestros que hay en Chiapas la cobertura es de 18 alumnos por maestro, calificación "óptima", según los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es decir, "estamos sobrados", como expresó ayer.

Pero la sección 7 -que con sus 48 mil afiliados es la más numerosa y una de las más contestatarias del magisterio nacional- afirma que estas cifras son falsas y cita un informe del ex gobernador Roberto Albores que, en un diagnóstico sobre el rezago educativo, indicaba que al menos 10 mil escuelas chiapanecas tienen déficit de maestros y que la cobertura era de un mentor por cada 60 niños.

"ƑA qué hora se dio un salto tan grande para cerrar esa brecha?", preguntan los maestros del SNTE.

Para asignar las 900 plazas disponibles este año, el gobierno estatal anuncia en julio, contra la opinión del sindicato magisterial, la aplicación de un examen para 4 mil normalistas recién graduados. De éstos, 167 son de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, 67 de la Normal de San Cristóbal y 26 de la de Tuxtla, que son las tres federales. Se disponía de 223 plazas adicionales de las llamadas "incidentales", por jubilaciones, incapacidades o fallecimientos. Del total de nuevas plazas, 15 por ciento debía asignarse a los egresados de la normal rural en conflicto, según los usos y costumbres.

Pero Salazar calificó esa práctica de "discrecional y corrupta" y la desconoció unilateralmente.

Para Vázquez y Aguilar, la asignación automática a los egresados de esta escuela de campesinos responde a una necesidad histórica, no a un capricho o a una práctica obsoleta. Sólo a la normal de Mactumactzá asisten exclusivamente campesinos. De hecho, en el reglamento se requiere un certificado del comisariado ejidal correspondiente. Otro requisito es que los nuevos maestros salgan a cubrir plazas en zonas rurales marginadas. En la mayoría de los casos, estas plazas constituyen la única oportunidad de que los campesinos graduados obtengan un empleo asalariado y con frecuencia también es la única posibilidad de que esas escuelas remotas cuenten con maestros, ya que los egresados de las normales urbanas usualmente rechazan las plazas más marginadas.

El modelo cardenista, en extinción

"Este es el modelo al que le quieren quitar el oxígeno. Sin esa normal, miles de campesinos ya no tendrán siquiera la aspiración de llegar a ser maestros profesionales", sostiene el secretario general de la sección 7.

La acción del gobierno ha hecho algo más que quitar el oxígeno. A partir de este año, Servicios Educativos de Chiapas retuvo el presupuesto federal de 45 millones de pesos (el documento del gobernador afirma que son 50 millones). Y el pasado 18 de agosto determinó la suspensión del ciclo escolar de la escuela "por la presencia de grupos radicales, ajenos a la institución y al estado", con lo que deja sin estudios a 700 estudiantes inscritos en Mactumactzá.

Sobre estos elementos "ajenos", los líderes de la sección 7 indican que son normalistas de las otras 16 normales rurales que prevalecen de aquel decreto de 1931. En el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fueron liquidadas 17 escuelas de este modelo. Las restantes están agrupadas en la Federación de Estudiantes Socialistas de México, que también es un semillero de cuadros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Son integrantes de esta federación, procedentes de normales rurales como la de Ayotzinapa, Guerrero; El Mexe, Hidalgo; Tamazulapa, Oaxaca; Tilpitío, Michoacán; Atequiza, Jalisco; San Marcos, Zacatecas o Saucillo, Chihuahua, que han acudido a Chiapas para participar en las protestas de sus compañeros.

"En la conferencia de gobernadores -dice Manuel Aguilar- Salazar puede decir a sus homólogos: šyo sí pude! Porque eso es lo que quisieran muchos gobernadores: cerrar las normales rurales en sus estados."

Pero con esta decisión, el mandatario de Chiapas escaló un nivel más la confrontación con el magisterio local, que se prepara para la resistencia. El 5 de septiembre la sección 7 -con sus 648 delegaciones- celebrará su asamblea extraordinaria y el tema prioritario en el orden del día será, desde luego, el de la defensa de la normal de Mactumactzá: "Desde ahí vamos a empezar a defender la educación pública, en vías de extinción".

Sentencias de más de 100 años

Aportan más cifras sobre lo que llaman acelerado proceso de privatización de la educación superior que ha experimentado Chiapas bajo el mandato de Salazar: en 1980 había cinco instituciones privadas y ocho universidades públicas. Hoy hay 37 centros de educación superior públicos y 47 particulares.

Señalan que los 23 maestros y estudiantes a los que les dictaron auto de formal prisión por la toma del 10 de agosto de la normal rural se les imputan cargos de terrorismo, asonada, motín, daños en propiedad ajena, daños a la paz individual, colectiva y social y privación libertad. Bajo el código penal del ex gobernador Patrocinio González, cada uno alcanzaría sentencias de más de 100 años, ya que en Chiapas éstas son acumulativas: "šMás del doble de la sentencia al Mochaorejas!", apunta Fortino Vázquez.