"Es hora de abordar con seriedad los casos de Diego y Hamdan", señala Fidel Herrera

Se reformarán leyes para acabar con el tráfico de influencias: senadores del PRI

Exigen a la Secretaría de la Función Pública investigar al presidente del TFJFA

ANDREA BECERRIL

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se comprometieron a impulsar las reformas necesarias -muchas de ellas ya en el Congreso- para impedir que los legisladores incurran en tráfico de influencias y otras corruptelas. Se pronunciaron asimismo por que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue la actuación del presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Es hora de abordar con toda seriedad los casos de Diego Fernández de Cevallos y Fauzi Hamdan, que son miembros del Senado", consideró Fidel Herrera Beltrán, autor de dos iniciativas encaminadas a evitar que los representantes populares defiendan intereses privados.

Igualmente, Dulce María Sauri, Carlos Rojas, Carlos Chaurand, Ernesto Gil Elourdy y José Antonio González Torres consideraron que es fundamental fortalecer el marco jurídico y evitar en definitiva que tanto senadores como diputados abusen de su representación y obtengan beneficios económicos.

"Qué raro que en los 71 años en que el PRI estuvo en el poder los abogados en pocas ocasiones le ganaban un caso al gobierno y ahora, cuando el PAN gobierna, el Estado pierde de todas todas en los tribunales" contra despachos de panistas, comentó el senador Herrera.

Precisó que además de las reformas al artículo 62 constitucional presentó una iniciativa de Ley Federal de Cabildeo, encaminada a evitar el tráfico de influencias. Hizo notar que en la mayoría de los países europeos las legislaciones limitan el ejercicio profesional, cuando se trata de representar a particulares frente al Estado.

Está también el caso, agregó, de la legislación de Estados Unidos, en la cual se considera que el representante popular es pagado por la ciudadanía y por ello queda impedido de ejercer alguna profesión mientas dura su cargo.

En entrevista aparte, el senador Carlos Rojas Gutiérrez señaló que debe tomarse en cuenta el reclamo de la sociedad y las denuncias de los medios de comunicación en torno a legisladores que litigan al mismo tiempo contra el gobierno.

El tema, precisó el senador Carlos Chaurand, formará parte de las prioridades legislativas de la fracción del PRI en la cámara alta, que se habrán de definir hoy, cuando concluya la reunión plenaria de la bancada tricolor.

A su juicio, ni siquiera será necesario reformar la Constitución, lo cual requiere un procedimiento más complejo y largo, sino modificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que se limite también la posibilidad de que senadores y diputados se dediquen paralelamente a otras actividades lucrativas.

Respecto a las denuncias -publicadas en La Jornada- sobre irregularidades y abuso de poder en que ha incurrido el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), Alejandro Sánchez Hernández, los legisladores coincidieron en que la Secretaría de la Función Pública debe abrir una investigación al respecto.

La senadora Dulce María Sauri comentó que el TFJFA debe ser autónomo, ya que en la actualidad es juez y parte, toda vez que depende del Poder Ejecutivo en asuntos administrativos, aunque su función es revisar precisamente todas las decisiones del gobierno federal.

Comentó que, en ese sentido, le extrañó mucho la propuesta de reforma constitucional que presentó en abril pasado la fracción del PAN para integrar al TFJFA al Poder Judicial, cuando varios de los panistas, entre ellos Fauzi Hamdan, se habían manifestado siempre en favor de la autonomía del tribunal.

Dijo que aunque el tema no se ha discutido a nivel de fracción, entre los priístas que están en comisiones que tienen que ver con el TFJFA el criterio es pugnar por la autonomía del mismo, con el propósito de fortalecerlo, sobre todo ahora que aumentaron sus actividades.

El TFJFA tendrá a su cargo el próximo año, cuando entrará en vigor la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la facultad de fijar el monto de las indemnizaciones a particulares.