"Patraña infame", que se acuse a víctimas y no a victimarios, dice abogado defensor

Sorpresiva orden de detención de juez argentino contra tres líderes montoneros

"Habrían facilitado" a militares el secuestro de un grupo de esa guerrilla: Claudio Bonadío

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 14 de agosto. En una sorpresiva ac-ción bajo sospecha, el juez Claudio Bonadío dispuso la detención de tres ex dirigentes de Montoneros, Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Cirilo Perdía, por considerar que "habrían facilitado" que un grupo de integrantes de esa guerrilla peronista, ya desaparecida, fuera secuestrado y desaparecido a manos de los militares de la dictadura que se impuso en el país entre 1976 y 1983.

Vaca Narvaja y Perdía quedaron detenidos en la Delegación de Unidad de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal, en esta capital, mientras que en el caso de Firmenich, quien reside en España, el magistrado libró a Interpol una orden de captura internacional.

Guillermo Agustín Agüero, abogado de Firmenich, calificó como una "patraña infame" que se ordene detener al ex dirigente montonero en una causa que investiga el secuestro, tortura, muerte y desaparición en 1980 de militantes de su propio grupo, entre ellos Ricardo Zucker, Martha Libenson, Lo-rezo Viñas (hijo del escritor David Viñas), el sacerdote Jorge Adur, Horacio Campiglia y Mónica Pimus de Binstock, estos últimos secuestrados y desaparecidos en Brasil en la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.

Según el juez, la detención surgiría del "estado de sospecha" de que los dirigentes habrían "entregado" a sus compañeros, lo que en todo caso requiere una investigación antes de dictar la orden de arresto.

Para Bonadío, "la conducción (de Montoneros) era consciente del riesgo que se corría" al hacer regresar a militantes desde el exilio para la llamada contraofensiva.

Inclusive, de acuerdo con algunas fuentes judiciales, la resolución del juez sostiene que la dirección de Montoneros debió "haber tomado recaudos para que sus decisiones no fueran funcionales con la estructura ilegal de represión organizada por el gobierno de las fuerzas armadas".

Patricia Vaca Narvaja, secretaria de De-fensa del Consumidor y hermana de Fernando, advirtió que estas detenciones son de "orden político, y lo que el juez quiere es reflotar la figura de los dos demonios, equiparando el terrorismo de Estado de los años 70 con la guerrilla".

Agregó que "no hubo dos demonios", sino que "hubo uno solo", en relación a esa figura argumentada por los defensores de la dictadura, que pretenden equiparar la responsabilidad de los militares, que dejaron 30 mil desaparecidos (en su mayoría dirigentes y militantes sociales, políticos, sindicales y estudiantiles que nada tenían que ver con la guerrilla), en una sistemática campaña de exterminio, con la acción de los grupos guerrilleros.

Coincidencias preocupantes

Para muchos analistas no escapa que esta acción del juez Bonadío, hombre ligado a Carlos Corach, ministro del Interior del go-bierno de Carlos Menem, ocurre precisamente cuando se acelera el juicio político a uno de los hombres clave del menemismo en la desprestigiada Corte Suprema, el juez Eduardo Moliné O'Connor.

Precisamente Moliné O'Connor -señalado responsable de la mayoría autómatica que apoyó a Menem, quien amplió la Corte Suprema de cinco a nueve miembros para nombrar a allegados-, había advertido hoy que no está "vencido ni voy a renunciar".

A esto se añade la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por la Cámara de Diputados, fuerte gesto político que intentaría que finalmente la Corte Su-prema se pronuncie sobre la constitucionalidad de esas normas que evitaron que los represores fueran juzgados y castigados, ya rechazadas por tribunales inferiores.

Finalmente, está también la ofensiva de los ex militares de la dictadura detenidos por solicitud de extradición de la justicia española -uno de ellos, el ex coronel Eugenio Antonio Barrozo, murió el miércoles a los 80 años- y de los responsables del genocidio que quieren evitar cualquier posibilidad de ser juzgados en el futuro.

El ministro de Defensa, Jorge Pampuro, dijo que existía "preocupación" en las fuerzas armadas por la decisión del Congreso.

Las amenazas de los sectores ultraderechistas sobre posibles golpes contra el gobierno de Néstor Kirchner, habían llevado a la cautela a muchos militantes del pasado, ya que los amigos de los militares comenzaron a hablar de "venganzas".

Es en este contexto que las detenciones de los ex dirigentes guerrilleros, que se realizaron como "emboscadas" en plena calle, dan cuenta de una "movida" muy especial, y que genera sospecha.

Perdía trabajaba en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que dirige la socialista Alicia Oliveira.

Llama la atención que en estos momentos en que los jueces que deben juzgar a los militares por terrorismo de Estado, en delitos que no pudieron quedar como parte de las leyes exculpatorias, abran otro frente para investigar lo que podía suceder al interior de la guerrilla, sin causa o querella abierta para tal efecto.

Además, cabe recordar que Menem ha acusado a Kirchner de "montonero", en alusión a su militancia estudiantil en el pe-ronismo de izquierda en los años 70.

Y, como broche a esta situación en la que se intenta contratacar una política oficial para la recuperación de la justicia, se ad-vierten fricciones en el gobierno debido a declaraciones del vicepresidente Daniel Scioli -corredor de lanchas devenido político durante el menemismo-, que en las horas recientes se mostró inconforme con la anulación de las leyes de impunidad y luego contradijo al propio jefe del Ejecutivo al asegurar que en octubre habrá aumento de tarifas de los servicios públicos.

Mientras, esta madrugada estalló una bomba frente al domicilio de Cecilia Barrera, candidata para la alcaldía de una localidad de la provincia de Buenos Aires por la centroizquierdista Alternativa para una Re-pública de Iguales, lo que se suma a actos de intimidación en los meses anteriores contra dirigentes políticos y sociales.

Este ambiente de conspiración se da mientras el presidente viajó esta tarde a Paraguay para asistir a la asunción del nuevo gobierno del vecino país. El Ejecutivo, por lo pronto, evitó comentar la detención de los Montoneros y dijo que se trata de un asunto que co-rresponde al Poder Judicial.