Jorge Camil

Il cavaliere

Resulta inusual que un medio de comunicación (en este caso The Economist) ataque en forma reiterada al jefe de Estado de otro país (al primer ministro italiano Silvio Berlusconi). El 28 de abril de 2001 la prestigiosa publicación inglesa inició hostilidades pregonando en la portada el título del artículo principal: "Por qué Silvio Berlusconi es incapaz de gobernar Italia". Dos semanas antes, en carta dirigida al político millonario, hoy presidente de la Unión Europea, la revista le comunicó la intención de publicar un relato sobre su cuestionable carrera en los negocios y los líos judiciales en los que había estado involucrado desde que asumió el poder. En un acto de osadía sin precedente The Economist pretendía que Berlusconi contestara 51 preguntas sobre los hechos que se preparaba a revelar. Jamás respondió: se limitó, como algunos políticos mexicanos cuando han sido atacados por publicaciones extranjeras, a entablar una "digna" (aunque jurídicamente inocua) acción legal por difamación en un tribunal romano (seguramente que él controla), que difícilmente podría alcanzar en forma extraterritorial la sede londinense o los activos del prominente semanario inglés.

Hoy, dos años después, The Economist vuelve al ataque: esta vez con una carta abierta que ocupa cinco páginas de su más reciente entrega (8/8/03), precedida de una portada que es una declaración de guerra: "Estimado señor Berlusconi... nuestro reto al primer ministro de Italia". Además de la carta abierta, que exige de nueva cuenta respuesta a algunas de las preguntas formuladas en 2001, el semanario dedica su editorial a Berlusconi, afirmando que la conducta del hombre que deambula despreocupado, y sin aparente conflicto de intereses, entre las filas del empresariado y la política, constituye "el ejemplo flagrante de un capitalista que abusa del sistema democrático en el que vive y opera".

Las acusaciones son graves: se afirma que intentó reducir con efectos retroactivos las penas por falsificación de documentos contables, y de haber pretendido modificar el derecho procesal para impedir la admisión de pruebas documentales provenientes del extranjero (específicamente operaciones con bancos suizos). Finalmente, como las enmiendas legislativas a la medida no fueron del todo suficientes, il cavaliere extrajo al Poder Legislativo una ley que otorga inmunidad judicial al primer ministro.

Para justificar su insistencia, The Economist alega que es importante para Italia (y por supuesto para la Unión Europea) saber que están gobernados por un político investigado por lavado de dinero, falsedad en declaraciones judiciales, falsificación de documentos contables y soborno de jueces.

En el catártico best seller internacional, The rage and the pride (La furia y el orgullo), Oriana Fallaci arremete con una prosa avasalladora principalmente contra el Islam, por haber iniciado la guerra santa el 11 de septiembre de 2001, pero también contra todo aquello que desprecia. La explosiva periodista, que adquirió fama internacional al ser alcanzada por una bala perdida cuando cubría la matanza de 1968 en Tlatelolco, escribe desde su autoexilio en Nueva York, donde se refugió porque no podía continuar viviendo en Italia, "un país donde los ideales reposan en la basura". Con ese comentario a manera de prefacio era lógico que la emprendiera también contra el hombre que con ostentación y un poco de mal gusto se hace llamar il cavaliere, "como si fuese un título nobiliario". No le reprocha su riqueza, pero sí haber utilizado el nombre del país para la denominación de su partido político, Forza Italia, y el utilitarismo que lo llevó a alinearse después del 11 de septiembre con sus aliados de Washington y posteriormente, para no ofender a sus socios comerciales de Arabia Saudita, en favor del Islam.

Berlusconi no es un fenómeno aislado. Se repite en todos los países donde no se le da importancia a los conflictos de intereses, y se considera aceptable que los gobernantes utilicen información privilegiada y el poder del Estado para beneficio de sus negocios personales.

El domingo pasado Tina Rosenberg, una ensayista que vive en México y escribe con frecuencia para The New York Times Magazine, publicó un estudio sobre la corrupción de funcionarios públicos en el mundo, y concluyó que, con excepción de Finlandia, casi todos los jefes de Estado prometen inútilmente erradicarla en sus discursos de toma de posesión. Citando a Francisco Barrio, Rosenberg afirma que la corrupción mexicana le cuesta al país 9.5 por ciento del PIB: "el doble del presupuesto destinado a educación".

El mayor daño, sin embargo, concluyó Rosenberg, es que en los países donde se tolera la corrupción los criterios para ejercer el gasto público se distorsionan: se inclinan hacia los proyectos "que más dejan", y no en favor de los que verdaderamente necesita la nación.