La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, presentó ayer en esta capital un exhaustivo informe elaborado por ese organismo humanitario sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua perpetrados desde hace una década sin que ninguna institución, ningún programa, ninguna de las innumerables promesas oficiales de seguridad y justicia hayan sido capaces de resolver, detener o disminuir esa masacre.

El documento de AI no aporta, en esencia, información nueva o revelaciones espectaculares, pero ofrece la sistematización más consistente lograda hasta ahora de los homicidios en la ciudad fronteriza y consolida los informes que sobre el tema han realizado la relatora especial sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre, y la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir.

La extensión y profundidad de su investigación permite a AI formular un juicio contundente, exacto y exasperante sobre la apatía de todas las instancias de poder público que de una u otra forma tendrían que haberse involucrado en la solución de los crímenes y que por intereses partidistas, por ineptitud, por apatía, por corrupción o por complicidad no han sido capaces de hacer justicia a las mujeres asesinadas ni de ofrecer seguridad a las que siguen vivas.

El documento señala que las atrocidades de Ciudad Juárez reafirman y promueven la impunidad; invalidan los propósitos del actual gobierno de hacer respetar los de- rechos humanos en el país, y evidencian las deficiencias, miserias y horrores de los sistemas nacionales, estatales y municipales de seguridad pública, prevención del delito, investigación penal, procuración e impartición de justicia.

Lo más descorazonador del informe del organismo humanitario internacional es constatar el tiempo perdido por tres gobiernos federales y otros tantos estatales en la tarea de realizar las reformas jurídicas, reglamentarias y operativas que se requieren no sólo para esclarecer la barbarie cotidiana que ocurre en Ciudad Juárez contra mujeres de condición social baja o media, sino para evitar que más jóvenes sean víctimas de la combinación monstruosa de rezagos culturales, misoginia, inseguridad, discriminación, delincuencia organizada y corrupción que ha costado la vida, según la cuenta de AI, a 370 mujeres, 137 de ellas víctimas de agresión sexual.

Los asesinatos, las desapariciones y las agresiones de que son víctimas las mujeres de Ciudad Juárez, y que parecen empezar a generar patrones similares en la capital chihuahuense y en otras localidades, deben ser una de las preocupaciones centrales, máximas y perentorias de los tres poderes de la Unión, de los poderes estatales y de la sociedad civil. El doloroso e indignante informe presentado ayer por la secretaria general de AI tendría que servir para colocar esos crímenes entre las principales prioridades nacionales y evitar que, por fuerza del hábito y el cinismo, las muertes en Ciudad Juárez empiecen a volverse tolerables.