Luis Astorga documentó la intervención de Washington en asuntos internos del país

Desde 1911 México ha supeditado su política antidrogas a Estados Unidos

Autoridades de la Casa Blanca poseen pruebas que ligan a funcionarios connacionales con el narco

JESUS ARANDA

La supeditación de la política antidrogas del gobierno mexicano a los intereses y la estrategia de Estados Unidos, desde 1911, permitió la intervención abierta de Washington en los asuntos internos de México, sentó las condiciones para que las corporaciones policiacas, como la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), se involucraran con el narcotráfico con el pretexto de su lucha contra la oposición de izquierda y la guerrilla. También se solapó la participación ilegal de agentes encubiertos estadunidenses en operativos antidrogas y dio lugar a la creciente participación del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, con resultados contraproducentes.

El investigador en temas de narcotráfico Luis Astorga afirmó lo anterior y enfatizó que cuanto más calificados son los militares que combaten el tráfico de estupefacientes, cuando se pasan del lado de los narcotraficantes -(como Los Zetas, ex miembros de cuerpo de elite Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, Gafes, que sirven actualmente al cártel del Golfo)- hacen más eficiente la acción de los grupos dedicados al tráfico de droga.

Autor del libro Drogas sin fronteras, Astorga documenta en este trabajo la vigilancia "permanente" que ha ejercido Estados Unidos sobre México desde 1911 para intentar frenar el paso de estupefacientes a ese país. Inicialmente se trató de opio procedente de Oriente y posteriormente se dejó lugar al paso de mariguana, cocaína y otras drogas hacia el vecino país.

El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), documenta que en los archivos de Estados Unidos se da cuenta de la presencia de agentes antidrogas estadunidenses en México, quienes investigaban y colaboraron en detenciones de narcotraficantes en territorio nacional, inclusive portando armas, lo cual es evidentemente ilegal.

Estas acciones inconstitucionales, así como la actuación de agentes de Estados Unidos que encubiertos compraban droga para demostrar la culpabilidad de los traficantes, se prolongó hasta los años 60, cuando los gobiernos de ambas naciones comenzaron a formalizar la cooperación antidrogas.

También menciona que el general Pablo Macías Valenzuela, quien también fue electo gobernador de Sinaloa a partir de 1945, se constituyó en el primer caso de un miembro de la elite político-militar "objeto de acusaciones directas y abiertas en la prensa nacional relacionadas con el tráfico de drogas".

En su libro menciona que en los archivos del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado del vecino país, precisamente, el estado de Sinaloa es el que tiene más referencias sobre presuntos vínculos de presidentes municipales y gobernadores con el narcotráfico.

Destaca también la complicidad en que incurrieron los gobiernos de México y Estados Unidos, cuando, durante el régimen de Miguel Alemán, se suscitó el primer escándalo que vinculaba a figuras políticas de primer nivel con el narco.

El ex director de la DFS, coronel Carlos I. Serrano, fue involucrado con el narco; sin embargo, en aquel entonces al vecino país le interesaba más acabar con la oposición de izquierda en México, por lo que hizo caso omiso del escándalo.