Solicita a Salazar Mendiguchía privilegiar el diálogo antes que la fuerza

Pide la CEDH de Chiapas garantizar la integridad física de normalistas arraigados

Manifestaciones, retenes y bloqueos carreteros en demanda de su libertad

JUAN BALBOA, ANGELES MARISCAL Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, Pedro Raúl López Hernández, confirmó que emitió ''medidas precautorias o cautelares necesarias'', que conduzcan a garantizar la integridad física y personal de 130 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, detenidos el miércoles pasado luego que protestaron violentamente en Tuxtla Gutiérrez en contra de que se les aplicara un examen de oposición para recibir plazas laborales. Mientras, al menos 12 organizaciones sindicales se manifestaron en la capital chiapaneca contra el arraigo a que se sometió a los citados normalistas y a 47 padres de familia.

En tanto, los normalistas de Mactumactzá y alumnos de otras escuelas rurales del país, instalaron en la entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez un retén simbólico donde entregaron a automovilistas información sobre su petición de 167 plazas magisteriales para egresados, sin que requieran presentar el citado examen, además de pedir la liberación de los arraigados.

En entrevista, el ombudsman de Chiapas reafirmó que el organismo a su cargo dio entrada a las quejas que presentó el estudiante Feliciano Hernández, así como Eva Ojeda López y Gloria Pablo Hernández, quienes trabajan como cocineras y viven en el interior de la Normal Mactumactzá. Añadió que visitadores de la CEDH se trasladaron a la escuela para realizar ''las indagatorias pertinentes'' sobre los hechos ocurridos la tarde del pasado 6 de agosto, por los cuales se detuvo a manifestantes a los que se fincaron cargos por incurrir en ''atentados contra la paz, asonada o motín, delincuencia organizada y secuestro''.

Además, López Hernández reiteró su exhorto a los normalistas a encauzar sus demandas en contra del examen de oposición ''dentro de la legalidad'', para evitar violaciones graves a los derechos humanos. Igualmente, pidió al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía que privilegie el diálogo antes que la fuerza. ''En cualquier conflicto, por más grave que sea, se deben agotar las instancias del diálogo y la negociación responsable para impedir que se trastoquen la libertad, la tolerancia y, por supuesto, los derechos humanos y civiles de las personas'', puntualizó.

En tanto, el sindicato de maestros de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, junto con otras 11 organizaciones gremiales, protestaron en Tuxtla Gutiérrez por el arraigo a que se sometió a estudiantes y padres de familia. Los manifestantes acusaron al gobierno estatal de iniciar una cacería de brujas contra grupos opositores a su política, y anunciaron que realizarán diversas movilizaciones en compañía de grupos campesinos de las localidades de donde provienen los afectados.

Mientras, familiares de los arraigados iniciaron la madrugada del lunes una larga fila frente al hotel donde se encuentran los jóvenes y ante una residencia acondicionada como casa de seguridad, ubicada en un fraccionamiento de lujo al oriente de Tuxtla Gutiérrez, con la intención de ver a los estudiantes, ya que desde hace cuatro días no han sabido de ellos. Asimismo, denunciaron la desaparición de Sandro Martínez Jiménez, uno de los líderes estudiantiles, cuyo paradero se ignora desde el día del operativo policiaco.

Por otra parte, cientos de indígenas miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) iniciaron este lunes un bloqueo ''intermitente y por tiempo indefinido'' en la carretera que comunica a San Cristóbal de las Casas con Ocosingo y Palenque, a la altura de la comunidad Cuxuljá, en protesta por ''la represión del gobierno estatal contra alumnos y padres de familia de la Escuela Rural Normal Mactumactzá''.

Automovilistas que transitaron por la mencionada vía informaron que los labriegos les solicitaron ''una cooperación voluntaria'' para dejarlos pasar. Además, los integrantes de la OCEZ exigieron la liberación de algunos de sus compañeros presos, que, aseguran, ''son inocentes''.