Silvia Ribeiro*

OMC: lo legal y lo legítimo

"Ilegal pero legítimo", se leía en el muro de piedra, cuidadosamente escrito, de una de las casas campesinas tradicionales de Larzac, al sur de Francia. Corría 1973 y la leyenda se refería a la ocupación colectiva de sus casas y tierras que los campesinos de la meseta de Larzac ha-bían comenzado dos años antes para resistir el decreto del ejército francés de expropiar sus tierras -junto con sus formas de vida, trabajos, identidad e historia- para convertir la zona en un campo de pruebas militares. La larga ocupación -duró hasta 1981, cuando lograron parar el proyecto- se transformó en uno de los símbolos de las nuevas formas de resistencia social frente a las imposiciones del poder. Entre los muchos que participaron se encontraba José Bové, hoy integrante de la Confederación Campesina de Francia y de la red mundial Vía Campesina, conocido activista contra la globalización y por el derecho a la diversidad cultural y a las formas de vida justas y autogestionarias.

Treinta años después de la ocupación de Larzac, el modelo económico es aún más crudo e injusto, la guerra contra el campesinado es más dura y el campo de pruebas militares se ha extendido a todo el planeta. Pero también, tozudamente, 30 años después, decenas de miles de activistas volvieron a "ocupar" la zona a principios de agosto, esta vez para manifestarse en contra de las reglas impuestas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las nuevas ampliaciones que se pretenden agregar en la reunión ministerial de esta organización, que se celebrará en Cancún, en septiembre próximo.

La mayoría de los analistas coinciden en que las negociaciones de la OMC en Cancún serán un fracaso. "Fracaso", en ese contexto, se refiere a que aparentemente no se lograrán los niveles de acuerdo necesario entre las potencias económicas mundiales, para que las propuestas de protección a los intereses de sus empresas trasnacionales se transformen en nuevas regulaciones que se impongan en todo el mundo. Este ha sido hasta ahora el papel principal de la OMC: la imposición y mundialización de patentes sobre seres vivos y medicinas, lograda en la anterior ronda de negociaciones, es un claro ejemplo de ello.

Al revés de la leyenda en el muro de Larzac, la OMC trata de construir el marco de un orden mundial profundamente ilegítimo pero legal. La estrategia de la legalidad no es la única, claro, y lo que las empresas trasnacionales no consigan imponer como regulaciones supranacionales desde la OMC u otros tratados de "libre" comercio, como el TLCAN, el CAFTA o el ALCA, lo seguirán obteniendo más allá de la legalidad, a través de monopolios de mercado, sobornos u otra serie de medidas, incluyendo el uso de la fuerza militar. Sin embargo, el apoyo de los propios gobiernos de los países para su tarea expoliadora y la tranquilidad a las inversiones que les reporta trabajar desde la legalidad, es un elemento nada despreciable, e incluso muy redituable, como en el caso del capítulo 11 del TLC, que legalizó que las empresas puedan demandar a los gobiernos e impedir que razones "nimias", como la salud de la población o del medio ambiente, puedan interferir con sus inversiones actuales o futuras. Capítulo que ya ha sido utilizado varias veces en México y Canadá, reportándole jugosas entradas a empresas altamente contaminantes, sacadas de recursos públicos. Para todo esto, la "legalidad" es una valiosa herramienta.

Mirado desde adentro de la OMC, un punto de pivote en el "fracaso" para obtener esta legalidad en Cancún será la falta de consenso en las negociaciones sobre agricultura. Frente al mundo presentan que la discusión es entre Estados Unidos y Europa, sobre los subsidios agrícolas, y como condimento se agrega que estos subsidios son los que traban el acceso de los países del tercer mundo a los mercados agrícolas del norte. Pero lo que en realidad está en juego es un acceso mayor y facilitado de las trasnacionales a cualquier mercado, incluyendo los del tercer mundo. Todas las propuestas en discusión en el tema agrícola en la OMC van hacia la eliminación de los agricultores familiares y el campesinado, tanto del sur como del norte. Los gobiernos del sur juegan en la misma cancha, y en lugar de reclamar soberanía alimentaria y justicia, hablan de "acceso a mercados" como si fuera la demanda de sus poblaciones, mientras que los únicos que se beneficiarán con esto serán los grandes latifundistas de esos países y las trasnacionales que dominan el comercio.

Mientras los poderosos discuten cómo comernos mejor, lo que realmente garantizará el fracaso de esa legalidad absurda serán las miles de protestas de campesinos, indígenas y organizaciones sociales en todo el mundo, que hoy, como hace 30 años en Larzac, seguirán cimentando la legitimidad desde sus propios espacios, desde la solidaridad, la autogestión y la afirmación del derecho a la diversidad cultural, social y económica.

* Investigadora del Grupo ETC