Mandatarios fronterizos analizan agenda binacional

Piden a gobernadores estadunidenses mediar por un acuerdo migratorio

MIROSLAVA BREACH VELDUCEA CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 8 de agosto. Los gobernadores de los estados fronterizos del norte de México pidieron la intermediación de sus homólogos de Texas, Arizona, Nuevo México y California para impulsar ante el gobierno federal estadunidense la concreción de un acuerdo migratorio bilateral que hoy parece inalcanzable.

Durante las mesas de trabajo de la 21 Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos, los mandatarios de 10 entidades analizaron la agenda de la problemática binacional, con acento en la urgencia de agilizar el tráfico de personas y mercancías en la frontera común, que se ha visto gravemente afectado por las medidas de seguridad impuestas por la administración del presidente George W. Bush luego de los atentados del 11 de septiembre.

En la reunión plenaria, donde los mandatarios signaron la declaración conjunta de esta edición de la conferencia, el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, expresó su preocupación por "las interpretaciones drásticas" sobre las necesarias medidas se seguridad fronteriza que conllevan decisiones que sacrifican el flujo de personas, bienes y servicios, e insistió en que las medidas de protección para lograr una seguridad eficaz "no deben suponer el sacrificio del desarrollo económico de los pueblos".

Con esa lógica se está postergando la creación de un pacto migratorio que solucione el problema de los migrantes, y "lejos de vislumbrase un acuerdo, las señales más recientes que se escuchan en el Capitolio son de endurecimiento, haciendo casi inalcanzable una fórmula satisfactoria. Esta puede ser incluso una que contemple los requerimientos de seguridad. No hay contradicción entre ambos temas cuando existe la voluntad política de hacerlo", insistió Martínez, al tiempo que pidió la intermediación de los gobernadores del sur estadunidense ante Washington.

El gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, recalcó la urgencia de intensificar las negociaciones entre las comisiones de trabajo establecidas por los gobiernos de México y Estados Unidos para resolver el problema del cuello de botella generado en el intercambio comercial, turístico y flujo de personas entre ambos países, tras el sellamiento de la frontera decretado por el gobierno estadunidense luego de los atentados en Nueva York y Washington, que ha afectado la competitividad de la región en el mercado internacional.

El tema de la distribución de los recursos hidráulicos que comparten ambos países en la cuenca del río Bravo estuvo marcado como principal prioridad. Sin embargo, la posición del gobernador de Texas, Rick Perry, quien insiste en el pago del adeudo de agua que tiene México para beneficiar a los productores de su estado, logró postergar el punto para dejarlo en una mesa de análisis, que será manejada en una subcomisión de la comisión de asuntos ambientales creada ex profeso.

Por esa razón la declaración conjunta de la 21 conferencia sólo se limitó a recomendar a los gobiernos federales de México y Estados Unidos que "las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la US Enviromental Protection Agency sirvan de anfitriones de una sesión de planeación estratégica.

Contrario a la opinión del texano Perry, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, expresó su convicción de que la región conformada por la cuenca del río Bravo está sufriendo una grave escasez de agua que hace prácticamente imposible las entregas del recurso por parte de México, contempladas en el tratado de 1944.

En su discurso como nuevo presidente de la conferencia de gobernadores, Richardson admitió que la sequía afecta por igual a los estados de ambos lados del Bravo, porque en Nuevo México y Chihuahua las presas están semivacías.