Se legalizarían fragmentación y precarización del trabajo, sostiene

Alerta sociólogo sobre riesgos de la ley Abascal

JOSE GALAN

La ley Abascal, o las reformas a la Ley Federal del Trabajo, legaliza la fragmentación y la precarización del trabajo en las relaciones laborales individuales y colectivas; reafirma el control del gobierno sobre sindicatos y contratos, y refuerza el control de los dirigentes corporativos sobre los contratos colectivos, protegiéndolos de la competencia de movimientos democráticos, afirma Armando Rendón Corona, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, en el análisis Ley Abascal 2002. El nuevo dominio del capital sobre el trabajo.

Sostiene que ese proyecto es, en esencia, resultado de un arreglo empresarial "tramado por un gobierno de y para empresarios", operado por el dirigente empresarial "de extrema derecha habilitado como secretario del Trabajo; la elite empresarial del siempre corporativo y trasnacionalizado Consejo Coordinador Empresarial, la cúpula sindical del Congreso del Trabajo, verdaderos empresarios del negocio de los contratos colectivos, y empresarios privados ellos mismos".

Advierte que, según han declarado los dirigentes patronales, es el comienzo de una reforma permanente a la legislación laboral, es decir, "una paciente obra de destrucción del derecho laboral y que, según su cálculo, les evitaría concitar la resistencia generalizada.

"En calidad de iniciativa de ley no fue presentada ni por el gobernante Partido Acción Nacional, ni directamente por el gobierno, sino por la diputación 'obrera' del Revolucionario Institucional con aval de diputados de ambos partidos y el oportuno Verde Ecologista, en los últimos días del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en diciembre de 2002."

Sostiene que los "empresarios políticos" no se arriesgaron a quedarse solos en el proceso legislativo. Prefirieron valerse de los "líderes corporativos" para mejorar su posición en los cabildeos. "No es casual. El proyecto fue modificado en varios puntos para satisfacer a los llamados líderes sindicales y otorgarles un blindaje legal contra cualquier eventualidad democrática que arriesgara su dominio vitalicio sobre los sindicatos".

El contenido del proyecto, afirma, "es del todo ajeno a los principios que enuncia": justicia social en las relaciones de trabajo; democracia sindical; libertad de asociación, "y no tiene ninguna consecuencia en la creación de empleos".