Miguel Concha

Posicionamiento social y ciudadano

Ante la ausencia de propuestas de la mayor parte de los partidos políticos, y el alejamiento de los representantes electos de las expectativas reales de la mayoría de la sociedad, es imprescindible que los ciudadanos vuelvan a plantearse sus problemas y soluciones, sobre todo tomando en cuenta que en el pasado sus iniciativas fueron ahogadas por agendas y prioridades que les eran ajenas. Entre los puntos a considerar se encuentra la imperiosa necesidad de seguir promoviendo desde abajo la transición a una democracia integral, que tenga como objetivo cambios estructurales que hagan justiciables y exigibles los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población, tan irresponsablemente omitidos desde hace 20 años en las políticas económicas y sociales.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México en 1981, estableció en 1996 normas con poder vinculante, que obligan al Estado a respetar, proteger y promover estos derechos; a garantizar su disfrute de manera igualitaria y sin discriminación alguna; a adoptar medidas diferenciales a favor de las mujeres y grupos vulnerables e históricamente desprotegidos; a hacerlo de forma inmediata y hasta el máximo de sus posibilidades, y a hacer progresar, nunca retroceder, el disfrute de estos derechos.

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, igualmente aprobada por México en 1986, al clarificar la conexión entre derechos humanos y el desarrollo, estipuló que todos los estados "tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas, con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos, sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios de éste".

México aprobó además en 1996 el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de garantías económicas, sociales y culturales, y al hacerlo reafirmó su propósito de "consolidar, dentro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, y considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, y la de los derechos civiles y políticos".

En este sentido, es urgente que las organizaciones civiles y sociales, en diálogo con sectores académicos comprometidos, se reorganicen para, entre otras cosas, hacer valer con fuerza en la opinión pública y ante el Congreso su posición frente a las reformas que se negocian a sus espaldas. Entre los temas de las distintas agendas que se podrían acordar, fundamentar y concretar están los siguientes: no a reformas hacendarias inequitativas, sí a la equidad de esta reforma, orientándola hacia los ingresos acumulados; no a presupuestos restrictivos para pagar deudas dudosas, sí a presupuestos para crecer con respeto y promoción a los derechos económicos, sociales y culturales; no a reformas estructurales sin el contrapeso de la equidad, sí a las reformas en un marco de reforma social profunda, que garantice sus beneficios a las mayorías; no a la designación de consejeros ciudadanos del IFE únicamente en manos de partidos, sí a la consulta con las organizaciones civiles, y a garantizar un perfil institucional honorable y ciudadano de los candidatos; no a la continuidad de un sistema de justicia ineficiente y con represión policiaca, sí a la reforma judicial integral, y a la seguridad con participación comunitaria; no a reformas políticas para consolidar una partidocracia, sin compromisos con la sociedad, sí a una reforma política que reduzca razonablemente el costo del sistema de partidos, de las elecciones, y que establezca rendición de cuentas, reglas de cabildeo y sistemas de consulta a la sociedad por parte de los congresos.

Estos son algunos de los temas sobre los que diversas organizaciones civiles y redes han iniciado un proceso de construcción de consensos, a fin de proponer próximamente mecanismos eficaces de diálogo con el Congreso, dada la decepcionante experiencia que en el pasado reciente ha tenido la sociedad en sus interlocuciones con el órgano legislativo. Para ello es urgente antes que nada hacer valer la primera propuesta que surgió del llamado Consenso de Xicoténcatl: establecer dentro de la Ley Orgánica del Congreso y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso los mecanismos de enlace con la sociedad civil, a fin de escuchar sus consideraciones y propuestas, dar seguimiento y estrechar la colaboración en los asuntos de interés común, otorgando certidumbre jurídica al grado de su participación en el proceso legislativo.