Los nativos sólo servirán de mano de obra barata, dice

Consejo indio pide a la ONU medidas urgentes ante el PPP

El megaproyecto destruirá ecosistemas y biotopos únicos, insiste

ROSA ROJAS

El Consejo Internacional de los Tratados Indios (CITI) solicitó ayer a la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sesionó en Ginebra, Suiza, que frente a las afectaciones que ocasionará el Plan Puebla-Panamá (PPP) a 200 pueblos indígenas de México y Centroamérica, "adopte medidas urgentes, oportunas, adecuadas y eficaces para garantizar a los pueblos el goce y ejercicio de todos sus derechos económicos, sociales y culturales".

Marcelino Díaz de Jesús, presidente del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas e integrante de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, señaló que para el CITI "es causa de gran preocupación" la existencia del megaproyecto económico llamado PPP, impulsado por compañías trasnacionales y defendido y apadrinado por gobiernos centroamericanos, que abarca desde el estado de Puebla, en México, hasta Panamá, el cual, según sus impulsores, traerá el desarrollo y el progreso para todos los habitantes de la región.

Advirtió, sin embargo, que el PPP tiene como eje central "la explotación de los recursos naturales que, en general, se encuentran en tierras indígenas". El plan, dijo, engloba un millón 23 mil kilómetros cuadrados, y allí se encuentran miles de especies animales (mamíferos, reptiles, anfibios y pájaros) y 16 mil variedades de plantas, así como una riquísima diversidad de recursos biogenéticos. Así, al explotar las selvas y otros recursos naturales, el megaproyecto destruirá ecosistemas y biotopos únicos, además de centros arqueológicos y ceremoniales nativos. "El plan sólo contempla la participación de los indígenas como mano de obra barata y servil".

Agregó que el modelo de desarrollo que impulsa el Plan Puebla Panamá es bien conocido por los indígenas de Oaxaca, en México. Puso como ejemplo el balneario de lujo de Huatulco, en la costa del oceáno Pacífico, con hoteles de cinco estrellas y campos de golf. "Para construir este paraíso turístico, el Fondo Nacional del Turismo, en 1984, expulsó de sus 21 mil hectáreas a siete comunidades zapotecas pagando ridículas indemnizaciones previstas en una supuesta 'ley de interés nacional'. Tres dirigentes zapotecas, opositores al proyecto, fueron asesinados entre 1989 y 1992. El Plan Puebla-Panamá prevé balnearios de lujo que afectarán a otras comunidades de la región".

Díaz de Jesús denunció que otro proyecto incluido en el PPP es el de la crianza de camarón, impulsado por una compañía trasnacional en tierras y aguas de la comunidad Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La comunidad constituyó el Consejo Ciudadano Unihidalguense, para oponerse a este proyecto porque, "sin su autorización, acuerdo ni consentimiento se ubica en tierras de la comunidad, porque afecta al medio ambiente y porque perderán fuentes de alimentación y de trabajo".