Cuando Miguel de la Madrid reprivatizó parcialmente los bancos nacionalizados en el sexenio anterior, cuando Carlos Salinas culminó la entrega de esas entidades a manos privadas y cuando, posteriormente, Ernesto Zedillo ideó un saqueo de las arcas nacionales para rescatar a los banqueros de su propia corrupción e ineficiencia, se alzaron en el país numerosas voces que advertían de los peligros y de la enorme inmoralidad de hipotecar el futuro de México con el exclusivo propósito de beneficiar a un grupo de especuladores.

Ese futuro ya ha llegado: los peores pronósticos se han cumplido y el país se encuentra en efecto hipotecado. Desde su inicio, en diciembre de 2000, el gobierno de Vi- cente Fox ha entregado a las instituciones bancarias privadas un promedio mensual de más de 2 mil 200 millones de pesos por concepto de intereses generados por la deuda pública en que se convirtió, gracias a los legisladores priístas y panistas, el desfalco privado de los bancos. En los últimos cuatro años del zedillato los banqueros recibieron, primero vía el Fobaproa y después por medio del IPAB, cientos de miles de millones de pesos provenientes de los bolsillos del resto de los mexicanos.

Cuando se hartaron, vendieron sus bancos a grupos extranjeros, los cuales siguen beneficiándose hoy en día con los turbios manejos perpetrados en los dos sexenios anteriores. Se argumentó desde el poder, en esa docena trágica del salinismo, que el país no podía prescindir de sus instituciones bancarias y que la banca nacional era indispensable para el desarrollo y para una reactivación económica hipotética que hasta la fecha no ha llegado. Sin embargo, hoy, con la sola excepción de Banorte, todos los bancos privatizados por Salinas y rescatados por Zedillo se encuentran en manos extranjeras, las cuales han resultado ser las beneficiarias netas del saqueo legalizado por priístas y panistas.

En casi cualquier otro país los bancos viven del diferencial entre los intereses que pagan a los ahorradores y los que cobran a sus deudores. En México, en cambio, la banca privada no necesita prestar dinero a las personas físicas y morales, toda vez que para generar utilidades le basta recibir, mes a mes, de manera automática, sumas astronómicas procedentes de las arcas públicas.

Los planes crediticios en existencia son, por norma general, meros operativos de lavado de imagen pública y no abundan los particulares que se arriesgan a contratarlos. La banca privada, en suma, no sólo no contribuye a la reactivación productiva de la economía nacional, sino que representa un lastre -es decir, un pasivo- equivalente a 920 mil millones de pesos (15 por ciento del PIB), que es el total de la deuda pública contraída por el país -es decir, por el gobierno de Ernesto Zedillo a nombre del país- con los bancos por medio de los bonos del IPAB.

El actual gobierno ha destinado más de 64 mil millones de pesos a cubrir los intereses de esa deuda inmoral y asfixiante que constituye, para mayor agravio, el principal obstáculo para que el país empiece de una vez por todas a atender sus lacerantes problemas de educación, salud, marginación, empleo y seguridad.

En estas circunstancias, es claro que deben redoblarse las exigencias para que se limpien al menos los desaseos más flagrantes cometidos a la sombra del rescate bancario. En esta perspectiva es esperanzador el trámite iniciado ayer por la Auditoría Superior de la Federación para que el gobierno federal "recupere y en su caso descuente" 50 mil 316 millones de pesos a Bancomer, Bital y Banamex, por créditos que no debieron incluirse en el Fobaproa.