Perdida, acta de sesión del órgano realizada en 2000

Pide la PGJDF datos que exculparían a ex tesorero de la ALDF inhabilitado

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó a la Asamblea Legislativa que le remita copia del acta de la sesión del 11 de septiembre de 2000, en la que los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática (PRD) en la pasada legislatura, Manuel Aguilera, Miguel Hernández Labastida y René Arce, respectivamente, acordaron que César Cordero Madrigal, ex tesorero, mantuviera en resguardo los documentos que avalan los gastos realizados de enero a septiembre de ese año, en el rubro de compensaciones por servicios especiales, gastos de propaganda, impresiones, publicaciones oficiales y gastos de difusión e información.

En mayo pasado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Asamblea presentó una denuncia de carácter penal ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF, debido a que el ex tesorero no presentó los documentos oficiales que avalaran el gasto de 74 millones 386 mil 112 pesos ejercidos en el periodo mencionado y se presumía la comisión de un delito.

A la par, la Contraloría Interna de la Asamblea inhabilitó a ese funcionario por 10 años, por esa misma situación.

Ya en el desarrollo de la averiguación previa FSP/BTl/898/03-05 se argumentó la existencia de dicha acta de la Comisión de Gobierno del 11 de septiembre del 2000. Ese documento señala "que el archivo correspondiente al capítulo 4000 se quede bajo resguardo del C. César Cordero, y en caso de reapertura, tendría que hacerse por acuerdo de los suscribientes de esta acta", es decir, de Arce, Aguilera, Hernández Labastida, y de René Rodríguez, del Partido del Trabajo, y Yolanda Tello, del PRD, quienes lo rubricaron.

Incluso, se detalla: "por el cierre financiero de la Asamblea y la previsión de impuestos quedó un remanente de alrededor de 3 millones 500 mil pesos", de los cuales se usaron 400 mil pesos para la instalación de la nueva Asamblea, e instruye que el resto (3 millones 100 mil pesos) "se canalice a los grupos parlamentarios de manera proporcional al número de integrantes, para difusión de sus trabajos y que cada grupo decida al respecto".

A pesar de que el acta se firmó en 2000, nunca nadie en la actual legislatura supo dónde estaba. De hecho, Guillermo Orantes, contralor interno de la Asamblea, dijo ayer que dio un plazo de 20 días a Cordero Madrigal para que presentara una copia del oficio "pero nunca lo hizo", por lo que se le inhabilitó.

La cuestión es que en ningún área administrativa de la ALDF se conocía del paradero del documento, que puede ser fundamental para determinar si se exonera a César Cordero Madrigal o se le imputa algún delito y, por ende, el correspondiente castigo penal.