Edgar Gutiérrez*

El reto de la democracia en Guatemala

¿Se puede construir la democracia sin demócratas? Tras la etapa más cruenta de la guerra civil, Guatemala abrió una transición democrática con Constitución, un andamiaje institucional básico y gobiernos civiles electos. Fue, sin embargo, una transición sucia, pues a la par de la legalidad formal coexistía la lucha armada y sus métodos clandestinos contra una guerrilla diezmada pero activa en la arena internacional. Entonces las violaciones a los derechos humanos no eran masivas, sino selectivas, con el objetivo contrainsurgente de debilitar la inserción de las fuerzas rebeldes en la política local.

Bajo condiciones de sitio político, los demócratas quedaron reducidos a la marginalidad. Dispersos como poder electoral, buscaron refugio en la academia y las organizaciones no gubernamentales, o incursionaron individualmente en los partidos mayoritarios de derechas, de corte empresarial y militar. Algunos intelectuales formados por el viejo líder anticomunista Mario Sandoval trataron de abrirse paso desde posiciones centristas modernas, inspirados en la transición española.

Ambas escuelas, desde posiciones de poder real subordinadas, buscaron influir en la redacción de las leyes y en el diseño de una agenda de democratización del Estado en los años 80. También contribuyeron a negociar los acuerdos de paz en los 90, y enriquecieron la agenda democrática del país en los últimos cuatro años.

Los límites de la democracia, la paz y el desarrollo en Guatemala son los de los demócratas que no volvieron conversas a las elites políticas de la oligarquía y la casta militar. Son también los límites de las múltiples formas de incidencia y presión de la comunidad internacional. Las elites se sofisticaron en maneras y lenguaje, pero su cultura de poder es aún inconmovible.

Bajo la sombra de los aparatos militares, los guatemaltecos despertamos a las libertades civiles en el gobierno de Vinicio Cerezo. Y aunque los siguientes tres gobiernos cumplieron las tareas formales de la democracia, los asuntos de fondo continuaron pendientes. Parte del aparato contrainsurgente se dislocó entre mafias corruptas y crimen organizado; las negociaciones de paz no alcanzaron a desmantelarlo. El Estado quedó secuestrado por las oligarquías, resistentes sistemáticas al pago de impuestos y alérgicos a la existencia de una clase política autónoma.

En esas condiciones no es extraño que después de 20 años de democracia los territorios azotados por la extrema pobreza se hayan duplicado; que la clase política y los partidos estén confinados a la impotencia y, por tanto, a la vindicta popular, mientras la justicia permanece postrada ante el imperturbable monumento de la impunidad. Es una impunidad sistémica: en derechos humanos, asuntos fiscales, laborales y agrarios, corrupción, criminalidad, discriminación y racismo.

La paradoja de la historia es que no fueron las izquierdas insurrectas ni los demócratas, sino el controversial general Efraín Ríos Montt y su partido, el FRG, quienes expusieron la disfunción del sistema cuando apoyaron que Alfonso Portillo ejerciera la presidencia. Portillo comenzó a desnudar el régimen de privilegios de la oligarquía, pero su legitimidad fue minada por la reputación internacional de Ríos Montt -comparada con la de Pinochet- y la pervivencia de un Estado estructuralmente corrupto e ineficiente. Portillo es un demócrata sin muchos demócratas a su alrededor, pero con suficientes opositores de la oligarquía cuya influencia en los mercados, los mass media y grupos de la sociedad civil, es aplastante.

Hoy día Guatemala está ante una prueba democrática anormal. El 9 de noviembre deberán celebrarse elecciones. Tal como lo hizo en 1990 y 1995, Ríos Montt pidió participar. En aquellos años se le negó la inscripción, pues existe un artículo constitucional ad hoc que proscribe optar a la presidencia del país a quien encabece un golpe de Estado, y a sus descendientes (es curioso que sí puede ser diputado; es más, Ríos Montt ha sido presidente del poder más democrático del estado, el Congreso, en cinco ocasiones). Sólo los votos minoritarios de dos juristas independientes, el ex presidente de la Corte Suprema, Edmundo Vásquez, y el ex ministro de Jacobo Arbenz, Héctor Zachrisson, le dieron la razón en aquellas dos ocasiones.

Esta vez logró una resolución a su favor en la Corte de Constitucionalidad. Pero su mayoría es inestable y resulta altamente probable que le nieguen otra vez la inscripción. Y es que además de haber oligarcas ofendidos, a la sociedad civil y la comunidad internacional les resulta difícil explicar cómo bajo las reglas de la democracia adquiere tanta ascendencia sobre las masas empobrecidas un personaje que ya sólo habla en ciertas novelas de Vargas Llosa, Roa Bastos y Asturias.

El 24 de julio por la madrugada, simpatizantes del FRG ocuparon calles de los barrios exclusivos de la capital. Con pasamontañas, al estilo zapatista, y algunos vistiendo playeras con grabados del Che Guevara, lanzaron consignas contra los oligarcas, fueron hostiles con los periodistas y exigieron la inscripción de Ríos Montt. Treinta y seis horas después abandonaron la ciudad. La prensa denominó este episodio como "jueves negro" e increpó a las autoridades por no haber reprimido a los manifestantes. El presidente Portillo dijo que bajo su gobierno ninguna protesta había sido reprimida, fuese de campesinos, sindicalistas, maestros o partidos. Pero ofreció sacar al ejército para controlar disturbios. Como los soldados en las calles fueron pocos y operaron sólo en zonas periféricas, el presidente fue acusado de violar la ley.

Esta vez se interrumpió súbitamente la tradición de rechazo de la sociedad civil a que los gobernantes acudan al ejército para controlar desórdenes sociales. Y todos criticaron a la policía por sus buenas maneras, no obstante que el alarmante desafío del FRG al orden público no cobró víctimas directas. Con las elites exacerbadas, con la política judicializada y la inmensa mayoría de la población ajena a las elecciones; en medio de acusaciones de fraude -por demás improbable- y rumores de golpes de Estado, Guatemala entra en la recta final de unas elecciones que han desvelado el agotamiento del régimen institucional y jurídico, asomando la urgencia de reformas profundas y el liderazgo de demócratas auténticos, no de conveniencia. Este es el nuevo trance de la democracia en Guatemala, y trabajamos para que ésta salga bien librada.