Presiona el ex dictador para presentarse en los próximos comicios presidenciales

Si Ríos Montt es candidato, vendrá "un fraude gigantesco", advierte diputada

"Provoquen caos", la orden a indígenas que causaron disturbios la semana pasada

BLANCHE PETRICH

Haciendo el recuento de los daños, después de los dos días de sitio que vivió la capital guatemalteca, invadida el jueves por grupos paramilitares del partido oficial Frente Republicano de Guatemala, la diputada y activista de derechos humanos Nineth Montenegro alerta sobre la amenaza de que en ese país centroamericano vuelva a quebrarse el estado de derecho: "šTantos años de lucha y de sangre que nos ha costado la democracia, y todo puede perderse ahora!"

En efecto, el fantasma de los golpes de Estado que Guatemala sufrió en abundancia a lo largo del siglo pasado gravitó pesadamente el día 24. Y puede volver.

Desde los departamentos indígenas que en los 80 y 90 fueron escenarios de numerosas matanzas -Totonicacán, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Chiquimula y las Verapaces- llegaron en la madrugada del jueves centenares de autobuses en un operativo perfectamente sincronizado. Según los prolijos reportes de los periódicos locales, las alcaldías gobernadas por el FRG, "el partido del general", pagaron el transporte y una cuota de 50 quetzales por cada voluntario. En la capital, hombres bien organizados esperaban a los indígenas. Les distribuyeron pasamontañas, garrotes y a algunos, armas de fuego. Los enviaron en formación militar a distintos blancos con órdenes precisas: "Provoquen caos y protesten contra los que se oponen a la inscripción del general como candidato a la presidencia".

Disciplina militar

Vehículos bien abastecidos de gasolina los llevaron a rodear la Corte de Constitucionalidad, el tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Municipalidad, Finanzas, la zona residencial 14, donde viven, entre otros, el ex presidente Alvaro Arzú y el procurador de Derechos Humanos Sergio Morales, y la zona 10, donde se concentran las redacciones de la mayoría de los diarios del país. También fue rodeada la torre de oficinas del Centro Empresarial, cuyos hombres de negocios se oponen a que las autoridades electorales den luz verde a la candidatura del militar.

De una distribuidora de llantas casualmente llamada Ríos -negocio familiar del ex dictador- salieron los neumáticos para las barricadas. De los comités departamentales del partido del presidente Alfonso Portillo salieron los fondos para distribuir los puntuales y abundantes almuerzos que les sirvieron a los amotinados.

Durante la violenta jornada murió de un infarto Héctor Ramírez, veterano periodista que huía, con muchos otros colegas, de las turbas que los perseguían y amenazaban con prenderles fuego. Más de 90 empleados de la Corte permanecieron sitiados todo el día hasta que, al anochecer, fueron rescatados por la policía. A los hospitales pronto empezaron a llegar heridos de pedradas y golpes, gente atropellada por los llamados "bochincheros", que arremetían contra quien tuvieran enfrente al grito: "šRíos Montt, sí se puede!" Al frente de las acciones se observaban hombres con práctica de mando de tropa, armados y con la cara cubierta. En la retaguardia otros individuos portaban radios y celulares. Una flotilla de vehículos con las placas cubiertas de lodo proporcionó el soporte logístico durante todo el sitio.

Rodolfo Rohrmoser, magistrado de la Corte de Constitucionalidad que votó en contra de permitir la inscripción de la candidatura, fue sitiado en su domicilio. Fue necesario que la procuraduría de derechos humanos le enviara un helicóptero para que pudiera evadir el cerco de encapuchados. Políticos, candidatos, dirigentes sociales y hasta los líderes de la poderosa confederación empresarial Cacif tuvieron que desaparecer de la escena pública mientras duró la tormenta.

Más que prudente, el presidente Portillo no apareció en cadena nacional hasta la tarde, para asegurar que pronto todo estaría en orden otra vez. No sin lanzar una sentida arenga en defensa de la libertad de los manifestantes. Pero las fuerzas especiales del ejército -institución que tiene como jefe del estado mayor de la Defensa a Enrique Ríos, hijo del general golpista- y la policía nacional no intervinieron mientras duró el pandemonio de las turbas ferregistas.

Las viejas PAC, vivitas y coleando

Desde las primeras elecciones de la posguerra, a principios de los 90, el viejo general, ahora de 77 años, intentó regresar al poder que tomó por asalto en 1982. Pero un mandato constitucional, el artículo 186, prohíbe aceptar en las contiendas electorales a quienes hayan participado en golpes de Estado. En cada periodo electoral, Ríos Montt lo intenta. Con el tiempo sus abogados han encontrado los resquicios necesarios para lograrlo.

Más aún, el dictador que barrió con más de 40 comunidades indígenas en los 80 ha construido poder económico y político en las últimas décadas tanto a la luz de los negocios públicos como a la sombra del narcotráfico y sus mafias. Es líder de la mayoría en el Congreso. Miembros de su familia ocupan puestos claves en los cuerpos de seguridad. Oficiales del ejército fieles a su "general" acumularon grandes extensiones de tierras, de donde fueron desplazados decenas de miles durante la guerra, y hoy ejercen fuerte control en las principales regiones mayas. Poder detrás del trono de Portillo, pone y quita a buen número de magistrados en los distintos tribunales del país. Así consiguió recientemente que en una primera instancia la Corte de Constitucionalidad votara en favor de su ilegal candidatura.

Pero la espina dorsal de su poderío es la vieja estructura paramilitar que implementó en 1981 y fue clave para someter a los pueblos de las zonas en conflicto. Se llamaron las Patrullas de Autodefensa Civil. Hombres y niños de cada aldea eran obligados a incorporarse a las PAC y servir primero de guías y después como punta de lanza en la guerra contra la guerrilla. Los que aceptaban recibían un arma y un lugar en la sociedad. Quienes se negaban eran asesinados.

Uno de los primeros acuerdos de paz ordenaba la disolución de las PAC. Fue letra muerta. Las PAC crecieron, fueron alimentadas con una doctrina ultraderechista y cohesionadas bajo el férreo control que combina el hambre, la represión y las compensaciones a sus hombres más brutales.

La impunidad cimentó esta fuerza paramilitar. Durante años, ante la inviabilidad de todos los juicios que se interpusieron por matanzas y asesinatos en los años de guerra, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú pidió al juez español Baltasar Garzón que la Audiencia Nacional atrajera el caso del genocidio en Guatemala en los años de Ríos Montt. El juzgador estrella en los casos de jurisdicción humanitaria universal nunca se interesó en la demanda de la india quiché.

Hace cuatro años, el partido del general logró poner a Portillo en la presidencia, con lo que llamaron "el voto verde". Fue su primera demostración de fuerza de las PAC. En junio del año pasado escaló otro nivel. Organizadas en torno a una demanda que exigía al gobierno una enorme suma de dinero a título de "resarcimiento" por los sufrimientos de la guerra, las viejas PAC, ahora integradas por jóvenes de otra generación, asaltaron la zona turística de Tikal, doblegando así la resistencia por su desmedida exigencia. Fue un ensayo general. La semana pasada empezó la función. El general lo advirtió: "Estamos llegando a un punto en que se pueden salir de control las cosas".

Como la mayoría de los defensores de derechos humanos de Guatemala, Nineth Montenegro, fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo y diputada por la Alianza Nueva Nación, es sobreviviente de los años en que gobernó el país el general Efraín Ríos Montt, dos años sangrientos durante los cuales se cometieron 81 por ciento de los 200 mil asesinatos y desapariciones que dejó la prolongada guerra.

Por eso habla con memoria: "Ríos Montt no está dispuesto a abandonar su espacio. Ante el repudio generalizado frente a su candidatura, hace una demostración de poder. No estamos necesariamente frente a un golpe de Estado; más bien lo que se perfila, de lograrse su registro, es un fraude electoral gigantesco".

Desde fuera resulta incomprensible entender cómo un personaje con esa historia puede volver al gobierno de una nación. Nineth Montenegro se lo explica: "Las PAC siguen vivas por la ausencia de una memoria colectiva en Guatemala. Ríos Montt se aprovecha de la ignorancia del campesino, de su necesidad, del descrédito de los políticos y de que la sociedad, en general, desconoce su historia. Así, si no conocemos nuestra historia, no podemos elegir nuestro futuro. Eso él lo entiende bien. Esos son los hilos que mueve".