Procesados podrían quedar en libertad, advierte Fungairiño

La fiscalía española reitera su oposición a juzgar delitos de las dictaduras de AL

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 28 de julio. Eduardo Fungairiño, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, reiteró hoy su posición sobre los procesos en este país a responsables de delitos de lesa humanidad de las dictaduras de Argentina, Chile y Guatemala: los tribunales españoles no son competentes para juzgar los crimenes cometidos en esos países, por lo que si se decide extraditar a los 46 militares argentinos reclamados por el juez Baltasar Garzón "se corre el riesgo de que queden en libertad", advirtió.

Respecto de la posibilidad de que los militares de la última dictadura militar argentina (1976-83) requeridos por Garzón comparezcan ante el magistrado de la Audiencia Nacional, el máximo representante del Estado español ante esa instancia, el fiscal Fungairiño, insistió en que los procesos no son de su competencia, por lo que no tienen -a su entender- ninguna validez jurídica.

Fungairiño, nombrado por el presidente del gobierno español, el derechista José María Aznar, ha bloqueado las querellas y procesos relacionados con las pasadas dictaduras latinoamericanas, a pesar de los dictámenes suscritos por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y del propio Tribunal Supremo, que dieron luz verde a los procesos.

El fiscal reiteró que se opondrá a que se sometan a proceso de extradición los 46 militares y policías argentinos reclamados por Garzón, y explicó que "si son extraditados a España se corre el riesgo de que queden en libertad, porque la justicia española no es competente para juzgarlos por presuntos delitos cometidos en Argentina".

Además, debido a que España no entregaría a sus ciudadanos a Argentina por ilícitos cometidos en ese país, Argentina "tampoco debería entregar a sus nacionales por delitos" cometidos en su territorio.

Además, reiteró que en caso de que la justicia argentina derogue las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impiden juzgar a los represores, España ofrecería la posibilidad de extraditar al ex marino y represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, extraditado en junio por México a España.

Al respecto, Carlos Slepoy, abogado de la acusación popular, dijo a La Jornada que la postura de la fiscalía es "normal" y responde a la estrategia que mantiene el gobierno español en estos procesos, pero estimó que tiene pocas "probabilidades de prosperar", ya que "tenemos el amparo de dos sentencias que han confirmado la competencia de los tribunales españoles en estos procesos".

Sobre el caso Cavallo, estimó que será juzgado en España, y dijo que el asunto "es muy importante porque establece la legalidad que se había estado violando durante tanto tiempo, puesto que el principio de territorialidad se había convertido en un principio de impunidad".

Para Slepoy, la extradición de Sérpico, como conocían a Cavallo, "es un hecho fundamental" que sirvió para reabrir en Argentina el debate sobre las leyes de impunidad y para permitir que el gobierno de Néstor Kirchner pudiera derogar un decreto presidencial de 2001 que impedía la extradición de los represores.

Por otra parte, el Parlamento israelí aprobó este lunes pedir a Argentina la extradición de militares involucrados en los asesinatos de judíos durante la dictadura.