Notifica el juez Canicoba Corral a la cancillería sobre la captura de 44 represores

Diputados argentinos impulsarán la derogación de las leyes de impunidad

El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel pide participar en el juicio contra los ex militares

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 28 de julio. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ya remitió a la cancillería las notificaciones sobre la detención de los militares represores de la última dictadura argentina (1978-83) solicitados por el juez español Baltasar Garzón. Mientras tanto, esta mañana se entregó a la justicia el general retirado Jorge Olivera Rovere, lo cual eleva a 44 el número de requeridos que han sido aprehendidos. Los dos que faltan para completar la lista podrían ser declarados prófugos en las próximas horas.

En tanto, ante los rumores sobre las posibles excarcelaciones de los detenidos y la obstaculización de la fiscalía de la Audiencia Nacional española a las extradiciones, organismos humanitarios encabezados por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel se reunieron esta mañana con el juez Canicoba Corral para expresarle su apoyo, ponerse a disposición del juzgado y solicitar su participación en el expediente.

Argentina sigue conmocionada por el rápido cumplimiento judicial de las solicitudes de detención enviadas por Garzón de 45 militares y un civil, tras la decisión del presidente Néstor Kichner de derogar el decreto que impedía las extradiciones. Pero el camino es muy complejo y la reacción de los sectores derechistas ligados a los militares de la dictadura cobra fuerza, pese a la posición popular local, que respalda un camino de justicia "ya".

Esta mañana el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Béliz, calificó de "grupos minúsculos" a quienes rechazan la extradición de los acusados por crímenes de lesa humanidad, y criticó que se escuden en temas de soberanía y territorialidad, mientras robaron a Argentina en una "orgía" de corrupción.

Las leyes de impunidad

Además de estos avances sorpresivos existe una fuerte expectativa por lo que sucederá con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986-1987), conocidas como de impunidad, ya que impidieron los juicios a responsables de crímenes de lesa humanidad, pues el próximo 12 de agosto habrá una sesión especial en el Congreso en la que se debatirá el tema.

El abogado Carlos Zamorano, que interviene en varias causas contra los militares de la dictadura, expresó a La Jornada que existe un proyecto firmado por 37 diputados, aunque la sesión legislativa no puede decidir una modificación de estas leyes, derogadas por anticonstitucionales por dos jueces en 1998. Sin embargo, aunque un pronunciamiento sí tendría peso, la última palabra, o sea la anulación, corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

Pero aun así el camino para los juicios es largo. El abogado Zamorano y la mayoría de los familiares estiman que sería mejor juzgar aquí a los represores. "Sin embargo, ante todas las puertas cerradas, los argentinos, con todo derecho, buscaron resquicios para lograr juicio y castigo en otros lugares del mundo."

Incluso los militares detenidos podrían solicitar que se les juzgue aquí. Zamorano recordó que hay aprehendidos de edad superior a 70 años, ante lo cual la justicia prevé prisión domiciliaria. "La mayoría de los militares se ven favorecidos por su posición social, como otros personajes", pues ellos cumplen ese tipo de arresto, aunque en las cárceles hay personas de la misma edad que no tienen acceso a este beneficio por no tener vivienda o familia.

También recordó que la tarea de los jueces locales se facilita si los procesos se realizan aquí, al tener mayor cantidad de pruebas, testimonios y otros elementos jurídicos. "Hemos ido a golpear las puertas en Madrid porque aquí no podíamos, y hemos encontrado respuestas que han puesto a la luz nuestra lucha por la verdad y la justicia ante el mundo", añadió.

Funcionarios piensan que la mejor solución es que "no haya impunidad en el país". El ministro Béliz defendió que el Ejecutivo haya anulado un decreto que "consagraba un privilegio evidente entre todos los argentinos", y destacó que en "cualquier país del mundo, cuando hay una persona acusada por torturas y robo de bebés, es juzgada".

Ante las presuntas deliberaciones castrenses, dijo que "el principal malestar que puede tener un país es que haya impunidad". Los abogados de los militares, cuya voz más fuerte es la de Florencio Varela, consideran que las extradiciones son "jurídicamente inviables".

El fiscal Guillermo Marijuán, en tanto, señaló que se deben esperar los legajos con información completa de los acusados y las pruebas en su contra en un plazo para Garzón de 40 días, y recordó que aun si se conceden las extradiciones "los imputados tienen la opción de manifestar a la cancillería que prefieren ser juzgados en este país. Eso es independiente de lo que suceda con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida".

Mientras tanto, el presidente Kirchner se reunió brevemente esta tarde con los jefes militares, durante un encuentro que mantenían con el ministro de Defensa, José Pampuro, para analizar la situación. Lo cierto es que muchos de los requeridos que se presentaron a la justicia, envejecidos y algunos enfermos, ya no mostraban la desafiante prepotencia de otros tiempos.