Continúa en trámite la averiguación, según el Cejil

La CIDH aún no se pronuncia sobre el caso de Digna Ochoa

ONG analizarán el informe de la fiscal Margarita Guerra

BLANCHE PETRICH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se ha pronunciado -"ni podría hacerlo"- en favor o en contra de la forma en que la fiscalía especializada del caso Digna Ochoa concluyó su investigación y dictaminó un "suicidio simulado", ya que al tratarse de una averiguación que aún está en trámite, cualquier señalamiento "puede afectar la imparcialidad del proceso", indicó Juan Carlos Gutiérrez, representante del Centro de Justicia y Ley (Cejil), al comentar declaraciones recientes del director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco.

El viernes pasado, en entrevista con este diario, Vivanco señaló que en la comisión interamericana "existe la convicción" de que la abogada defensora de derechos humanos "se suicidó". Esta afirmación fue recibida con inquietud entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos mexicanas, que hoy sostendrán una reunión para analizar la polémica afirmación que hizo el dirigente de HRW.

Entre tanto, los abogados de Cejil Juan Carlos Gutiérrez y Viviana Kristicevic no han recibido aún notificación alguna sobre el informe de la fiscalía especializada. El Cejil representa legalmente a la familia Ochoa y Plácido, como parte coadyuvante del caso ante la CIDH. "Suponemos que ello se debe a que el proceso interno de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha concluido. Por eso señalamos que el dictamen de la fiscal Margarita Guerra fue prematuro. En cuanto tengamos la conclusión formal en nuestras manos, demandaremos una audiencia de la comisión, con la presencia del Estado mexicano, para controvertir la resolución, si fuera el caso", señaló Gutiérrez.

En cuanto a la posibilidad de que en la CIDH exista "convicción" de que la muerte contra Ochoa fue por un suicidio, Gutiérrez subrayó que los dos informes especiales del organismo, a cargo del perito asignado Pedro Díaz Romero, "no tienen ese alcance" ni el objetivo de sus peritajes fue establecer una posición al respecto.

"Hasta ahora lo único que ha hecho la comisión es determinar las fallas periciales, técnicas y científicas relacionadas con la investigación", señaló Gutiérrez. El Cejil, por su parte, basado en estos dos informes, ha insistido en que la fiscalía especializada no cumplió con las recomendaciones ahí asentadas.

En cuanto a las ONG mexicanas, algunos de sus representantes reconocieron que la declaración del representante de HRW "causó inquietud". Inicialmente, el colectivo de grupos humanitarios acordó no pronunciarse en torno a la conclusión de "suicidio simulado" hasta que el proceso interno de la PGJDF cumpla todas sus fases.

En estos días la coordinación de auxiliares de la procuraduría deberá recibir los expedientes para pronunciarse sobre la resolución de no ejercicio de la acción penal que dictó la fiscal especial. Posteriormente decidirá si abre un periodo para que la defensa de la familia Ochoa y Plácido, representada por el abogado José Antonio Becerril, presente pruebas que en principio fueron rechazadas por la fiscalía. No será sino cuando se agoten estas diligencias cuando pueda darse una resolución definitiva.

En su reunión de hoy, las ONG mexicanas analizarán varios aspectos relacionados con el informe que ofreció a la prensa la semana pasada la fiscal Margarita Guerra. Entre otros puntos, informó Eréndira Cruz, de Cencos, se hará una reflexión acerca de la definición de quiénes deben ser considerados defensores de derechos humanos.

"El comentario de que Digna Ochoa no debe ser considerada como una defensora en riesgo, porque no era representante legal de las víctimas en todos los casos en los que participó, nos remite a un viejo debate que inició en su momento el ex procurador general Jorge Carpizo, que quería reducir a ese ámbito el papel de los defensores. Pensábamos que esa vieja polémica reduccionista estaba superada, pero vemos que no."

Otro punto de la agenda de las ONG es evaluar si la mesa interdisciplinaria de defensores de derechos humanos, que se estableció por primera vez por disposición presidencial a raíz del asesinato de Digna Ochoa, con sede en la Secretaría de Gobernación, realmente está funcionando o no.

"Algunas organizaciones percibimos que a pesar de que se mantiene la rutina de reunirnos una vez al mes con el titular de Gobernación, Santiago Creel, el intercambio se ha ido sedimentando. Necesitamos revitalizar la discusión sobre las cuestiones de fondo: la eficacia de las medidas cautelares, la situación de alto ries- go de los defensores, en especial en zonas de conflicto, y la existencia de un verdadero clima de libertades para la promoción y defensa de los derechos humanos", señaló Eréndira Cruz. "Solo así habrá verdadera interlocución. Si no se logra, la me- sa quedará como un acto más de relumbrón."