Arturo González de Aragón a diputados

''Fui objeto de una perversidad''

ENRIQUE MENDEZ

El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, compareció el lunes de la semana pasada, en forma ''voluntaria, espontánea y de buena fe'', y en calidad de testigo, ante la Procuraduría General de la República, aun cuando el Ministerio Público Federal había precisado que no tenía ninguna investigación en su contra, y ayer dijo a los diputados de la Comisión de Vigilancia que fue objeto de ''una perversidad; fue una situación enojosa''.

Durante la reunión en la que presentó su informe sobre qué entidades públicas solventaron las observaciones a la cuenta pública de 2001, resaltó: ''Intentaron con ello socavar el prestigio del auditor y del órgano de fiscalización''. En respuesta recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios representados en la comisión, y el más extenso fue del diputado del PRD José Antonio Magallanes.

También entregó a los legisladores un sobre con las partes sustantivas de su declaración ministerial -se le hicieron 29 preguntas-, documento en el cual señala que se reservó ''el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes por el daño moral y menoscabo a mi prestigio personal que las falsas imputaciones me han ocasionado''.

El 8 de julio pasado, González de Aragón fue acusado de cobrar indebidamente más de 1.8 millones de dólares durante el sexenio de Carlos Salinas, y de triangular esos recursos a una cuenta de Raúl Salinas, señalamiento que se hizo luego de que informó sobre 4 mil observaciones a la cuenta pública del primer año de gobierno de Vicente Fox. A los diputados de la comisión, el auditor informó que entregó a la PGR toda la información relacionada con la prestación de servicios profesionales a la Presidencia y dijo que, independientemente de que el procurador Rafael Macedo emitió un oficio en el que señaló que no existe ninguna averiguación en su contra, acudió a rendir declaración.

En el texto Cronología de hechos recordó que de septiembre de 1985 y hasta el 31 de diciembre de 2001 realizó actividades profesionales, de auditoría y consultoría a instituciones públicas y privadas, entre ellas la Presidencia."Es correcto que recibí los cheques a los que se alude en los medios de comunicación, los cuales fueron recibidos en pago de los trabajos descritos. Ignoro, ya que no tenía por qué saberlo, a qué partida gubernamental se cargaron... y cuáles eran las políticas establecidas para el pago de los mismos, ni quiénes eran los encargados o responsables de aplicarlas", señala en el texto, del cual se tiene copia.

En las dos cuartillas de dicha cronología refiere que el 21 de julio pasado, "por iniciativa propia, de forma totalmente voluntaria, espontánea, de buena fe y con el ánimo de servir a la verdad y a la justicia'', rindió una declaración sin representante legal, ante el Ministerio Público Federal, en el contexto de un acta circunstanciada, en la que declaró ''en calidad de testigo".

Comenta que se le formularon 29 preguntas, "que fueron contestadas de manera puntual", y solicitó se integrara al acta el escrito del 10 de julio, que suscribió Macedo de la Concha, y el del 17 de julio, que dirigió la coordinadora general de Investigación de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, al presidente de la Comisión de Vigilancia, Manuel Galán, en el cual se precisa que no hay ninguna investigación iniciada al auditor.

En las conclusiones de su declaración, cita, negó "categóricamente haber realizado cualquier tipo de triangulaciones financieras, en las que estuvieran involucradas personas presuntamente responsables" del delito de peculado, que investiga la PGR en el caso Raúl Salinas. Refirió que el trabajo prestado a la Presidencia se hizo "a entera satisfacción" de Los Pinos y que entregó "toda la información y documentación de los servicios profesionales prestados". El último punto se refiere a que se reservó su derecho de presentar una demanda penal por daño moral y menoscabo a su prestigio personal y profesional.

Durante la reunión, que se realizó en las oficinas de la ASF, en la colonia Del Valle, González de Aragón agradeció el respaldo de los diputados a su trabajo y dijo que incluso un legislador le ofreció reunir 100 firmas de apoyo.

Al entrar al detalle de la información sobre la auditoría practicada al gobierno federal en el ejercicio 2001, dijo que para ejemplificar la cantidad de documentos que recibió de las dependencias, tendría que hacerlo así: "recibí tráileres, y lo que decidí fue jerarquizar análisis y respuestas" de las oficinas gubernamentales. Dijo que todas las entidades públicas respondieron en los últimos días del plazo para contestar a las observaciones sobre el manejo del presupuesto.

En la reunión hubo un debate ríspido entre los panistas y el priísta zacatecano Víctor Roberto Infante, quien ayer formalizó su petición ante el auditor de que se amplíe la investigación para determinar si hubo o no irregularidades en la empresa Integradora de Servicios Operativos (Isosa).

José María Núñez, del PAN, cuestionó que la ASF no hiciera el deslinde de las irregularidades que ocurrieron en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y se "involucrara con información de la administración actual". González de Aragón rechazó el punto y el panista insistió: "Deme un ejemplo". El auditor se remitió entonces a las observaciones a Petróleos Mexicanos y dijo que si bien se detectó un pasivo por 39 mil 945 millones de pesos durante el sexenio salinista, la paraestatal reconoció que "no reveló dicha información en 2001".