Bancomer y Banamex, entre ellos; la ASF inicia el trámite de recuperación

Cuatro bancos deberán devolver $50 mil millones

Corresponden a créditos que no debieron incluirse en el Fobaproa

ENRIQUE MENDEZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició el trámite para que el gobierno federal ''recupere y en su caso descuente'' 50 mil 316 millones de pesos a cuatro bancos, entre ellos Bancomer y Banamex, por créditos que no debieron incluirse en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), rescate que ya le cuesta al país más de 800 mil millones de pesos, el equivalente a 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) actual.

El proceso de recuperación es independiente del estado legal que guardan las auditorías que el órgano fiscalizador pretende iniciar a los cuatro bancos, que obtuvieron sendos amparos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa contra la investigación de la ASF, que busca reducir el costo fiscal del rescate a esas instituciones.

En el reporte que ayer entregó el titular de la ASF, Arturo González de Aragón, a la Comisión de Vigilancia sobre qué observaciones a la cuenta pública del primer año de gobierno de Vicente Fox sí se solventaron, se informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reconoció que los créditos otorgados por Bancomer y Banamex al grupo Sidek-Sinam-Situr son de los ''relacionados'', y por lo tanto también deben ser recuperados.

El monto de éstos, a valor actual, es de 9 mil 81 millones de pesos y forma parte del total no solventado por 20 mil 256 millones -está involucrado también Bital-, cuya actualización al 31 de diciembre hace los citados 50 mil 316 millones, que se descontarán de los pagarés del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

La cifra de 20 mil millones corresponde al valor histórico de los créditos irregulares, que representan 44.6 por ciento de las operaciones que continúan sin justificarse, pero que con el descuento ordenado por la ASF representarán un ahorro fiscal importante, como explicaron diputados ayer.

Durante la reunión, de carácter privado, se preguntó a González de Aragón si es posible recuperar ese dinero. Efectivamente, dijo el auditor, se puede iniciar un proceso de recuperación de los recursos.

Asimismo informó que el 15 de agosto estará en condiciones de precisar qué responsabilidades por irregularidades podrá promover en contra de funcionarios públicos, pero adelantó que, de las observaciones hechas a la cuenta pública de 2001, las dependencias no solventaron 2 mil 402.

Aun cuando -de acuerdo con versiones de legisladores presentes- se cuidó de no realizar ningún calificativo a la administración foxista, sí hizo un comparativo del comportamiento de este gobierno con anteriores en materia de cumplimiento de las leyes en el ejercicio del gasto público.

Dijo que de 1996 -en el sexenio de Ernesto Zedillo- a la fecha, se han instrumentado 23 mil 132 observaciones, de las cuales de ese año a 2000 sólo quedaban pendientes 3 mil 466. En el caso del gobierno foxista, dijo, en los primeros dos años acumula 2 mil 633 observaciones pendientes de resolución.

Y se comprometió ante los legisladores a que a más tardar en junio de 2004 ''o están solventadas o habrá sanciones impuestas''.

En la sesión de ayer se formalizó además la comisión que investigará las denuncias que hicieron el senador Manuel Bartlett y el diputado federal Salvador Rocha Díaz, ambos del PRI, en el sentido de que la administración central otorgó concesiones de producción de energía eléctrica a empresas extranjeras. Esa instancia la presidirá el diputado perredista José Antonio Magallanes, quien hoy se reunirá con el priísta Felipe Solís Acero para iniciar los trabajos. Tienen hasta el 15 de agosto para entregar un reporte.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Manuel Galán, confirmó que se iniciaron tres nuevas auditorías, una a partir de la denuncia de los dos legisladores priístas, una más a los gastos de comunicación del presidente Vicente Fox, como informó La Jornada la semana pasada, y otra al gobierno del Distrito Federal. Además, se ampliará la investigación a la Secretaría de Hacienda por el caso de la empresa Integradora de Servicios Operativos (Isosa).

Entre los puntos relevantes del informe del auditor resalta una mención al informe final de auditoría que entregó la Contaduría Mayor del gobierno de Guanajuato, la que determinó que ''no hubo aplicación de recursos federales provenientes del ramo 33 en la remodelación del rancho San Cristóbal'', en el municipio de San Francisco del Rincón.

No obstante, a pregunta expresa que le hicieron diputados a González de Aragón, el auditor aclaró que ello no implica que haya concluido la investigación sobre el uso de recursos públicos para remodelar la propiedad del Presidente, antes de su encuentro en el rancho con el mandatario de Estados Unidos, George W. Bush.

En el capítulo Inobservancia de las normas detallaron las entidades, dependencias y gobiernos que aún no solventan sus observaciones. La Casa de Moneda de México sólo solventó 749.6 millones de los 2 mil 941.1 millones de pesos sobre los que se detectaron posibles irregularidades, y se coloca así a la cabeza de los organismos con mayor efecto económico en el presupuesto federal. Le siguen el IPN, el IMSS, el ISSTE, SCT, los gobiernos de Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Veracruz y Jalisco, así como el DIF, Notimex y Caminos y Puentes.

En el reporte del auditor se detalla que de las irregularidades detectadas, que representan un daño al erario por 726 millones 920 mil 400 pesos, se inició el trámite de pliego de observaciones, paso que antecede a fincar responsabilidades contra servidores públicos.

Las áreas donde ya se formalizó el trámite son: la Universidad Autónoma de Nuevo León, por haber hecho pagos por 654 mil 500 pesos a un proveedor que no entregó bienes contratados; al IPN, por diversas irregularidades que causan un daño de 76 millones de pesos a su patrimonio; la Secretaría del Trabajo, donde se encontró vinculación entre los participantes en proceso de licitación y compra de bienes a precios superiores, con un efecto de 509 mil 300 pesos.

También, al Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y la Confederación Deportiva Mexicana -de esta última todavía está pendiente un dictamen técnico-, por falta de documentos y diferencia en la aplicación de recursos y por no comprobar la entrega de uniformes, todo por un monto de casi 4 millones de pesos, en un escándalo que involucra al presidente de la Comisión Nacional del Deporte, Nelson Vargas.

A los encargados del proyecto Topolobampo también se les notificó sobre el pliego de observaciones, y están pendiente de dictamen técnico el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Servicio de Administración Tributaria.