Las bancadas de AN y PRI en el Congreso local derogan los apartados constitucionales

Atenúan en Morelos figura de juicio al gobernador

El hecho, puerta abierta para delinquir, considera el PRD; anuncia impugnación ante la Corte

LA JORNADA MORELOS

Cuernavaca, Mor., 24 de julio. Con votos del PAN y del PRI, el Congreso local derogó dos apartados añadidos por la anterior Legislatura al artículo 134 de la Constitución política estatal, mediante los cuales se podía someter a juicio político al gobernador del estado cuando cometiera "perjuicio a los intereses públicos" y por "desvío de recursos del erario".

El hecho fue calificado por el PRD de "puerta abierta para delinquir" y advirtió que para invalidar dichos cambios presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que contravienen incluso la Carta Magna federal.

Según la reforma avalada por 13 legisladores panistas y nueve priístas -el coordinador de éste, Víctor Hugo Manzo Godínez, no estuvo presente-, para llevar a juicio político a un mandatario sólo será procedente por "violación expresa y calificada como grave a esta Constitución, ataques a la libertad electoral y al derecho de participación ciudadana y por delitos graves del orden común".

El diputado perrredista José Luis Correa Villanueva lamentó la eliminación de causales para proceder contra el titular del Poder Ejecutivo, pues, dijo, inclusive va contra los artículos 108 y 110 de la Constitución política federal, que contempla el desvío de recursos como elemento de acción legal.

En el primero de los apartados de la carta magna citados por el perredista se establecen responsabilidades jurídicas contra los mandatarios estatales por el uso indebido de los recursos económicos federales.

Afirmó que, por lógica, el desvío debe ser considerado causal de juicio político contra el jefe del Ejecutivo, para evitar que por calificación de la cuenta pública se posterguen las sanciones en caso de existir responsabilidad al respecto.

El también coordinador de la bancada panista, Sergio Alvarez Mata, afirmó que era un exceso "la desatención de funciones" como causal de juicio político, pues "es amplia la gama de desatención" y existen otros procedimientos para sancionar al mandatario por distracción del erario.

El iniciador de la propuesta aclaró que el dictamen no representa una "regresión" al esquema anterior de gobierno, sino un intento por dimensionar los elementos para proceder contra el mandatario y avanzar en el establecimiento de un marco democrático.

Su correligionario, el panista Antonio Talabas Ortega, destacó que la intención de derogar como causales de juicio político el "perjuicio a los intereses públicos" y el "desvío de recursos del erario" (incluidos en septiembre de 2000 por integrantes de la anterior Legislatura), es "liberar" al jefe del Ejecutivo de "esta camisa de fuerza".

Cabe destacar que quedó intacta la facultad del gobernador para ausentarse del estado por espacio de 30 días sin autorización del Congreso local, entre otras modificaciones.