Emilio Pradilla Cobos

ƑNuevo modelo de desarrollo?

En su segundo informe trimestral de 2003, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, afirmó, como en otras ocasiones, que aplica un modelo de desarrollo distinto al neoliberal, que "genera más prosperidad y armonía que la política neoliberal y, además, no propicia desequilibrios económicos ni desconfianza entre los inversionistas", pues la "convergencia de inversión pública y privada muestra, con claridad, uno de los rasgos característicos de nuestro modelo de desarrollo: la búsqueda de equilibrios entre el papel rector del Estado y la función que corresponde al mercado". En la práctica, este "modelo" ni es nuevo ni distinto al neoliberal; se ubicaría en algún punto entre el intervencionismo estatal del PRI antes de 1983 y el neoliberalismo aplicado por el mismo partido después de esa fecha.

La "rectoría del Estado" fue la forma, vacía de contenido, de definir en el discurso priísta la regulación legal, la intervención del Estado fuerte y la relación entre éste y el capital; luego, ya neoliberal con Salinas, el PRI pasó al "adelgazamiento del Estado", la "desregulación del mercado" y el Estado facilitador de la acción del gran capital. En el modelo de López Obrador no vemos en ninguna parte la "rectoría" o "regulación" estatal de la acción urbana del gran capital, al cual se le entregan discrecionalmente partes de la ciudad para que actúe libremente: Paseo de la Reforma y Alameda al capital financiero y turístico, Centro Histórico a Slim y otros casatenientes, Basílica de Guadalupe-Catedral a la jerarquía eclesiástica y al capital comercial, parques industriales de "alta tecnología" al capital inmobiliario, y quizás industrial, etcétera; se invierte dinero público en obras para apoyarlo, sin convenio ni contrato explícito, sin compromiso recíproco conocido ni acuerdo de retribución de beneficios a la ciudad o los vecinos de las zonas.

El bando 2, errada política urbana cuya aplicación real nadie conoce, al generar rentas monopólicas del suelo adicionales benefició a los grandes propietarios territoriales del "área central". Los megaproyectos viales, para el automóvil privado, apoyan a las trasnacionales automotrices, al capital constrictor y de la industria de materiales, todos en crisis. Se trata, pues, de un gobierno facilitador de la inversión del gran capital inmobiliario, financiero e industrial a la manera neoliberal; no hay ninguna especificidad, ni siquiera socialdemócrata, que marque su relación con la equidad distributiva o la justicia social.

En nombre de una austeridad indefinida, López Obrador ha adelgazado indiscriminadamente la estructura del gobierno local que se había construido en el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas. Una imagen clara de la incomprensión del papel que tienen las leyes y las instituciones en la garantía de los derechos ciudadanos -reclamada siempre por la izquierda- la aporta López Obrador cuando se ufana de que la "pensión ciudadana", puesta en marcha sin la base legal que ahora se propondrá a la mayoría perredista subordinada en la Asamblea Legislativa, se opera sin necesidad de crear "aparatos burocráticos" (La Jornada, 20/7/03). Igual posición ha expresado sobre el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Consejo de Transparencia de la Información. Los recortes al presupuesto de las dependencias, que dificultan el mantenimiento y la operación de la infraestructura social y los servicios públicos básicos ya constituidos, no sólo la reducción de los salarios o el despilfarro de los funcionarios, es lo que le han permitido financiar la inversión de apoyo al gran capital.

Otra vertiente del debilitamiento del Estado local es la negativa a discutir una reforma fiscal y de tarifas progresiva y equitativa, que grave a los que más poseen, más consumen y usan rentablemente los bienes y servicios, y oriente las exenciones y subsidios a los más explotados y excluidos. Por el contrario, ha otorgado estímulos y exenciones fiscales a los inversionistas en los ámbitos que interesan a su política urbana pragmática. Sin estructura estatal sólida, sin ingresos fiscales suficientes, el gobierno local no puede crear la infraestructura y servicios de calidad y en cantidad suficiente para garantizar los derechos esenciales de los habitantes, sostener el asistencialismo social, y apoyar adecuadamente el desarrollo capitalista.

López Obrador y los neoliberales se juntan en el pragmatismo. La planeación urbana entendida como visión estratégica e instrumento de diseño colectivo y democrático del futuro, basada en la investigación científica y crítica, aplicada mediante acuerdos entre los actores urbanos institucionalizados en regulaciones legales, garantizados por convenios y contratos públicos, que reivindicaría hoy las propuestas históricas de la izquierda, ha sido sustituida por las ideas y decisiones unipersonales no debatidas con nadie, luego del desmantelamiento de las instancias gubernamentales que se dedicaban a "estudios y/o planeación". Seguiremos sobre el tema.